Justicia Incompleta y Ecos de Impunidad: El Caso Keeler y el Lado Oscuro de las Agresiones Sexuales en Campus Universitarios

“So I raped you”. Ese fue el mensaje que cambió todo. No era una confesión ante una corte, ni una declaración voluntaria en una comisaría. Fue un mensaje en Facebook, una década después de un brutal asalto sexual cometido en el campus de Gettysburg College, Pensilvania, en 2013. Aquel mensaje enviado por Ian Cleary despertó heridas dormidas y, finalmente, impulsó una causa penal que durante años fue negada y silenciada por el sistema judicial estadounidense.

Este artículo es una crítica profundamente reflexiva sobre un patrón repetido: víctimas de violencia sexual en espacios universitarios que necesitan convertirse en activistas, abogadas y periodistas de sus propios casos ante un sistema que parece diseñado para la inacción.

Shannon Keeler: Una década de lucha solitaria

Shannon Keeler tenía apenas 18 años cuando fue agredida sexualmente en su dormitorio universitario. Durante casi doce años, batalló incansablemente para que su caso fuera tomado en serio por las autoridades. El agresor, Ian Cleary, abandonó el campus después del ataque, finalizó sus estudios en California, cursó una maestría, trabajó para Tesla y vivió en el extranjero, en aparente impunidad.

“El sistema destinado a protegerme, lo protegió a él en cambio,” dijo Keeler en un compungido pero poderoso discurso durante la sentencia de Cleary. Sus palabras reflejan no solo una experiencia personal dolorosa, sino también una red de impunidad que muchas víctimas conocen demasiado bien.

Un sistema diseñado para fallar

La negligencia de muchas fiscalías al procesar crímenes sexuales cometidos en campus universitarios no es nueva. Un estudio realizado por el Departamento de Justicia de EE.UU. en 2015 reveló que 1 de cada 5 mujeres universitarias experimenta violencia sexual durante sus años en la universidad. Sin embargo, menos del 10% de esos casos resulta en una acusación formal.

Una de las razones más frecuentes es la supuesta falta de pruebas o testigos, aunque los fiscales rara vez consideran el testimonio de la víctima como suficiente evidencia. Keeler informó la agresión a las pocas horas del ataque. Eso debería haber bastado para iniciar una investigación robusta. No lo fue.

La confesión como catarsis y evidencia

Ian Cleary se justificó ante la corte diciendo que el controvertido mensaje que envió —"So I raped you"— formaba parte de un programa de 12 pasos de autoayuda para buscar redención. Pero para Keeler fue simplemente una reapertura brutal de una herida que el sistema nunca le ayudó a sanar. La joven reanudó su batalla por la justicia y, tras viralizar su historia en los medios, consiguió que se reactivara su caso.

Años de silencio institucional terminaron en una sentencia: dos a cuatro años de prisión. ¿Es eso justicia? El delito de Cleary podía haberle significado hasta 10 años de encierro, y la pena propuesta inicialmente era de cuatro a ocho. Su confesión, el tiempo transcurrido y su supuesto estado de salud mental jugaron a su favor.

El juez y la empatía selectiva

El juez Senior Kevin Hess se mostró comprensivo con la situación. “Quien tenga hijas o nietas en edad universitaria encontraría este crimen espantoso,” dijo. Pero incluso con esa empatía declarada, el juez optó por una condena menor a la recomendada por las guías estatales.

¿Perdón o indulgencia? ¿Redención o privilegio? ¿Cuántos hombres blancos, educados, con estudios superiores y empleos en empresas prominentes reciben sentencias benévolas pese a delitos comprobados de violencia sexual?

El privilegio del agresor

La historia de Ian Cleary es la de alguien que, luego de cometer un crimen terrible, reconstruyó su vida sin interferencias legales. Obtuvo títulos universitarios, empleo en la élite tecnológica y escapó a Europa sin que nadie lo detuviera por años. Quando finalmente fue localizado en Francia —por cargos menores no relacionados con el caso de Keeler— fue extraditado y procesado. Su libertad fue más larga que su arresto, su castigo fue más breve que la espera de su víctima.

