El caso Mahmoud Khalil: ¿una persecución política disfrazada de procedimiento migratorio?

¿Quién es Mahmoud Khalil?

Mahmoud Khalil es un residente legal de Estados Unidos, casado con una ciudadana estadounidense y con años viviendo en el país. Pero su historia dio un giro decisivo al convertirse en una de las figuras más visibles del activismo pro-palestino en el país, particularmente vinculado a las protestas universitarias en Columbia University.

Su caso ha acaparado titulares en los últimos meses, especialmente desde que fue detenido en un centro de inmigración en Luisiana y enfrentó una orden de deportación por parte de la administración del expresidente Donald Trump, aún cuando su situación migratoria legal le confería pleno derecho a residir en el país.

Un juicio que rebasa los límites del sistema migratorio

Actualmente, el caso de Khalil se encuentra en la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito en Filadelfia, donde sus abogados buscan reafirmar la decisión de un tribunal inferior que le otorgó libertad condicional en junio pasado. Esa decisión impedía que las autoridades migratorias pudieran detenerlo nuevamente o empezar de nuevo el proceso de deportación.

Sin embargo, el gobierno estadounidense, ahora representado por el abogado Drew Ensign, insiste en que el tribunal de distrito no tenía jurisdicción para fallar en temas migratorios, los cuales, argumenta, deben ser manejados exclusivamente por jueces de inmigración.

"Todo esto se está llevando a cabo en un foro inadecuado", afirmó Ensign. "Debería detenerse por completo".

Activismo pro-palestino en la mira

Khalil fue el primer manifestante arrestado en una campaña más amplia del gobierno de Trump que pretendía deportar a estudiantes activistas y académicos involucrados en protestas pro-palestinas, interpretadas por la administración como gestos de antisemitismo. Esta interpretación ha sido enérgicamente rechazada por Khalil y por sus defensores.

"Quieren hacer de mí un ejemplo para intimidar a quienes se pronuncian por Palestina en todo el país", declaró Khalil tras la audiencia judicial. "Continuaré mi lucha legal en las cortes federales por mis derechos, y por el derecho a la libertad de expresión de todos".

¿Antisemitismo o crítica política legítima?

La narrativa del gobierno de Trump en torno a las protestas pro-palestinas ha sido objeto de numerosas críticas. Académicos, activistas de derechos humanos y juristas han señalado que equiparar automáticamente las críticas contra las políticas del Estado de Israel con el antisemitismo presenta un grave riesgo para la libertad de expresión.

Según un informe de Human Rights Watch, "criticar las acciones del Estado de Israel —incluida su ocupación de territorios palestinos— no constituye en sí antisemitismo". Esta postura ha sido respaldada por múltiples organizaciones, incluyendo la ACLU (American Civil Liberties Union), que defiende los derechos individuales bajo la Constitución estadounidense.

En el caso de Khalil, no se han presentado pruebas concretas que lo vinculen con expresiones de odio contra la comunidad judía. Todo su historial activista está centrado en denunciar lo que él considera violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno israelí en territorios palestinos.

¿Qué dice la ley estadounidense sobre esto?

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de expresión, incluyendo, en la mayoría de los casos, opiniones políticas impopulares o incendiarias.

“La protección de la libertad de expresión es más esencial en tiempos de disenso político”, señala Jeffrey Rosen, presidente del National Constitution Center. “Intentar usar mecanismos migratorios para callar manifestaciones políticas puede representar una amenaza directa a las libertades civiles”.

Además, la ley de inmigración estadounidense no permite la deportación de residentes legales permanentes por simples opiniones políticas, salvo que estén vinculado a conductas criminales o representen un peligro para la seguridad nacional, lo que no parece aplicar en este caso.

El precedente que podría sentar este caso

Lo más preocupante del caso Khalil es el precedente jurídico que podría establecer. Si un residente legal puede ser detenido y deportado por su activismo político, esto podría abrir la puerta a una ola de casos similares.

En palabras del abogado constitucionalista David Cole, “Dejar que prospere este tipo de deportación basada en expresión política convertiría el estatus legal de millones en un arma de represión. Hoy es Khalil, mañana podría ser cualquier otra persona que ejerza su derecho de asociación o protesta”.

¿Persecución política o aplicación legítima de la ley?

El Departamento de Justicia ha tratado de presentar el proceso como una simple aplicación de las leyes migratorias. Pero la forma en que el caso ha sido tratado —con detención sin cargos criminales, revocación de permisos de viaje, y vigilancia extendida— sugiere una motivación política encubierta.

Khalil, por su parte, ha sido autorizado por una jueza federal para viajar dentro del país y participar en actos pro-palestinos mientras el caso se resuelve. Una señal, tal vez, de que el poder judicial empieza a señalar los excesos de las autoridades migratorias.

Una pregunta abierta para el futuro de la democracia estadounidense

Más allá del caso puntual de Mahmoud Khalil, la inquietud persiste: ¿puede una democracia como la de Estados Unidos permitir que se utilicen mecanismos administrativos para silenciar voces disidentes? ¿Hasta qué punto una política migratoria puede tener un trasfondo ideológico o punitivo?

El mensaje del propio Khalil apunta hacia la resistencia: “La lucha por Palestina está ligada a la lucha por la libertad de expresión y la justicia en todo el mundo”.

Habrá que esperar el fallo de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito. Pero más allá de los términos legales, el caso se ha transformado en un símbolo del choque entre activismo político y los límites del poder estatal bajo el prisma de la inmigración.

Y como en tantos otros capítulos de la historia estadounidense, el desenlace podría redefinir los límites del disenso en una nación que se precia de su libertad.

Contexto histórico: cuando la protesta se criminaliza

• Internamiento de japoneses-americanos (1942): Bajo la Orden Ejecutiva 9066, más de 120.000 japoneses fueron forzados a campos de internamiento, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses. El pretexto fue la "seguridad nacional" durante la Segunda Guerra Mundial.
• McCarthyismo (1950s): Una cruzada política contra presuntos comunistas que afectó a artistas, científicos y académicos, muchos de los cuales perdieron empleos y reputación aunque jamás fueron acusados formalmente de ningún delito.
• Protestas contra la guerra de Vietnam: Varios activistas y líderes de movimientos pacifistas fueron criminalizados y vigilados por el FBI solo por oponerse a la intervención estadounidense en el sudeste asiático.

En todos estos casos, la historia parece haber dado la razón a quienes se opusieron a los abusos de poder. El caso Khalil podría sumarse a esta lista si falla a su favor.