Lima militarizada: ¿Estado de emergencia o estado de ineficacia?
El nuevo presidente José Jerí implementa medidas drásticas para frenar la delincuencia en Perú, pero la población duda de su efectividad
Una capital bajo sitio: soldados contra la delincuencia
Desde el amanecer del miércoles, los limeños se despertaron con una imagen más propia de un estado autoritario que de una república democrática: soldados patrullando calles, estaciones de tren y autobuses. Esta medida fue el primer paso del estado de emergencia de 30 días decretado por el nuevo presidente de Perú, José Jerí, en un intento por combatir una ola de criminalidad que viene azotando al país desde hace años.
La declaración del estado de emergencia —la más reciente en una serie de intentos fallidos— incluye la suspensión de derechos constitucionales como la libertad de reunión y manifestación, la prohibición de que dos adultos viajen en motocicleta (supuestamente para evitar asaltos), restricciones a las visitas en cárceles y cortes del suministro eléctrico en celdas penitenciarias, excepto por la iluminación básica.
¿Más de lo mismo? La incredulidad de los peruanos
A pesar del despliegue militar, la población se muestra escéptica frente a una estrategia que ya se ha aplicado antes sin resultados contundentes. Manuel Timoteo, residente del norte de Lima, no disimula su frustración: “Ya ha habido varios estados de emergencia; las extorsiones continúan, los asesinatos no paran. Los soldados salen unos días, se paran en las esquinas con sus fusiles y luego se van; todo sigue igual”.
En marzo de este mismo año, el gobierno de Dina Boluarte también recurrió a la medida, sin éxito. La cifra de delitos no solo se mantuvo alta, sino que siguió en aumento.
Las cifras detrás del miedo
El panorama es alarmante. Según datos oficiales del gobierno peruano:
- Los homicidios aumentaron de 676 en 2017 a más de 2,000 en 2024.
- Las denuncias por extorsión pasaron de 2,305 en 2020 a más de 21,700 en 2023.
- Las víctimas, en su mayoría, pertenecen a sectores populares y trabajadores del transporte público.
Este incremento no es algo repentino. Es el resultado de años de corrupción, impunidad y abandono institucional. El crimen organizado, nutrido por mafias extranjeras, ha establecido redes de extorsión y sicariato en casi todas las regiones costeras del país, con especial énfasis en Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura.
¿Quién es José Jerí y qué lo llevó a Palacio?
José Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre, luego de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte por su incapacidad para resolver la crisis de seguridad. Su nombramiento fue recibido con protestas masivas que desembocaron en violencia: al menos un manifestante muerto y otro con fractura craneal grave.
Lejos de calmar los ánimos, Jerí optó por un enfoque de mano dura. Sin embargo, no son pocos quienes lo consideran un presidente impuesto por el Congreso, sin legitimidad popular, y con escasa experiencia ejecutiva.
Militarización vs. Justicia: ¿Una falsa dicotomía?
Lo que muchos ciudadanos y expertos cuestionan no es solo la efectividad del estado de emergencia, sino la lógica que lo sustenta. ¿La solución al crimen es realmente militarizar las calles? El sociólogo peruano Nelson Manrique afirma: “Las balas no exterminan la pobreza ni la corrupción, que son las verdaderas incubadoras de criminales”.
El Colegio de Abogados de Lima también se ha pronunciado, indicando que estas medidas ponen en peligro derechos fundamentales y no son sostenibles a largo plazo. Además, existe el temor fundado de abusos policiales y militares, especialmente en barrios populares.
La trampa de la espectacularización
El despliegue de tanquetas, comandos armados y retenes en las avenidas tiene un alto valor simbólico y genera una sensación efímera de control. Pero en términos prácticos, los efectos han sido nulos.
Un estudio elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) en 2023 reveló que 8 de cada 10 estados de emergencia en Lima no lograron disminuir los indicadores delictivos. Al contrario, en algunos sectores, estos incluso aumentaron tras la retirada del contingente militar.
Comparaciones incómodas: El caso de El Salvador
Muchos comparan la situación de Perú con la del presidente Nayib Bukele en El Salvador, quien con una estrategia similar logró reducir significativamente la criminalidad. No obstante, este modelo ha sido duramente criticado por organismos de derechos humanos debido a la saturación de cárceles y miles de detenciones arbitrarias.
La gran diferencia es que en El Salvador, la militarización vino acompañada de una maquinaria legal y logística robusta: inversión en tecnología, combate a la corrupción policial e inteligencia criminal. En Perú, estas piezas parecen faltar.
El rol del crimen transnacional
Otro aspecto preocupante es la presencia del crimen organizado internacional. Bandas como el Tren de Aragua, de origen venezolano, y cárteles mexicanos han comenzado a operar en Lima y otras ciudades costeras.
Según informes de inteligencia, estas organizaciones controlan sectores del comercio informal, transporte urbano y hasta el mercado inmobiliario. Usan la extorsión como método principal de recaudación, ahogando a pequeñas empresas, mototaxistas y mercados distritales.
¿Qué hacer entonces?
Los expertos coinciden en que el enfoque debe ser multidimensional. Además del patrullaje militar, se requieren al menos cuatro líneas de acción:
- Reforma del sistema judicial y policial: con procesos más rápidos, jueces especializados en crimen organizado y purga de elementos corruptos.
- Prevención social: políticas públicas que atiendan la niñez y juventud en riesgo, educación, deporte y oportunidades laborales.
- Inteligencia y tecnología: cámaras de vigilancia, mapas del delito, análisis de llamadas, y bases de datos criminales interconectadas.
- Mayor control del dinero ilícito: rastrear flujos financieros que financian a las mafias desde el sistema financiero y el comercio informal.
El peligro de normalizar lo excepcional
Acostumbrarse a vivir bajo estados de emergencia es aceptar lo inaceptable. Como advierte la historiadora Carmen McEvoy: "Cuando se normaliza la anormalidad, el autoritarismo encuentra terreno fértil para crecer sin resistencia".
La lucha contra el crimen no puede justificar la erosión progresiva de las garantías individuales. El balance entre seguridad y democracia debe ser cuidadosamente vigilado por la ciudadanía, medios y organismos de control.
¿Y ahora qué?
El presidente José Jerí enfrenta su primera gran prueba de fuego. De su habilidad para diseñar un plan real y sostenible de seguridad dependerá no solo su permanencia en el cargo, sino la estabilidad institucional y la vida digna de millones de peruanos.
Mientras tanto, Lima sigue bajo vigilancia militar, pero los hampones también, desde las sombras, siguen observando. Hasta ahora, parece que ellos continúan ganando.
