La fractura del trumpismo: nominaciones fallidas, Guardia Nacional y el límite del poder presidencial

La caída de Paul Ingrassia: ideología extrema vs. respaldo político

El intento de Donald Trump por nombrar a Paul Ingrassia como jefe de la Oficina del Consejero Especial terminó en un abrupto colapso tras revelarse mensajes de texto ofensivos. Ingrassia calificó el feriado de Martin Luther King Jr. como una fecha que debía "ser arrojada al séptimo círculo del infierno" y confesó tener de vez en cuando una "vena nazi". Estas declaraciones no sólo provocaron indignación a nivel nacional, sino que generaron una rara rebelión entre senadores republicanos.

La retirada de Ingrassia no es un caso aislado. Se suma a una lista creciente de nominaciones fallidas durante el mandato de Trump, como la de Ed Martin Jr. o E.J. Antoni, quienes enfrentaron rechazo por falta de experiencia o posturas controvertidas. Incluso desde los sectores conservadores, las expresiones extremistas tienen un límite. El senador John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, expresó abiertamente su esperanza de que la Casa Blanca retirara la nominación.

Lo que antes era una maquinaria alineada en favor del expresidente, ahora muestra grietas. "Aprecio el apoyo recibido, pero no cuento con suficientes votos republicanos", admitió Ingrassia al hacerse a un lado. Un ejemplo claro de cómo el extremismo puede romper incluso con sus propios cimientos políticos.

Guardia Nacional: un instrumento presidencial en disputa

Mientras lidia con nominaciones impopulares, Trump enfrenta otro desafío desde el poder judicial: sus intentos de desplegar a la Guardia Nacional en ciudades lideradas por demócratas como Chicago, Portland y Los Ángeles han desencadenado una ola de demandas y órdenes judiciales que han complicado y retrasado sus movimientos.

El despliegue de tropas federales en suelo nacional sin la venia de los gobiernos estatales ha encendido las alarmas jurídicas. En Chicago, una jueza federal ya bloqueó temporalmente el envío de tropas, propuesta que podría terminar en manos de la Corte Suprema. En Portland, aunque una corte de apelaciones aceptó la toma de control de tropas por parte del Ejecutivo, otra orden judicial lo impide por ahora, generando un limbo legal inédito.

Una de las bases de estos argumentos se apoya en el Acta Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso del Ejército estadounidense para ejercer función policial dentro del país. Este principio, vital en la civilidad democrática, busca evitar que el gobierno central utilice la fuerza armada contra su propio pueblo.

California y el caso Newsom vs. Trump

En el estado de California, el gobernador Gavin Newsom denunció que la administración Trump violó la ley federal al enviar tropas a Los Ángeles sin autorización estatal. Aunque inicialmente un tribunal le dio la razón, permitiendo recuperar el control sobre las tropas, una corte de apelaciones revirtió la medida provisionalmente, dejando abierto un proceso legal que aún se dirime en los tribunales.

La batalla por el control de la Guardia Nacional es un ejemplo claro del choque entre la autoridad presidencial y los derechos estatales consagrados en la Constitución. El caso californiano también plantea otra pregunta clave: ¿puede el presidente invocar la necesidad de orden público para justificar acciones militares sin interferencia legislativa o judicial?

Washington D.C. y los litigios multisectoriales

En Charleston, Virginia Occidental, dos organizaciones civiles llevaron a los tribunales el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., el cual ha estado activo desde agosto por una orden ejecutiva de la presidencia. Estas tropas, más de 300 miembros, se encuentran en operativos de patrullaje en la capital del país, lo que muchos consideran un uso desproporcionado de la fuerza federal con claras motivaciones políticas.

La pregunta crucial que se repite en los argumentos legales es si estos movimientos constituyen una militarización de la política nacional por parte del Ejecutivo. Esta participación de tropas en ciudades demócratas fortalece la narrativa de una “intervención partidista” para imponer el orden desde el punto de vista del trumpismo más radical.

El caso Memphis: cuando el poder estatal también se cuestiona

En Tennessee, varios representantes demócratas demandaron al gobernador Bill Lee por autorizar el envío de la Guardia Nacional a Memphis sin autorización legislativa. Según la Constitución estatal, solo puede activarse en casos de “rebelión o invasión” y con el consentimiento explícito de la Asamblea estatal. La llegada de los militares al centro de Memphis ha creado alarma en la ciudadanía, especialmente por la visibilidad y armamento de los mismos, y por las escasas explicaciones oficiales.

Passaic County y la sombra del fraude electoral

En medio del caos judicial y político, el Partido Republicano de Nueva Jersey solicitó al Departamento de Justicia enviar monitores electorales a Passaic County, una región clave conocida por su diversidad y su reciente giro republicano en las elecciones presidenciales de 2024. Esta petición llega acompañada de alegaciones de fraude en elecciones anteriores, lo que refuerza el discurso de Trump sobre la manipulación del voto por correo, pese a la falta de evidencia de fraude electoral masivo en Estados Unidos.

En 2020, un juez ordenó repetir una elección municipal en Paterson, ciudad del condado, tras encontrarse cientos de boletas en buzones y reportes de manipulación. Sin embargo, varios analistas coinciden en que se trató de un caso aislado, y no una conspiración estructurada. A pesar de ello, Trump se valió de ese antecedente para alimentar su narrativa de “elecciones robadas”.

El voto latino y musulmán: un giro inesperado

Uno de los datos más sorprendentes surgió en el análisis pos-electoral de 2024: Trump ganó por primera vez en 30 años el condado de Passaic. Logró grandes avances en la ciudad de Paterson, predominantemente latina y con una significativa comunidad musulmana. Esta tendencia evidencia un cambio en ciertos sectores de votantes latinos que están alejándose del Partido Demócrata, ya sea por razones económicas, sociales o culturales.

Sin embargo, señalar fraude cada vez que ocurre un vuelco de tendencia electoral socava la legitimidad democrática. Si bien es legítimo reforzar garantías electorales, generar temor y desconfianza sobre la votación por correo sin pruebas robustas alimenta el descrédito del sistema al que, irónicamente, se desea pertenecer y dirigir.

¿Cuál es el límite del trumpismo institucional?

Todos estos eventos muestran que el trumpismo ha llegado a un punto crítico. El Comité de Seguridad Nacional del Senado negándose a confirmar a Ingrassia es una señal clara de que incluso los más fervientes aliados republicanos están dispuestos a trazar una línea.

En paralelo, los tribunales se han constituido en un muro de contención frente al uso politizado de las fuerzas armadas y la manipulación institucional. Ser llamado a rendir cuentas por jueces, y en ocasiones hasta por sus propios nombrados, ha encendido alarmas en el círculo cercano de Trump. Así, el intento de reconstruir un gobierno bajo sus propios términos enfrenta el poder disuasivo de la ley constitucional, el sistema federal y hasta de su propio partido.

Lo que vemos hoy no es sólo una batalla política; es una lucha por definir los verdaderos límites del poder presidencial. ¿Debe el presidente obedecer normas institucionales o puede redefinirlas a conveniencia? El veredicto, al final, lo dictarán las urnas... y los tribunales.