Ciencia bajo asedio: el auge del negacionismo legislativo en Estados Unidos
Más de 420 propuestas de ley anti-científicas han sido introducidas este año en los estados de EE. UU., muchas influenciadas por el movimiento MAHA y sus vínculos políticos y económicos.
Un fenómeno legislativo sin precedentes
En 2025, una oleada legislativa sin precedentes ha estremecido los cimientos de la salud pública en Estados Unidos. Más de 420 proyectos de ley considerados anti-científicos se han presentado en los parlamentos estatales, con propuestas que atacan pilares establecidos como la vacunación obligatoria, la fluoración del agua potable y la pasteurización de la leche.
De esa cifra, al menos 350 iniciativas legislativas se enfocan en limitar o eliminar requisitos de vacunación, según el análisis de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés) y el software de seguimiento legislativo Plural. Lo más alarmante es que más de 30 proyectos ya han sido promulgados o adoptados en 12 estados.
El movimiento "Make America Healthy Again" (MAHA)
Detrás de este avance legislativo se esconde una estrategia bien organizada: el movimiento Make America Healthy Again, que ha sido llevado al escenario nacional por Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Lejos de ser un grupo marginal, MAHA ha movilizado a miles de personas, cuenta con recursos financieros sólidos y maneja con destreza vehículos políticos y legales para impulsar su agenda.
Este movimiento tiene conexiones con grupos reconocidos por su postura contraria a la ciencia establecida, como el National Vaccine Information Center, la Weston A. Price Foundation y Stand for Health Freedom. Estas organizaciones no solo presionan para que se aprueben leyes regresivas, sino que también han saboteado legislación que buscaba reforzar la salud pública.
¿Movimiento de base o negocio rentable?
Aunque se presentan como un movimiento de base en defensa de la «libertad médica», la realidad es mucho más compleja. Detrás de estos grupos hay intereses económicos bien definidos. Muchos de sus líderes han construido carreras rentables en torno a teorías conspirativas y productos «alternativos».
Uno de los ejemplos más claros es Del Bigtree, ex líder de MAHA Action, quien ha recibido cientos de miles de dólares por su trabajo con Kennedy y ha sido también presidente del Informed Consent Action Network (ICAN). Otra figura importante es Sally Fallon Morell, presidenta de la Weston A. Price Foundation, que defiende activamente el consumo de leche cruda.
Esta tendencia ha incursionado en sectores económicos como la industria de los suplementos alimenticios. Se estima que esta industria movió $69.300 millones en ventas en 2024, y varios activistas han promovido leyes que favorecen directamente a empresas afines a estos intereses, como el Raw Milk Institute y su fundador Mark McAfee, cuya granja ha registrado al menos ocho retiradas de productos desde 2015 por riesgos sanitarios.
Una retórica populista que pone en peligro vidas
La bandera preferida de estos movimientos es la llamada "libertad sanitaria". Sin embargo, esa premisa ignora un aspecto crucial de la salud pública: la responsabilidad colectiva. Vacunas, agua tratada con flúor y leche pasteurizada no sólo protegen al individuo, sino que forman un escudo comunitario frente a enfermedades.
El caso de Liam Dahlberg, un niño de 8 años fallecido por una enfermedad prevenible con vacuna, refleja de forma desgarradora esta realidad. A pesar de estar vacunado, Liam murió a causa del Haemophilus influenzae tipo b (Hib), probablemente contagiado por alguien no inmunizado.
“Pensé que tener las vacunas protegería a nuestros hijos. Pero para que eso funcione, también deben estar vacunados otros niños y adultos”, dijo Erik Dahlberg, el padre de Liam.
La familia Dahlberg habita en un condado donde uno de cada cinco niños de jardín de infantes no cumple con los requisitos de vacunación. Además, el estado de Indiana, donde viven, permite exenciones por motivos religiosos, a diferencia del vecino Illinois. Esta disparidad pone en tela de juicio la eficacia del enfoque estatal descentralizado en políticas sanitarias.
Desinformación e influencia política
Expertos en derecho, salud y sociología coinciden en que estas leyes encuentran terreno fértil en un ambiente de creciente desconfianza hacia las instituciones. La politización de las vacunas durante la pandemia de COVID-19 dejó secuelas de largo plazo.
