Cannabis medicinal en Virginia Occidental: millones recaudados, cero invertidos

Mientras otros estados aprovechan los ingresos fiscales de la marihuana para salud pública y prevención, Virginia Occidental mantiene los fondos paralizados por temor a las leyes federales

Un potencial económico congelado por el miedo

Desde la apertura del primer dispensario de cannabis medicinal en noviembre de 2021, el estado de Virginia Occidental ha recaudado aproximadamente 34 millones de dólares en impuestos, tarifas de licencias e intereses relacionados con el programa. No obstante, casi cuatro años después, estos fondos permanecen sin ser asignados ni utilizados, a pesar de estar destinados por ley a la investigación médica, programas contra la drogadicción y formación policial, según informó recientemente la Oficina del Tesorero estatal. El estancamiento no obedece a falta de necesidad ni de propósito; obedece a un vacío regulatorio y al peso legal de que, a nivel federal, la marihuana sigue clasificada como droga ilegal. Eso ha llevado a los bancos a rechazar el manejo de estos fondos por miedo a sanciones, y ha condicionado a las autoridades estatales a actuar con cautela jurídica.

¿Qué dice la ley estatal?

La Medical Cannabis Act de 2017, aprobada por el legislativo de Virginia Occidental, establece claramente los propósitos del fondo: financiar un programa de investigación médica sobre cannabis, apoyar a personas con trastornos por uso de sustancias y entrenar a las fuerzas del orden. No obstante, el dinero generado por el programa aún no ha sido invertido en ninguno de esos rubros. El portavoz de la Tesorería estatal, Carrie Hodousek, resumió la situación de forma contundente: “El dinero en el fondo permanecerá sin asignar hasta que cambie la ley federal”.

¿Por qué no se gasta ese dinero?

En 1970, el gobierno federal clasificó la marihuana como una droga de tipo Schedule I, es decir, sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso. Aunque hoy 40 estados han legalizado alguna forma de uso (medicinal o recreativo), esta clasificación federal complica el panorama financiero. Los bancos, regulados a nivel federal, no quieren lidiar con fondos provenientes del cannabis, incluso cuando son legales dentro del estado. En 2018, el entonces tesorero John Perdue solicitó una opinión legal que confirmó que, aunque el gobierno federal no ha actuado contra otros estados, eso no garantiza inmunidad futura.

La alternativa: una cooperativa de crédito

En 2019, la Asamblea Legislativa modificó la ley estatal para permitir que una cooperativa de crédito estatal (credit union) manejara los fondos del cannabis. Así, Element Federal Credit Union, la única institución dispuesta a asumir el riesgo, ganó la licitación para conservar ese dinero. Linda Bodie, directora ejecutiva de la cooperativa, afirmó: “Es una gran responsabilidad porque sigue siendo ilegal a nivel federal, pero decidimos asumirla.”

¿Cómo se distribuyen los fondos —si se distribuyeran?

De acuerdo con la ley de Virginia Occidental, el fondo se repartiría aproximadamante de esta forma:

$19 millones al Buró de Salud Pública
$8 millones al Fondo de Lucha contra el Abuso de Sustancias
$6 millones a la División de Servicios Comunitarios y Justicia
$1.5 millones a cuentas especiales para entrenamiento y formación a policías

Esta distribución tiene la finalidad de ampliar servicios de salud, prevención y seguridad. Pero la paralización de los fondos impide implementar planes concretos para, por ejemplo, abordar el problema alarmante de las adicciones en el estado.

Mientras tanto, otros estados avanzan

La parálisis de Virginia Occidental contrasta con lo que ocurre en otros estados con mercados de cannabis legal. - Ohio ha distribuido más de $35 millones en impuestos derivados del cannabis, en parte hacia el fondo general del estado. - Pensilvania financia programas de drogadicción y su Comisión contra el Crimen con el dinero recaudado. - Maryland destina un 33% de sus ingresos por cannabis a programas comunitarios en barrios afectados por el uso de drogas. Andrew Livingston, director de análisis de Vicente LLP, firma legal especializada en leyes de cannabis, afirma: “No hay un problema sistémico que impida que otros estados utilicen sus ingresos fiscales del cannabis.”

¿A qué se debe el retraso en West Virginia?

Sorprendentemente, varios legisladores que impulsaron la ley aseguran desconocer el bloqueo del fondo. El delegado Mike Pushkin, coautor de la legislación bancaria de 2019, dijo: “Es la primera vez que escucho que el fondo no está siendo utilizado.” El senador Mike Woelfel, quien presentó el texto original de la Medical Cannabis Act, aseguró que luego de conocer el estatus actual del fondo, habló directamente con el nuevo tesorero, Larry Pack, quien “ha convocado a expertos para encontrar una solución que materialice los objetivos de la ley.”

Impacto potencial: salud, prevención y rehabilitación

Dr. Matthew Christiansen, exdirector estatal de salud, destaca que Virginia Occidental encabeza las estadísticas de adicción en el país y que la disminución de fondos federales ha dificultado la implementación de programas de tratamiento y recuperación. “Este fondo del cannabis podría cerrar esa brecha. Su magnitud permitiría apoyo a miles de personas o financiar programas sostenibles por años,” afirmó Christiansen. También destaca que una porción sería vital para aquellas personas que desarrollan trastornos por uso de cannabis, que aunque minoría, necesitan atención. Elizabeth Shahan, directora de la organización West Virginia Prevention Solutions, denuncia el cierre reciente del programa de prevención juvenil RAZE, especializado en educar sobre los riesgos del uso de marihuana, tabaco y vapeo, justo cuando el estado lidera tasas de vapeo en adolescentes. “Un solo fondo como este podría revitalizar la educación preventiva con evidencia científica en nuestras escuelas. Cada dólar de prevención es una inversión. Si el dinero solo se acumula, no está cumpliendo ningún propósito,” enfatiza Shahan.

Un tesoro atrapado por la burocracia

El programa de cannabis medicinal fue aprobado como motor económico alternativo en un estado con dificultades estructurales. Pero la parálisis financiera del fondo y la burocracia asociada han generado una contradicción: se promueve la industria, se regula su actividad, se recauda —pero no se reinvierte. Esto debilita tanto al incipiente ecosistema de cannabis como a los sectores que más requieren atención y recursos: salud pública, programas de prevención y comunidades afectadas. Mientras tanto, otras entidades siguen dando ejemplo de cómo canalizar eficazmente los ingresos del cannabis en políticas públicas efectivas. West Virginia enfrenta una simple pregunta: ¿Seguirá acumulando recursos sin usarlos o se atreverá a liderar con valentía en el uso legal y proactivo del cannabis medicinal para el bienestar de sus ciudadanos? Fuentes: