El retroceso de los derechos civiles en EE. UU.: ¿Una nueva era de discriminación institucionalizada?

Una ofensiva silenciosa: recortes a la protección contra la discriminación

En la última década, Estados Unidos ha sido testigo de un giro significativo en cómo el gobierno federal aborda los derechos civiles, especialmente en lo que respecta a la discriminación laboral, educativa y de género. A través de decisiones administrativas y controversiales órdenes ejecutivas, se están cerrando o paralizando investigaciones clave sobre presuntos actos de discriminación.

Un ejemplo reciente y altamente simbólico es la demanda de Leah Cross, una exconductora de entregas para Amazon, quien acusa al gobierno federal de haber abandonado sin justificación su caso por discriminación de género. Más allá de su caso individual, su demanda expone una cadena de decisiones en la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), que ha cerrado múltiples investigaciones relacionadas con el llamado "impacto dispar"—un tipo de discriminación que, aunque no intencionada, penaliza sistemáticamente a ciertos grupos.

El caso de Leah Cross: cuando ir al baño es un privilegio

Leah Cross trabajó para un contratista de Amazon entre agosto y noviembre de 2022. Su denuncia original ante la EEOC argumentaba que los cronogramas de entrega de Amazon impedían a las conductoras tomar descansos razonables para ir al baño, lo cual afectaba de manera desproporcionada a las mujeres. Ella sostuvo que, para lidiar con esta situación, llevaba un dispositivo portátil para orinar (conocido como Shewee) y ropa adicional por si se orinaba encima.

Amazon respondió que asigna descansos planificados —dos de 15 minutos y una pausa de 30 minutos— y que proporciona una aplicación con ubicaciones de baños cercanos, aunque no respondió específicamente a las alegaciones de Cross. Sin embargo, según su demanda, la EEOC decidió clausurar su caso a raíz de un cambio normativo impulsado por el gobierno de Trump.

¿Qué es el "impacto dispar" y por qué es importante?

El impacto dispar (o disparate impact) es un principio legal incluido en la Ley de Derechos Civiles de 1991, que permite identificar discriminación no intencionada pero significativa. Por ejemplo, si un requisito laboral aparentemente neutral excluye a una parte desproporcionada de mujeres o personas racializadas, puede considerarse discriminatorio si no se justifica por exigencias reales del trabajo.

Durante décadas, este ha sido un mecanismo crucial para combatir prácticas injustas en el lugar de trabajo, en la educación o en políticas criminales. No obstante, en abril de 2024, bajo una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, las agencias federales recibieron instrucciones de dejar de priorizar esta herramienta legal. La EEOC respondió cerrando casos activos sobre dicha base.

Los números detrás del desmantelamiento

En 2024, la EEOC gestionó más de 88,000 cargos por discriminación, aunque no se sabe cuántos fueron abandonados a raíz de este cambio de política. El caso de Cross no es aislado: la EEOC también desechó una demanda contra la cadena de tiendas Sheetz por sesgos raciales en sus verificaciones de antecedentes, una práctica que impedía consistentemente la contratación de trabajadores afroamericanos, nativoamericanos y multirraciales.

Karla Gilbride, quien fuera abogada general de la EEOC hasta ser destituida en una purga administrativa, expresó que la comisión tiene la obligación legal de investigar todos los casos, incluso si el tipo de discriminación ya no cuenta con respaldo político. “No se puede tirar por la borda una categoría entera de denuncias simplemente porque al presidente no le gusta el tipo de discriminación en cuestión”, declaró Gilbride.

Otros frentes: becas, universidades y derechos LGBTQ+

Mientras tanto, los retrocesos también se trasladan al campo educativo. En la Universidad de California en San Diego (UCSD), una beca exclusiva para estudiantes afroamericanos fue abierta a toda la comunidad estudiantil tras una demanda por discriminación racial inversa. La demanda utilizó la Ley del Ku Klux Klan de 1871 —originalmente diseñada para proteger a las comunidades negras del sur de EE. UU.— para argumentar que el fondo excluía ilegalmente a estudiantes no negros.

