El operativo en Canal Street: inmigración, comercio informal y la reacción popular

Una redada que encendió las calles de Nueva York

Lo que empezó como un operativo rutinario de las agencias federales para combatir la venta de productos falsificados en Canal Street, en el corazón de Manhattan, terminó desencadenando una protesta espontánea, arrestos masivos y un intenso debate sobre cómo se implementan las políticas migratorias y económicas en Estados Unidos. En total, 14 personas fueron arrestadas: nueve durante la redada inicial y cinco más por impedir el accionar de los agentes o agredirlos.

El evento ha desatado fuertes críticas de activistas, candidatos políticos y residentes que presenciaron escenas de empujones, uso de pistolas eléctricas y la amenaza de gas pimienta mientras los agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE), Patrulla Fronteriza y otras oficinas federales trataban de controlar la situación.

¿Qué motivó este operativo?

Según Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el operativo fue "específico y basado en inteligencia" y se enfocó en "actividades criminales relacionadas con la venta de productos falsificados". Aunque estas redadas no son inusuales en Canal Street —una zona conocida mundialmente por sus puestos ambulantes que venden imitaciones de marcas de lujo como Gucci, Louis Vuitton o Rolex—, lo que sorprendió fue el despliegue: decenas de agentes con mascarillas y trajes tácticos.

Cabe mencionar que el operativo ocurrió después de que dos influencers conservadores en la red social X (antes Twitter) compartieran videos mostrando a vendedores ambulantes ofreciendo bolsos falsificados en las aceras del vecindario.

Crisis social vs combate al delito

La reacción de los transeúntes fue inmediata. Muchos de ellos se encontraban en camino a casa tras una jornada laboral y terminaron solidarizándose con los vendedores y activistas. Se formaron cordones humanos para impedir el avance de los vehículos de ICE, mientras otros coreaban consignas contra la criminalización de inmigrantes y trabajadores informales.

“Una vez más, la administración Trump elige la teatralidad autoritaria que crea miedo en lugar de seguridad. Debe parar”, declaró el asambleísta estatal Zohran Mamdani, una de las voces más críticas ante el despliegue federal.

Incluso el exgobernador Andrew Cuomo afirmó que este tipo de operaciones eran “más teatrales que justicieras”, orientadas a infundir temor más que a combatir delitos reales. La actual administración del alcalde Eric Adams dejó en claro que la policía de Nueva York (NYPD) no tuvo participación en la redada, remarcando que sus prioridades están centradas en el combate contra el crimen violento, no en vendedores indocumentados.

Perfil de los arrestados: ¿realidad criminal o estigmatización?

De los 14 arrestados reportados oficialmente:

• Nueve fueron detenidos en el operativo inicial.
• Cuatro fueron arrestados por presunta agresión a agentes federales.
• Uno fue acusado de obstruir el paso de los oficiales al bloquear con su cuerpo una entrada vehicular.

Algunos detenidos ya tenían antecedentes por delitos graves como robo, violencia doméstica o tráfico de drogas, según el DHS, mientras que otros fueron simplemente sorprendidos vendiendo mercancía sin permiso. La mezcla de perfiles genera dudas sobre si la redada fue realmente selectiva o si cayó en prácticas de redondeo indiscriminado.

Canal Street: epicentro del comercio informal

Durante décadas, Canal Street ha sido sinónimo del multiverso del comercio informal en Nueva York: es un punto neurálgico donde convergen inmigrantes latinos, asiáticos y africanos, vendiendo desde perfumes de imitación hasta bolsos de diseñador falsificados.

El comercio informal no es un fenómeno aislado, sino una reacción sistémica que surge de la precariedad laboral, la desigualdad estructural y las barreras legales. Para muchos inmigrantes, Canal Street representa no solo el sustento económico, sino también uno de los pocos espacios donde pueden participar en la economía sin miedo a ser excluidos completamente del sistema.

“El sueño americano se vende a $25 en Canal Street”

Esta frase, de un cartel sostenido por un manifestante en el lugar, captura la ironía del evento. En uno de los países que más venera la libertad económica, muchos trabajadores se ven forzados a la clandestinidad comercial al no contar con papeles ni acceso a trabajos formales.

Desde un enfoque sociológico y económico, el comercio informal cumple una función clave: abarata costos para los consumidores, dinamiza zonas relegadas y brinda empleo a quienes el sistema excluye. Sin embargo, sigue siendo vilipendiado por defender supuestamente “la legalidad” y la “propiedad intelectual”.

¿Qué dicen las cifras del comercio informal?

Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 60% del trabajo globalmente es informal. En Estados Unidos, un estimado del 8% de la población activa participa en economías informales, muchas veces bajo riesgo de ser criminalizados o deportados.

En Nueva York, donde se estima que el 50% de los vendedores ambulantes son inmigrantes indocumentados, la participación en este tipo de actividades no solo es una necesidad, sino una estrategia de supervivencia ante políticas laborales y migratorias restrictivas.

El impacto de estas redadas en la comunidad

Los operativos como el de Canal Street no solo tienen consecuencias legales inmediatas. También dejan una huella emocional y psicológica en las comunidades migrantes. El temor al arresto se suma a la ansiedad permanente de ser deportado, perder el sustento o simplemente no poder continuar con una vida mínimamente estable.

Además, este tipo de intervenciones rompen la confianza entre comunidades y policías, dificultando la colaboración ciudadana en crímenes reales como el tráfico humano o la violencia de género.

La doble moral sobre la ilegalidad

Hay una contradicción flagrante en cómo el sistema penaliza a los vendedores ambulantes mientras grandes empresas no enfrentan consecuencias proporcionales por evasión fiscal o el uso de mano de obra en condiciones irregulares. El problema nunca ha sido realmente “la ilegalidad”, sino quién la comete y cómo se percibe su poder político y económico.

¿Y ahora qué?

La creciente ola de gentrificación en Manhattan, las presiones de las marcas de lujo y el auge de discursos contra los inmigrantes en el ámbito político hacen prever que estos operativos podrían intensificarse. Sin embargo, también hay resistencia organizada: colectivos de defensa legal como Make the Road New York y Vendors United ya están ofreciendo apoyo a los detenidos.

El debate de fondo permanece abierto: ¿quién tiene derecho a trabajar en América? ¿Podemos seguir condenando la pobreza sin resolver sus causas estructurales? ¿No deberíamos repensar las políticas públicas para integrar al comercio informal en lugar de criminalizarlo?

Canal Street ha sido, una vez más, el escenario donde se confrontan las narrativas del poder institucional con las realidades de miles de invisibilizados. Lo que está en juego no es solo el control de un espacio económico, sino la definición misma del contrato social sobre el que se construye esta ciudad.