Entre pistolas, marihuana y justicia: ¿pueden los consumidores de cannabis poseer armas en EE. UU.?

Una mirada crítica al nuevo caso que estudiará la Corte Suprema sobre el conflicto entre la Segunda Enmienda y el uso de drogas ilegales

El dilema constitucional: ¿drogas o armas?

La Corte Suprema de Estados Unidos vuelve a estar en el centro de un debate que mezcla seguridad, Constitución y derechos individuales: ¿puede alguien que consume marihuana habitualmente poseer un arma legalmente? Este interrogante será evaluado por los jueces en un nuevo caso que podría redefinir el alcance de la Segunda Enmienda, tras su histórica expansión en 2022.

Este artículo ofrece un análisis del caso que involucra a Ali Danial Hemani, un ciudadano de Texas acusado de violar una ley federal que prohíbe la posesión de armas a usuarios de drogas ilegales. Más allá de lo legal, está en juego una discusión cultural y política sobre la intersección entre libertades individuales y normativas federales.

Un caso que llega a la Corte tras tensiones en tribunales inferiores

La historia detrás del debate parte de una acusación federal contra Hemani, quien admitió ante el FBI ser un consumidor habitual de marihuana. En 2022, durante una investigación sobre presuntos vínculos con Irán (que no derivó en más cargos), las autoridades encontraron un arma y pequeñas cantidades de cocaína en su casa.

Aunque Hemani no fue acusado de terrorismo ni de tráfico de drogas, la fiscalía se centró en imputarle tenencia ilegal de armas por consumo de sustancias prohibidas, según la ley federal.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito declaró inconstitucional aplicar esa ley de forma general a todos los usuarios de drogas, argumentando que va contra el precedente sentando en 2022 por la Corte Suprema en el caso New York State Rifle & Pistol Association Inc. v. Bruen.

La doctrina Bruen y el nuevo estándar para restricciones de armas

El fallo Bruen cambió radicalmente el análisis legal sobre las restricciones de armas en EE. UU. La mayoría conservadora de la Corte estableció que cualquier limitación a la Segunda Enmienda debe juzgarse según su coherencia con la historia y tradición jurídicas del país. Es decir, una ley moderna solo es válida si hay precedentes similares en la historia estadounidense.

Desde esa decisión, han surgido desafíos legales contra leyes que antes eran consideradas válidas, incluyendo restricciones para personas con antecedentes de violencia doméstica, enfermedades mentales o —como en este caso— consumo de drogas.

¿Qué dice la ley federal sobre drogas y armas?

Según el Título 18 U.S.C. Sección 922(g)(3), es ilegal que cualquier persona que use o sea adicta a una sustancia controlada posea o compre un arma de fuego.
Este estatuto no se limita al consumo activo: basta con admitir ser usuario habitual para que se aplique.
Esto incluye sustancias incluso legalizadas por estados como la marihuana.

En la actualidad, más de 20 estados han legalizado el consumo recreativo de marihuana, y otros permiten su uso médico. Pero a nivel federal, permanece clasificada como una droga tipo I, al mismo nivel que la heroína o el LSD. Esta contradicción entre normas federales y estatales sitúa a millones en una zona legal ambigua.

¿Cuántos estadounidenses estarían en peligro legal?

El debate es más que un escollo legal aislado. Una encuesta de la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud revela que más del 20% de los estadounidenses ha consumido marihuana en el último año. Eso equivale a más de 52 millones de personas que, en teoría, estarían impedidas de ejercer su derecho a portar armas bajo esta ley.

Según los defensores de Hemani, esta interpretación criminaliza conductas ampliamente normalizadas y pone en riesgo los derechos constitucionales de una parte significativa de la población, incluso si su consumo no representa un riesgo para otros ni interfiere con su capacidad de portación responsable.

Cannabis y violencia: ¿prueba o prejuicio?

