Crisis carcelaria en Alabama: entre negligencia, muertes y la lucha por justicia

Un grito desde las rejas: la muerte de Chase Mathis

El 4 de junio de 2024, Chase Mathis, un recluso de 31 años, fue encontrado muerto pocas horas después de haber sido trasladado a una prisión del estado de Alabama. El traslado fue solicitado luego de que Mathis advirtiera a los guardias que temía por su vida. No fue colocado en una celda de protección, como ordenaría el protocolo ante amenazas directas, sino que fue ingresado en población general. Su padre, Tim Mathis, sostiene que su hijo no murió de una sobredosis accidental, sino por una posible "hot shot" —una dosis letal de drogas administrada sin su consentimiento—.

“Detrás de esos muros, la gente muere todos los días, no solo por la violencia y el abandono, sino por la indiferencia deliberada de un sistema que los trata como basura”, declaró Tim durante una protesta frente al Capitolio del estado en Montgomery.

Documental expone horrores carcelarios

La protesta tuvo lugar tras el estreno de un nuevo documental que arroja luz sobre las condiciones traumáticas dentro del sistema penitenciario de Alabama. Emitido por HBO, el documental se basa en grabaciones realizadas por los propios reclusos a través de teléfonos celulares —una herramienta prohibida, pero que se ha convertido en un medio esencial para denunciar los abusos—.

Las imágenes muestran golpizas, condiciones insalubres, hacinamiento extremo y negligencia médica. Todo esto ocurre dentro de un sistema que, de acuerdo con datos oficiales, tuvo 277 muertes en 2023, incluyendo al menos 12 homicidios, según Eddie Burkhalter, investigador del centro sin fines de lucro Alabama Appleseed.

“El índice de mortalidad de las cárceles de Alabama es cinco veces superior al promedio nacional”, afirma Burkhalter. Esto sitúa al estado como uno de los más peligrosos para los reclusos, lo cual contradice completamente el principio constitucional estadounidense que prohíbe castigos crueles y excesivos.

La crueldad sistémica: historias que desgarran

Durante la protesta frente al Capitolio, decenas de familiares de personas encarceladas marcharon con fotos de sus seres queridos fallecidos detrás de las rejas. También portaban imágenes de funcionarios estatales con la leyenda “Blood on Your Hands” (“Sangre en tus manos”).

“No se trata de casos aislados”, explicó Rodreshia Russaw, directora de The Ordinary People Society, una organización dedicada a apoyar a personas anteriormente encarceladas. “Estamos hablando de una epidemia de muerte y negligencia que ha cobrado miles de vidas, muchas de las cuales pudieron haberse evitado”.

Entre las voces más destacadas estuvo la de Sandy Ray, madre de Steven Davis, quien murió en 2019 tras ser golpeado por agentes penitenciarios en la Institución Correccional William E. Donaldson. Aunque el estado exoneró a los oficiales, luego acordó pagar $250,000 para resolver una demanda por homicidio culposo. Para Ray, eso no es suficiente. “Hay sangre en sus manos y aún no hemos alcanzado la verdad completa”, declaró.

Números que alarman: el auge del encarcelamiento

En 2023, el número de reclusos en Alabama era de 20,904. En 2024, esta cifra subió a 21,803. Este incremento del 4,3% sucede al mismo tiempo que el estado trata de reformar sus prisiones pero sin abordar eficazmente el problema de fondo: el hacinamiento y la falta de supervisión.

John Hamm, comisionado del Departamento de Correcciones, afirmó durante una audiencia legislativa que el nuevo “mega penal” del estado —una gigantesca prisión con capacidad para 4,000 camas— está completo en un 75%. La prisión ha sido criticada por financiarse, en parte, con fondos destinados inicialmente al alivio por la pandemia del COVID-19. “Todo recae en el personal de seguridad. Sin ellos, las mejoras en las condiciones son casi imposibles”, dijo Hamm.

No obstante, los legistas y defensores de derechos humanos aseguran que el problema transciende la infraestructura: es una crisis estructural que permite el abuso sistemático y criminaliza la pobreza y la raza, dados los altos índices de encarcelamiento desproporcionado de poblaciones afroamericanas en el estado.

Inacción estatal bajo la lupa del gobierno federal

En 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. demandó al estado de Alabama, calificando el sistema penitenciario como “uno de los más desatendidos y violentos del país”. La demanda detalla condiciones que, asegura, violan la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense al permitir castigos crueles e inusuales.

Chris England, representante estatal, fue claro luego de la audiencia legislativa: “El sistema está roto de principio a fin. Puedes afirmar que no hemos mejorado en nada. Los abusos están en alza. Las sobredosis aumentan. La corrupción está en auge”.

La lucha desde adentro y afuera

Mientras los funcionarios hablan de reformas estructurales, las personas encarceladas y sus familias no quieren promesas vacías. Quieren justicia, humanidad y acciones concretas. La esperanza es que exposiciones como el documental puedan generar presión pública suficiente para cambiar el sistema desde adentro.

“Esto no es una situación de orden y castigo, sino de reconocimiento de la humanidad de cada persona encarcelada”, dijo Russaw. “Sabemos sus nombres. Sentimos su pérdida. Y no vamos a detenernos hasta que se hagan responsables los que deben responder ante la ley”.

El sistema carcelario de Alabama sirve como un microcosmos de los problemas penitenciarios en todo Estados Unidos, donde ya existen más de 2 millones de personas tras las rejas, muchas de ellas en condiciones inhumanas. La lucha continúa, impulsada por las voces firmes de padres, hermanos, hijos y defensores que se niegan a callar ante la injusticia.

Este no es un final, es un llamado

El caso de Chase Mathis es uno más en una cadena de tragedias que, lejos de disminuir, parecen multiplicarse. No hay soluciones mágicas, pero sí hay prioridades: mayor supervisión, presupuesto justo, reformas jurídicas y, sobre todo, respeto por los derechos humanos.

Lo que suceda en Alabama puede marcar el rumbo de las reformas penitenciarias a nivel nacional, o representar un punto de no retorno. Por eso, ahora más que nunca, resulta vital documentar, denunciar y exigir cambios reales en nombre de quienes ya no pueden alzar la voz desde adentro.