La guerra de Trump contra el narco en el Caribe: ¿intervención táctica o exceso de poder presidencial?

Desde enero del presente año, la administración del expresidente Donald Trump ha intensificado una serie de operaciones militares en el Caribe y frente a las costas de Venezuela como parte de su renovada ofensiva contra el narcotráfico. Lo que comenzó con declaraciones políticas se ha convertido en una cadena de ataques letales, misiones navales, y acciones de inteligencia encubiertas que han generado un intenso debate legal y ético tanto dentro como fuera del Congreso estadounidense.

La narrativa del “conflicto armado” con cárteles

En la visión del expresidente Trump, más allá de una lucha policial o de seguridad fronteriza, Estados Unidos se encuentra involucrado en un conflicto armado contra el narcotráfico. Con este argumento, similar al usado para justificar la “Guerra contra el Terror” tras el 11 de septiembre, Trump firmó el 20 de enero de 2025 una orden ejecutiva declarando que organizaciones como Tren de Aragua son “organizaciones terroristas extranjeras”.

Este cambio de paradigma abrió la puerta legal para que operaciones militares, usualmente reservadas a conflictos bélicos clásicos, se apliquen ahora contra presuntas embarcaciones con drogas operadas por cárteles latinoamericanos. Una estrategia que borra la línea entre seguridad interna y guerra internacional.

Los ataques: una cronología inusual

Entre septiembre y octubre de 2025, Trump y el Secretario de Defensa Pete Hegseth confirmaron al menos siete ataques distintos contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico. Aquí algunos de los momentos más destacados:

• 2 de septiembre: Primer ataque contra una lancha supuestamente operada por el Tren de Aragua. 11 muertos.
• 15 de septiembre: Segundo ataque, con 3 víctimas fatales. Trump alega presencia de fentanilo y cocaína.
• 19 de septiembre: Tercer ataque, nuevamente basado en “inteligencia” no verificada públicamente.
• 3 de octubre: Cuarta misión con 4 muertos. Sin evidencias detalladas por parte del Pentágono.
• 16 de octubre: Sexto ataque con 2 muertos y 2 sobrevivientes enviados directo a Ecuador y Colombia.
• 17 de octubre: Séptimo ataque contra miembros del ELN colombiano, según dijo Hegseth sin evidencias claras.

Trump incluso proclamó que estos barcos “transportaban suficientes drogas para matar entre 25.000 y 50.000 personas”, una cifra alarmante que, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente por organismos independientes.

Legalidad en duda: ¿Dónde está el Congreso?

El punto más polémico de toda esta política gira en torno al poder presidencial de declarar guerras y usar fuerza letal. Según la Constitución de EE.UU., solo el Congreso puede autorizar oficialmente una guerra. Sin embargo, Trump ha evadido este proceso, usando precedentes como la Authorization for Use of Military Force (AUMF) tras el 11-S.

Varios senadores demócratas, liderados por Tim Kaine y Jack Reed, han elevado críticas. Reed comentó en el pleno del Senado:

“Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no están facultadas para cazar criminales sospechosos y asesinarlos sin juicio.”

Incluso desde las filas republicanas, Rand Paul cuestionó estas decisiones:
“Solo el Congreso tiene autoridad para declarar guerra. Esta estrategia parece un intento de eludir al poder legislativo.”

Los riesgos de una escalada geopolítica

Además del debate legal, el movimiento de tropas estadounidenses en el Caribe ha alarmado a gobiernos latinoamericanos, especialmente a Venezuela. Con razón. Se han desplegado al menos 6 barcos de guerra, incluyendo destructores misilísticos tipo Aegis y portaaeronaves de asalto con aviones F-35 en la región. Incluso un submarino con misiles crucero patrulla la zona.

En Venezuela, el Ministro del Interior Diosdado Cabello acusó formalmente a EE.UU. de asesinato:

“¿Cómo identificaron a los muertos como miembros del Tren de Aragua? ¿Tenían un chip? ¿Un código QR? Confesaron abiertamente que asesinaron a 11 personas.”

Estas palabras reflejan el temor no solo a una intervención quirúrgica, sino a una guerra proxy silente. La presencia militar es vista por muchos como una amenaza real de invasión, especialmente cuando funcionarios cercanos a Trump sugieren posibles “operaciones terrestres” en Venezuela.

La CIA en juego: operaciones encubiertas y nuevo nivel de tensión

El 15 de octubre, Trump confirmó que ha autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Esto representa un nuevo nivel en la escalada: ya no solo se actúa desde el mar, sino desde tierra firme, sin que quede claro qué autoridad gobierna estas misiones.

El retiro prematuro del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE.UU., ha levantado preocupaciones. Este cargo suele durar entre 3 y 4 años, y el hecho de que Holsey se vaya a los pocos meses, en medio de crisis y sin explicación, solo aviva las sospechas.

El congresista Adam Smith lo resumió así:

“Nunca he visto tal falta de transparencia por parte de una Administración respecto a la aplicación de fuerza letal.”

¿Qué dice la prensa internacional?

Medios de América Latina han tratado el tema con creciente alarma. El diario colombiano El Espectador alertó que estas tácticas podrían dar pie a represalias por parte de grupos armados o aumentar el flujo migratorio hacia EE.UU. Asimismo, La Nación en Argentina criticó que Estados Unidos actúe con la ley del Lejano Oeste, sin control ni rendición de cuentas.

Organismos de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han levantado voz de alarma por el uso de fuerza letal sin procesamientos judiciales y ausencia de pruebas verificables.

¿Escenario electoral en juego?

Muchos analistas ven estas acciones como parte de la estrategia electoral de 2026, en la que Trump busca consolidar una imagen de fuerte liderazgo contra el crimen extranjero. Esta retórica, que fue efectiva en 2016, 2020 y parcialmente en 2024, vuelve a ponerse en marcha frente a un electorado que aún tiene profundas preocupaciones sobre inmigración, drogas y seguridad.

Sin embargo, esta estrategia choca con sectores conservadores más constitucionalistas como Rand Paul, quien representa al electorado republicano que todavía valora la separación de poderes y las garantías individuales.

El futuro de la doctrina “América Primero”

Más allá del actual contexto, cabe preguntarse: ¿estamos ante una reinvención de la Doctrina Monroe? De ser así, esta nueva versión combina nacionalismo, intervencionismo secreto y conflicto legal con estándares internacionales contemporáneos.

Habrá que seguir atentos a las nuevas decisiones de Trump y sus aliados, pero sin duda, el Caribe y Suramérica siguen siendo terreno fértil para disputas geopolíticas en nombre de la seguridad nacional estadounidense. Y cada ataque sin prueba, cada operación sin respaldo parlamentario, deja un precedente para futuras administraciones —de cualquier partido político— que vean el poder presidencial como una herramienta sin freno.