Controversias, despidos y luchas por el poder: la nueva cara del gobierno de Trump

Una nominación fallida y mensajes incendiarios

En medio de tensiones crecientes dentro del Partido Republicano, la nominación de Paul Ingrassia para presidir la Oficina del Consejero Especial (Office of Special Counsel, OSC) parece condenada al fracaso. La razón: una serie de textos filtrados donde expresó opiniones racistas y extremistas que descalifican su aptitud para ocupar cualquier cargo público.

En uno de los mensajes, Ingrassia sugirió que el feriado por el Día de Martin Luther King Jr. debía ser "arrojado al séptimo círculo del infierno". Además, se describió a sí mismo como poseedor de "una veta nazi en ocasiones". Estas revelaciones, difundidas por Politico, provocaron reacciones inmediatas incluso dentro del propio partido del expresidente Donald Trump.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, fue tajante: “No va a pasar”. Otros senadores republicanos como Rick Scott y Ron Johnson manifestaron su oposición a la nominación, que parecía contar con poca viabilidad sin el apoyo completo del bloque republicano.

¿Quién es Paul Ingrassia?

Abogado, exconductor de un pódcast de ultraderecha y actual enlace de la Casa Blanca en el Departamento de Seguridad Nacional, Ingrassia ha promovido teorías conspirativas sobre un supuesto fraude electoral en 2020, alineándose plenamente con el ala más radical del trumpismo.

A pesar de que Trump lo calificó como un “respetado abogado y erudito constitucional”, la evidencia en su contra y las señales de rechazo generalizado han convertido su candidatura en un caso insostenible.

Una administración paralela: purgas militares silenciosas

En paralelo a esta controversia, el expresidente Trump ha impulsado una serie de movimientos decisivos al interior de las fuerzas armadas. La reciente nominación de Christopher LaNeve como nuevo vicejefe del Estado Mayor del Ejército —sustituyendo a James Mingus— confirma un patrón que ha despertado preocupación incluso entre analistas políticos conservadores.

Mingus, que había asumido el cargo hace apenas dos años, no ha comunicado planes de renuncia, pero su reemplazo ya ha sido propuesto oficialmente ante el Congreso. Este movimiento ocurre en un contexto de múltiples renuncias inesperadas y despidos de altos rangos militares:

• Adm. Alvin Holsey, encargado de operaciones navales frente a Venezuela, anunció su retiro anticipado en diciembre.
• Gen. Thomas Bussiere, de la Fuerza Aérea, también renunció hace un mes.
• Gen. David Alvin, jefe de la Fuerza Aérea, dimitió sin aviso hace poco más de un mes.
• En agosto, Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth despidieron al vicealmirante Nancy Lacore, al teniente general Jeffrey Kruse y al contralmirante Milton Sands.

Los motivos detrás de esa serie de salidas no han sido explicados oficialmente, pero diversos medios han planteado que podrían estar asociados a una reestructuración ideológica del aparato militar.

La Oficina del Consejero Especial, clave en época de denuncias

La OSC no es un organismo menor dentro del entramado federal. Su misión principal es proteger a empleados federales y denunciantes (whistleblowers) contra represalias, además de hacer cumplir la Ley Hatch, que restringe la actividad política en el lugar de trabajo gubernamental.

En agosto, la misma Oficina confirmó que investigaba al fiscal especial Jack Smith por supuesta actividad política relacionada con su investigación sobre Trump, una acusación que los abogados de Smith calificaron como “infundada” y “políticamente motivada”.

Intentar colocar a alguien como Ingrassia —abiertamente parcial— al frente de esta oficina clave podría significar el sabotaje legal de cualquier intento de investigar la administración de Trump.

Una ofensiva judicial contra la oposición

Mientras tanto, en Newark (Nueva Jersey), se desarrolla un proceso judicial con aroma político. La congresista demócrata LaMonica McIver ha sido acusada por el Departamento de Justicia bajo la administración de Trump de agredir e interferir con oficiales de inmigración federales durante una visita al centro de detención Delaney Hall.

Videos difundidos por el Departamento de Seguridad Nacional muestran un altercado en el que McIver entra a una zona cercada acompañada por otros legisladores. En medio del caos, su codo parece hacer contacto con un agente.

Sin embargo, no hay claridad si el contacto fue intencional o producto del tumulto. Sus colegas, los representantes Bonnie Watson Coleman y Rob Menéndez, testigos presenciales, afirman que las acusaciones son infundadas y contrarias al derecho legal que tienen los miembros del Congreso de realizar visitas sin previo aviso a instalaciones federales.

¿Represalia o exceso de jurisdicción?

El juez encargado del caso, Jamel Semper, ordenó eliminar nueve publicaciones de redes sociales hechas por el DHS en las que calificaban la visita de McIver como una “maniobra temeraria de políticos santuario”. Según el magistrado, los mensajes eran “claramente prejuiciosos”.

La congresista, quien asumió su banca a partir de una elección especial en 2023, enfrenta tres cargos: dos con penas de hasta ocho años, y uno menor con condena máxima de un año.

“Este proceso no me ha impedido cumplir con mis responsabilidades”, afirmó McIver a la prensa tras salir de tribunales.

El caso contra McIver pone en la mira no solo la actuación del Departamento de Justicia, sino también la de su titular en Nueva Jersey, Alina Habba, estrechamente vinculada al aparato republicano en el estado y conocida por su papel como defensora legal de Trump.

Purga institucional o reconfiguración del poder

El patrón detrás de todos estos eventos es inconfundible. Desde las nominaciones polémicas hasta la reestructuración del alto mando militar, pasando por el uso del aparato judicial contra adversarios políticos, parece claro que Donald Trump y sus aliados buscan consolidar una estructura ideológica ideada para blindar su proyecto político.

¿Se trata de una simple estrategia partidaria o del intento de reformular completamente las reglas del gobierno federal? Lo cierto es que la tensión institucional crece, y con ella, el riesgo de erosión democrática.

Si el nombramiento de Ingrassia cae, si McIver logra desenmascarar la motivación política de la justicia en su contra, y si las purgas militares despiertan una repuesta organizada, tal vez haya esperanzas de frenar esta deriva autoritaria. Pero por ahora, la administración paralela de Trump sigue ganando terreno.