Antes, el fondo Black Alumni Scholarship había sido trasladado desde la universidad pública al control de la fundación privada San Diego Foundation, para esquivar la Proposición 209 de California, que prohíbe el uso de cuotas raciales en instituciones públicas. Pero los demandantes alegaron que UCSD seguía participando activamente en el proceso de selección.

“Este tipo de comportamientos institucionales nos remite a los peores momentos del Jim Crow”, dijo Joshua Thompson, abogado de la Fundación Legal Pacific, quien presentó la demanda.

¿Qué hay del alivio de deuda estudiantil?

No todos los desarrollos son negativos. Irónicamente, otra reciente demanda forzó al gobierno federal, también bajo Trump, a reactivar los programas de perdón de deuda para cerca de 2.5 millones de prestatarios. La demanda, presentada por la Federación Americana de Maestros (AFT), exigía que se cumpliera con el alivio prometido bajo planes de pago condicionados por ingresos (income-driven repayment, IDR) y el programa de condonación para servidores públicos (Public Service Loan Forgiveness, PSLF).

Bajo el acuerdo alcanzado en junio de 2024, el Departamento de Educación reanudaría la cancelación de deuda, se comprometería a procesar retroactivamente las solicitudes y se abstendría de cobrar impuestos sobre las deudas canceladas antes del 31 de diciembre. Megan Walter, analista de políticas educativas, advirtió: “Si tienes un caso abierto, guarda toda la documentación que puedas. Aunque ganes, el proceso puede tardar meses.”

Políticas de género y comunidad LGBTQ+: otros impactos del viraje legal

Otro aspecto preocupante es el trato hacia trabajadores transgénero. La EEOC ha eliminado varias demandas que defendían los derechos de estos trabajadores, y ahora aplica nuevos filtros a cualquier caso relacionado con identidad de género. Esto se debe a una orden administrativa que estipula que solo se reconocerán dos sexos “inmutables”: masculino y femenino.

El impacto puede ser devastador. Dejar de investigar estas denuncias envía un mensaje claro: el gobierno ya no protegerá a quienes no encajen en un binarismo de género tradicional. Y más aún si estas decisiones están motivadas por ideologías conservadoras que ven la diversidad como una amenaza contra la “meritocracia”.

¿Discriminación positiva o justicia histórica?

Una pregunta recurrente en estas disputas legales y morales es hasta qué punto las políticas de acción afirmativa o los fondos destinados a minorías representan una “discriminación inversa”, o si, por el contrario, compensan siglos de exclusión estructural.

Según datos del Sistema Universitario de California, apenas un 3% de los títulos otorgados en UC San Diego en 2023-2024 fueron a estudiantes afroamericanos, pese a casi cuatro décadas de becas dirigidas específicamente a esa población. Esto demuestra que la mera existencia de programas diferenciados no basta para corregir los desbalances sistémicos.

Pero si abrir estos programas a todos los estudiantes es políticamente más aceptable, corre el riesgo de anular la idea original de reparación. En palabras del activista y filósofo Cornel West: “Tratar igual a los desiguales perpetúa la desigualdad.”

Más allá de los casos individuales

Lo que reflejan estos casos —Leah Cross, los programas de condonación de deuda, las becas en UCSD— es un conflicto cada vez más profundo entre dos visiones de nación: una que busca corregir las injusticias pasadas con acciones específicas, y otra que impone criterios supuestamente neutros, pero que muchas veces perpetúan las estructuras existentes.

Si bien estas batallas legales se libran en tribunales, su impacto se extiende a empresas, universidades y la vida cotidiana de millones de trabajadores, estudiantes y ciudadanos que esperaban que el siglo XXI trajera más, y no menos, derechos civiles.

El saldo, hasta ahora, es ambiguo. Y si las agencias no reanudan investigaciones como la de Cross, o si universidades como UCSD siguen desmantelando iniciativas de inclusión bajo presión judicial, corremos el riesgo de retroceder décadas en materia de justicia e igualdad. Silenciosamente, estamos entrando en una nueva era de discriminación legitimada por ley.