“Hay muchas historias como la mía. No soy sólo yo”, dijo Keeler durante el juicio, reflejando la experiencia de miles de mujeres cuyo dolor es desestimado, minimizado o simplemente enterrado por la burocracia judicial.

El rol del activismo mediático

No fue el sistema judicial el que reabrió el caso, sino la aparición de Keeler en un reportaje de prensa nacional. Después de compartir su historia en múltiples entrevistas en 2021, las autoridades finalmente iniciaron una búsqueda activa de Cleary.

Este patrón de justicia por presión mediática debería incomodarnos como sociedad. Las víctimas no deberían tener que exponerse públicamente para obtener justicia. La privacidad y la dignidad no deberían estar reñidas con el acceso a los derechos fundamentales.

El precio emocional de esperar justicia

Shannon Keeler tuvo que enfrentar una sala de juicio casi vacía en la que ninguna mujer recibió respuestas, solo excusas. Afirmó que había estado mentalmente preparada durante más de una década para encarar esta instancia legal. Una especie de cárcel psicológica que contrasta cruelmente con los pocos años que Cleary deberá pasar entre rejas.

Y mientras Keeler se somete al dolor de recordar y revivir su trauma, Cleary promete “buscar tratamiento para su salud mental”, como si un diagnóstico bastara para justificar la violación sistemática de los derechos de una mujer.

¿La redención merece descuento de pena?

Este caso plantea una pregunta ética incómoda: ¿la voluntad de pedir perdón y sanar justifica la reducción de una pena por una violación? ¿De qué sirve una disculpa si la víctima tuvo que arriesgarlo todo para escucharla en una corte y no en una pantalla digital años más tarde?

La justicia no debe construirse sobre actos de contrición autojustificatoria ni sobre programas de 12 pasos, sino sobre leyes que amparen a las víctimas y les garanticen derechos, no a sus agresores.

El patrón de impunidad en campus universitarios

La historia de Keeler es, lamentablemente, una repetición con diferentes nombres. Universidades que silencian casos. Departamentos de policía que no toman denuncias en serio. Fiscales que quieren mantener tasas de condenas “limpias”. Jóvenes mujeres que han de convertirse en litigantes de su propio calvario.

• En 2019, más del 89% de los campus universitarios en EE.UU. no reportaron incidentes de violación, algo estadísticamente imposible, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.
• Las víctimas suelen tardar de 8 a 10 años en obtener respuesta judicial efectiva, en promedio, cuando denuncian agresiones sexuales cometidas en la universidad.
• Menos del 2% de los agresores enfrentan consecuencias legales reales, según el RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network).

¿Qué se necesita para cambiar?

Casos como este destacan la urgencia de reformar las leyes relacionadas con delitos sexuales en el ámbito universitario.

Algunas ideas:

• Plazos judiciales más cortos para fiscalías al momento de recibir denuncias y presentar casos.
• Mayor independencia entre las universidades y las investigaciones policiales para evitar conflictos de interés.
• Educación en consentimiento obligatorio en todos los niveles universitarios.
• Revisión de protocolos de justicia restaurativa en crímenes sexuales, considerando que muchas veces favorecen al agresor bajo una ilusión de “rehabilitación”.

También es urgente que las defensas mentales y emocionales de una víctima sean consideradas igual de legítimas que un diagnóstico clínico del agresor. El daño psicológico no debe valer menos que el posible sufrimiento del perpetrador.

Shannon Keeler se atrevió a decir su nombre, a alzar su voz, y a no callar ante el modelo cómplice de muchos brazos del Estado. Su historia incomoda porque reclama un sistema nuevo, no solo una sentencia simbólica.