La posición del Departamento de Justicia es que el consumo de drogas ilegales (particularmente habitual) representa un riesgo inherente para la seguridad pública. Argumentan que alguien bajo el efecto de la marihuana podría tener percepciones alteradas que lo lleven a usar un arma de forma inapropiada.

Sin embargo, numerosos estudios contradicen este argumento. Un informe del American Journal of Public Health (2020) determinó que no existe una relación directa entre legalización del cannabis y aumento en delitos de armas. De hecho, en algunos estados el crecimiento en posesión legal de marihuana se ha asociado a una disminución leve en crímenes violentos.

Además, otros críticos argumentan que consumir alcohol (legal pero mucho más vinculado a conductas violentas) no impide constitucionalmente poseer un arma, lo que levanta dudas de doble rasero.

Estados versus federación: una guerra legal silenciosa

El caso también pone de relieve un conflicto latente entre las legislaciones estatales y federales. Por ejemplo, en California, Oregón y Colorado, una persona puede entrar a una tienda, comprar cannabis legalmente y luego, en teoría, perder su derecho a tener un arma. Esto sucede sin que siquiera cometa un crimen, si se aplica la ley federal con rigor.

En teoría, alguien podría llenar una solicitud para adquirir un arma declarando no estar consumiendo sustancias controladas, sin considerar que su uso recreativo de cannabis (legal en su estado) entra en esa categoría a ojos de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos). El delito de dar una información falsa en dicho formulario es considerado perjurio federal.

La trampa legal del formulario ATF 4473

El formulario ATF 4473, obligatorio para comprar armas legales en Estados Unidos, pregunta explícitamente si el comprador "es usuario actual o adicto a alguna sustancia controlada". Muchos, ignorantes de la clasificación federal del cannabis, contestan "no" y caen sin saberlo en un delito federal, aún habiendo actuado legalmente bajo la ley del estado.

Esta es una trampa jurídica para millones de ciudadanos respetuosos de la ley, especialmente en estados que promueven el comercio legal de marihuana y cuya legislación no hace advertencias específicas sobre las diferencias con la ley federal.

El precedente de violencia doméstica: ¿existe un criterio consistente?

En una decisión reciente (2023), la Corte Suprema sí avaló una ley que prohíbe poseer armas a personas con órdenes de alejamiento por violencia doméstica. La Corte consideró que tales restricciones sí tienen arraigo histórico, por lo que son constitucionales.

Eso plantea una pregunta válida: ¿hay coherencia en aceptar restricciones basadas en protección a terceros, pero no en el consumo privado de una planta legal en muchos lugares?

¿Héroe o infractor?: el perfil de Ali Hemani, el caso que puede definir el futuro

Ali Danial Hemani no es un personaje ejemplar ni un defensor reconocido del cannabis medicinal. Según documentos federales, fue investigado por presuntos vínculos con redes exteriores al país. No se presentaron cargos por ello, únicamente por la tenencia del arma y su consumo habitual de marihuana.

Sus abogados argumentan que el gobierno agregó detalles sobre esa investigación extranjera para influir a la opinión pública. Pero lo que importa es que, legal o no su perfil, su caso servirá de precedente para millones.

¿Qué decidirá la Corte?

Todo se definirá en el contexto del nuevo paradigma post-Bruen. La Corte tendrá que responder si la historia legal estadounidense respalda una restricción tan amplia contra usuarios de sustancias controladas.

Y, aunque es incierto cómo votarán los jueces, la composición conservadora del tribunal indica que será una decisión con consecuencias de largo alcance para legislaciones futuras.

Una democracia con caminos legales cruzados

Este caso es un microcosmos del dilema legal estadounidense actual: la colisión de derechos en un país con doble sistema normativo (estatal y federal), donde la despenalización del cannabis avanza a toda velocidad mientras el control de armas sigue bajo el lente de una interpretación conservadora de la Constitución.

En ese cruce peligroso, muchísimos ciudadanos pueden terminar convertidos en criminales sin saberlo.