Perú en emergencia: crimen, protestas y una crisis que no da tregua
El nuevo presidente José Jerí enfrenta una Lima sitiada por la violencia mientras intenta recuperar el control del país entre disturbios sociales y promesas de mano dura
Un país al borde del colapso social
Perú se encuentra atravesando una de sus crisis de seguridad más graves en las últimas décadas. La violencia criminal, los conflictos sociales y la frágil estabilidad política han confluido de manera crítica. El flamante presidente interino, José Jerí, enfrenta una situación al límite tras la destitución de Dina Boluarte por su incapacidad para frenar la creciente ola de criminalidad.
En un mensaje televisado a la nación, Jerí anunció la declaratoria de estado de emergencia en Lima por 30 días. La medida implica posibles restricciones a derechos fundamentales como la libertad de reunión y de movimiento, algo que muchos ciudadanos ven con preocupación.
“Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, sentenció Jerí, dejando en claro que su gobierno se dispone a adoptar una política de ofensiva frontal contra el crimen.
¿Qué tan grave es la situación?
Los índices de criminalidad hablan por sí solos: entre enero y septiembre de 2024, se registraron 1.690 homicidios, en comparación con 1.502 en el mismo período del año anterior. La policía también ha reportado un aumento en extorsiones violentas, ataques con explosivos caseros y tiroteos en espacios públicos.
Según la Oficina de Criminalística del Ministerio del Interior, los distritos de San Juan de Lurigancho, Callao y Los Olivos concentran una elevada cantidad de delitos relacionados con el crimen organizado.
“Estas cifras no son solo números; son vidas perdidas, familias destruidas y comunidades enteras paralizadas por el miedo”, afirma Javier Aranda, sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según Aranda, se trata del resultado de años de abandono institucional y escasa inversión en seguridad ciudadana.
Los fantasmas del autoritarismo reciente
Esta no es la primera vez que el Estado peruano recurre a una medida tan radical. En marzo, la entonces presidenta Boluarte había declarado otro estado de emergencia, aunque sin éxito notable. Las críticas por su falta de resultados y su débil manejo del Congreso contribuyeron a su expulsión del cargo.
Ahora, Jerí propone volver a esa ruta, pero con matices más agresivos: planes para desplegar militares en tareas de orden público y una ofensiva discursiva que recuerda épocas más represivas. La posibilidad de que las fuerzas armadas intervengan preocupa a muchas organizaciones de derechos humanos.
“El estado de emergencia no debe ser un atajo contra el clamor ciudadano”, advierte Amnistía Internacional en un comunicado. “Las experiencias previas han demostrado que el abuso de estas medidas termina erosionando las libertades más básicas”.
Generación Z al frente de las protestas
Uno de los elementos más destacados de esta crisis es el protagonismo que han tomado los jóvenes en las protestas. La llamada Generación Z ha liderado manifestaciones masivas en Lima, Cusco y otras ciudades, exigiendo justicia, seguridad y nuevas elecciones generales.
La marcha más reciente, el pasado jueves, terminó en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El saldo: al menos un muerto y más de 100 heridos, entre ellos periodistas y agentes del orden. A pesar del caos, Jerí reiteró que no piensa renunciar.
Estas protestas han sido calificadas por la prensa local como una “nueva ola de descontento generacional”, conectada con movimientos similares en América Latina. Jóvenes movilizados por redes sociales, organizados de forma descentralizada y con desconfianza absoluta hacia las instituciones tradicionales.
De defensa a la ofensiva: ¿es viable ese giro?
El presidente Jerí ha prometido un cambio en la forma de combatir la criminalidad. Su discurso de “pasar de la defensa a la ofensiva” sugiere estrategias mucho más proactivas, como megaoperativos policiales coordinados con inteligencia militar, uso intensivo de herramientas tecnológicas y limpieza de focos de crimen organizado.
Sin embargo, expertos como la criminóloga Elena Bejarano advierten que ninguna política de “mano dura” será eficaz sin reformas institucionales profundas. “Si no se mejora la confianza en la policía y el sistema judicial, todo esfuerzo será percibido como mero show político”, comenta Bejarano.
El reto de recuperar la legitimidad
Para Jerí, queda claro que su mandato interino está condicionado por su habilidad para evitar que Perú caiga en un descontrol aún mayor. Pero la legitimidad del poder político también está en juego. La ciudadanía ha expresado contundentemente su hartazgo frente a los escándalos de corrupción, la impunidad y el olvido.
Desde el Congreso, algunos sectores consideran que el estado de emergencia es una estrategia para ganar tiempo y desactivar la presión social, mientras se reacomodan las coaliciones políticas.
Una encuesta reciente de IEP reveló que casi el 70% de los peruanos apoya protestas pacíficas como medio legítimo para reformar el sistema de seguridad y justicia. Es decir, la sociedad está movilizada, pero también observa con cautela cómo el gobierno responde.
El peligro de la militarización
Perú tiene una historia complicada con la militarización de su territorio. Durante los años del conflicto interno con Sendero Luminoso, muchas regiones vivieron abusos sistemáticos por parte de las fuerzas del orden. Hoy, la idea de ver nuevamente soldados patrullando las calles genera desconfianza en gran parte de la población.
“Hay que recordar que la función de las Fuerzas Armadas no es la seguridad interna. Esa responsabilidad recae en la PNP (Policía Nacional del Perú), que debe ser fortalecida y no suplantada”, explica Daniel Mora, exministro de Defensa.
¿Hay salida para esta crisis?
Las soluciones no serán rápidas ni sencillas. Jerí necesitará más que decretos para recuperar el control: reformas en el sistema judicial, depuración interna de la policía, fortalecimiento del Ministerio Público y políticas sociales que impidan que miles de jóvenes terminen absorbidos por bandas criminales.
La sociedad civil, por su parte, ha empezado a organizar redes barriales de vigilancia comunitaria en zonas de alto riesgo. La autodefensa ciudadana nace como reacción al vacío estatal, pero también plantea riesgos si no se establece dentro de marcos legales adecuados.
Mientras tanto, Lima permanece bajo vigilancia, la tensión política no desaparece y los peruanos siguen esperando que la promesa de seguridad no sea, otra vez, un discurso vacío.
