Visitas Retrasadas, Traumas Prolongados: La Crisis Silenciosa del Bienestar Infantil en Maine

Cuando el Estado interviene para proteger a un niño, el objetivo final no es la separación, sino la reunificación. Sin embargo, en Maine, los retrasos crónicos en las visitas supervisadas están saboteando ese objetivo fundamental.

El mandato de los siete días que casi nunca se cumple

La ley de Maine exige que las visitas entre padres e hijos separados por casos de abuso o negligencia ocurran dentro de los siete días posteriores a la remoción del menor del hogar. Este periodo es crucial: determina el vínculo, la estabilidad emocional y el proceso general de reunificación. No obstante, según un análisis del Maine Monitor, durante 2024 una de las agencias más grandes encargadas de coordinar estas visitas falló estrepitosamente.

La organización sin fines de lucro Community Care, contratada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Maine (DHHS), solo consiguió programar el 10% de las visitas dentro del plazo legal. De 276 referencias, apenas 30 se agendaron a tiempo.

Una inversión de millones, resultados mínimos

Paradójicamente, pese a estos pésimos resultados, el DHHS decidió renovar el contrato con Community Care en diciembre de 2024, incluso aumentando las tarifas. El nuevo contrato les permite facturar hasta $292,791 mensuales, unos $3.5 millones anuales, financiados por dinero público.

En contraste, otros proveedores contratados por el estado, como Penquis Community Action Agency, lograron programar el 93% de sus visitas a tiempo en zonas rurales, demostrando que el problema no es tan estructural como se podría pensar.

Impactos emocionales y legales permanentes

El retraso en las visitas no solo prolonga procesos legales, también profundiza el trauma tanto en los padres como en los niños, y entorpece la posibilidad de reunificación, según abogados de bienestar infantil y entidades de supervisión estatal.

“Bebés que están comenzando a crear vínculos son removidos y luego no se les permite ver a sus padres durante semanas. Eso es terrible”, afirmó el abogado Michael Dixon, quien representa a menores en el condado Cumberland. Dixon también destacó que en la mayoría de los casos las visitas son necesarias y recomendables.

Testimonios judiciales que evidencian el colapso

La jueza del Tribunal de Distrito del Condado Cumberland, Jennifer Nofsinger, reprendió al DHHS en un fallo de 2023 por permitir que una madre y su hijo tuvieran una sola visita en tres meses. “No es aceptable”, dictó la jueza, señalando la falta de recursos del departamento.

Una sobrecarga insostenible en los trabajadores sociales

Cuando Community Care falla, son los trabajadores sociales estatales quienes deben cubrir el vacío, incrementando su ya extenuante carga laboral. “Este modelo es insostenible”, manifestó Tom Farkas, representante del sindicato de empleados estatales (Maine Service Employees Association, Local 1989). “Los proveedores dicen que no tienen espacios o ni siquiera responden a los correos de los funcionarios”, explicó.

Una burocracia que no rinde cuentas

La información sobre el cumplimiento del mandato de siete días no se audita eficientemente. El propio DHHS reconoció que no recopila datos a nivel estatal sobre si se cumplen los tiempos legales en casos donde los contratistas fallan.

La abogada Taylor Kilgore, que representa a padres en casos de protección infantil, lanzó una pregunta fundamental: “¿Quién está responsabilizando a Community Care por esto?”

Cifras que reflejan negligencia

• 30 de 276 referencias atendidas por Community Care dentro del plazo legal (10.9%).
• En el distrito 2 (condado Cumberland), apenas 2 de 55 visitas se programaron a tiempo (3.6%).
• Mediana de espera: 29 días desde la referencia hasta la visita.

Proveedores que sí cumplen: ¿Qué hacen diferente?

La organización Penquis programó correctamente 197 de 212 visitas (93%) con un promedio de cinco días de espera. Fair Shake, otro proveedor privado que ofrece visitas monitoreadas (no supervisadas), cumplió el 95% del tiempo en 2024.

Fair Shake mantiene oficinas abiertas fines de semana y horarios nocturnos, lo cual responde a las exigencias logísticas de padres trabajadores y niños escolarizados. El modelo que aplican permite grabar las interacciones para eventual uso legal, y requiere menos personal, aumentando su eficiencia.

Complacencia institucional: ¿Por qué renovarle el contrato?

El hecho de que el estado de Maine haya renovado y ampliado el contrato de una organización con un desempeño abiertamente deficiente despierta serias dudas respecto al escrutinio público y la gestión presupuestaria del DHHS.

“Los proveedores son pagados solo por servicios entregados”, respondió la portavoz Alisa Morton. Sin embargo, tal declaración ignora décadas de evidencia sobre cómo la inacción institucional crea precedentes perjudiciales en temas de salud y derechos infantiles.

Existen soluciones, pero falta voluntad

Expertos coinciden: visitas frecuentes y dentro del marco legal aceleran el proceso de reunificación y mitigan el trauma en niños. Implementar tecnología, ampliar horarios, descentralizar recursos y revisar el modelo de contratación son solo algunas de las medidas funcionales.

En 2024, la Oficina del Defensor del Pueblo de Servicios de Bienestar Infantil de Maine denunció en su informe anual que los retrasos en las visitas emergen de la escasez de supervisores capacitados. “Eso redirige al personal estatal hacia tareas logísticas, a expensas de otras áreas vitales”, advirtió su titular, Christine Alberi.

Un sistema que necesita resetearse

El contrato actual con Community Care venció el 30 de septiembre de 2024. El estado negocia actualmente una extensión temporal. Para 2026 planea publicar una solicitud de nuevas propuestas para visitas supervisadas en todos los distritos. Esta puede ser una oportunidad decisiva para repensar el modelo completo.

Mientras tanto, padres e hijos separados siguen esperando... y ese tiempo perdido no se puede recuperar.

Este caso debería servir como catalizador de reforma. Porque detrás de cada estadística hay un niño que sufre, unos padres que esperan, y un Estado que les está fallando.

Fuentes: Informe del Maine Monitor, declaraciones de DHHS, datos públicos obtenidos vía solicitudes de transparencia.