Al respecto, Dorit Reiss, especialista en derecho sanitario de UC Law San Francisco, afirmó:
“En tiempos de incertidumbre, las teorías conspirativas logran llegar más fácilmente a las personas”.
Las iniciativas no solo son numerosas, también son radicales. Algunas buscan calificar a las vacunas de ARN mensajero (ARNm) como armas de destrucción masiva, como en Minnesota. Otras prohíben la fluoración del agua potable, alegando que "hidratar" no debe ser "medicar". Tal es el caso de proyectos en Florida y Utah que ya han sido aprobados.
También se han generado debates acalorados sobre la venta de leche cruda. Aunque la pasteurización ha salvado millones de vidas desde su adopción, hay estados considerándola innecesaria, alentando el consumo de un producto asociado a brotes de salmonela, E. coli y listeria. Solo en 2023, el consumo de leche cruda causó al menos un brote con 165 personas enfermas.
El impacto humano
Detrás de cada cifra y proyecto de ley hay historias humanas. Emily Marris, una madre de California, compró leche de cabra cruda en un grupo de Facebook, creyendo que era beneficiosa para su hija Brooklyn. En cuestión de horas, la niña fue hospitalizada con daños renales severos.
“Pensé que estaba haciendo lo mejor por mi bebé. Investigamos, preguntamos, seguimos recomendaciones naturales. Pero casi la matamos”, relató entre lágrimas.
Casos como el de Emily ilustran el costo de la desinformación, disfrazada de elección informada. Creer que consumir productos supuestamente naturales es siempre más saludable puede tener consecuencias catastróficas.
Un movimiento político embebido en el conflicto de intereses
Uno de los elementos más inquietantes de esta oleada es cómo se entrelaza con la alta política. El propio secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., tiene relaciones cercanas con los líderes de estos movimientos. Ha transferido marcas comerciales como MAHA a grupos vinculados con Del Bigtree y aparece en actos promoviendo ideas anti-científicas.
Durante una exposición del sector de productos naturales este año, Bigtree proclamó:
“Estoy viendo cómo los republicanos llevan a la industria de suplementos y de salud holística al paraíso prometido”.
La industria del bienestar es un negocio masivo que alcanza $1.5 billones a nivel global. Quienes critican a las farmacéuticas por lucrarse también se benefician al difundir ideas erradas y rechazar medidas sanitarias eficaces.
¿El fin del consenso científico?
Los expertos advierten que el avance de estas leyes representa una deconstrucción del consenso científico sobre salud pública acumulado durante el último siglo.
- Las vacunas evitaron más de 150 millones de muertes desde 1974, según la OMS.
- La fluoración del agua redujo significativamente las caries dentales desde 1945.
- La pasteurización redujo al mínimo los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.
No obstante, la irrupción de conspiraciones como los "chemtrails" y la demonización de tecnologías médicas avanzadas amenaza con revertir décadas de progreso.
Desde la epidemia de sarampión en Nueva York en 2019 hasta brotes actuales de tos ferina, la evidencia es clara: cuando las tasas de inmunización caen, las enfermedades resurgen.
La responsabilidad compartida
Frente a esta amenaza, hay voces que reclaman un renovado compromiso con la ciencia. La representante demócrata Maureen Bauer lo resume así:
“Si tu decisión personal pone en riesgo a otros, deja de ser una decisión personal. Estás limitando la libertad de los demás”.
Lo colectivo está en juego. La historia y la ciencia dejan en claro que la salud pública se sostiene gracias al esfuerzo común.
Un llamado urgente
El auge del negacionismo legislativo no es solo una amenaza política. Tiene consecuencias directas y tangibles en la vida de millones. No se trata de un debate teórico sobre ideologías gubernamentales o libre elección; es una disputa por la integridad de las políticas que han salvado vidas durante generaciones.
Mientras padres como los Dahlberg luchan por proteger a sus hijos, activistas con intereses económicos promueven leyes que socavan los avances sanitarios. La pregunta ya no es si debemos elegir entre libertad o seguridad, sino quién pagará el precio de las decisiones mal informadas.
Y como la historia lo ha mostrado, ese precio casi siempre se paga con vidas humanas.
