Cierre del Gobierno en EE.UU.: Una lucha política que castiga a los más vulnerables

Un estancamiento que golpea al trabajador común

Ya han pasado más de 23 días desde el inicio del cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, y no hay señales de resolución en el horizonte. Mientras senadores republicanos y demócratas intercambian bloqueos legislativos, miles de empleados públicos han dejado de recibir sus salarios. Esta situación es un claro ejemplo de cómo las pugnas partidistas en Washington afectan directamente a los ciudadanos comunes.

El cierre del gobierno federal ha paralizado fondos esenciales y servicios desde agencias de salud hasta programas de asistencia alimentaria. En este contexto, ambas cámaras han intentado aprobar proyectos de ley para asegurar los salarios de los empleados, pero ninguno ha logrado pasar debido a la división partidista.

Choque de propuestas: trabajadores como rehenes

En el Senado, dos propuestas enfrentadas demostraron la falta de consenso: una demócrata que buscaba pagar a todos los empleados federales, incluidos los suspendidos; y una republicana que pretendía pagar solo a aquellos que aún tienen que reportarse a trabajar. Ambas iniciativas fueron bloqueadas por la oposición del partido contrario.

El republicano Ron Johnson defendió su propuesta diciendo que evitaría que los trabajadores fueran usados nuevamente como “moneda de cambio” en futuros cierres. Por su parte, Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, calificó la medida como una herramienta más para prolongar el cierre y castigar a las familias estadounidenses.

Millones sin salario y un liderazgo ausente

Al menos 800,000 empleados federales están afectados, y muchos ya han perdido su primer pago completo. Trabajadores de sectores críticos como controladores aéreos, agentes policiales y empleados de seguridad aeroportuaria han tenido que decidir entre pagar su hipoteca o conseguir un segundo trabajo temporal para subsistir. Tal como lo advirtió el secretario de transporte, Sean Duffy: “No puedo garantizar que su vuelo llegue a tiempo.”

Mientras tanto, el presidente Donald Trump se encuentra en una gira por Asia, prácticamente desconectado del caos interno que su administración contribuyó a crear. Su postura ha sido clara: no está dispuesto a negociar los subsidios del Acta de Cuidados Asequibles (ACA) mientras continúe el cierre.

Un sistema que penaliza a los vulnerables

Uno de los efectos más alarmantes del cierre es la interrupción de servicios de apoyo social. Programas como Head Start (educación preescolar para niños de bajos ingresos), asistencia alimentaria (SNAP) y subvenciones para calefacción durante el invierno también se están quedando sin fondos.

La combinación de pobreza, abandono del sistema y falta de gobernabilidad ha profundizado el malestar social. Esto ha coincidido con polémicas en otros estados como Míchigan, donde el Departamento de Transporte (MDOT) ha propuesto nuevas normas que han sido tachadas de criminalizar la situación de las personas sin hogar.

Míchigan y sus polémicas medidas contra personas sin techo

En un intento por formalizar sus normas internas, el MDOT busca prohibir dormir en parques públicos, usar overpasses como refugios improvisados, pedir dinero en estaciones de descanso e incluso solicitar donaciones sin permiso. Quienes violen estas reglas podrían enfrentar hasta 93 días de cárcel.

Según los datos más recientes, 33,226 personas vivían en situación de calle en Míchigan en 2023. Muchas de ellas utilizaban áreas de descanso para refugiarse ante las inclemencias del clima. Activistas como Nick Cook, de la Coalición de Míchigan contra las personas sin hogar, han advertido que estas normas “impactarán gravemente a quienes solo quieren escapar del frío y sobrevivir”.

A pesar de las declaraciones oficiales de que las normas no buscan criminalizar la falta de vivienda, muchos activistas señalan que estos cambios podrían facilitar medidas policiales punitivas y discriminatorias. Además, se busca restringir completamente protestas, manifestaciones, venta de artículos e incluso circular por ciertas veredas de la vía pública.

En medio del caos: la salud en la cuerda floja

Otro punto de tensión es la salud pública. El 1 de noviembre marca el inicio del nuevo período de inscripción abierta para seguros médicos bajo el ACA. Muchos estadounidenses dependen de los subsidios de la ley de 2021, que fueron ampliados durante la pandemia pero están a punto de expirar. Sin una decisión legislativa inmediata, millones podrían enfrentarse a una drástica subida de precios en sus pólizas.

Algunos republicanos han expresado apertura para negociar la extensión de estos subsidios con ciertas modificaciones, pero insisten en que no deben ser parte de las conversaciones sobre el reinicio del gobierno. Este enfoque ha llevado al atasco actual, donde ni la financiación federal ni la cobertura médica parecen prioritarias frente al orgullo partidario.

Los efectos invisibles de un cierre visible

• Salud mental: El estrés de miles de trabajadores que no saben si podrán pagar sus cuentas llega a niveles críticos. Reportes de ansiedad, depresión y trastornos del sueño aumentan de forma proporcional al número de días sin cobro.
• Seguridad alimentaria en riesgo: Programas como WIC (nutrición para mujeres y niños) y SNAP están al borde del colapso. Algunas oficinas locales ya han tenido que cancelar entregas o rechazar solicitudes nuevas.
• Afectación regional: Estados como Alaska, Virginia, California e Illinois, con gran número de empleados federales, han sido golpeados más intensamente. En algunas zonas rurales, el cese de servicios gubernamentales paraliza completamente comunidades enteras.

Un reflejo de una crisis más amplia

El cierre del gobierno no es solo una disputa entre legisladores. Es también una crisis moral que evidencia la desconexión entre los encargados del poder y las necesidades reales de sus ciudadanos. Esta parálisis institucional ofrece una radiografía precisa de un sistema donde las prioridades políticas eclipsan el bienestar humano.

Este patrón de comportamiento en Washington no es nuevo. Desde el cierre de 1995 bajo la presidencia de Bill Clinton, pasando por los cierres parciales de 2008 y el récord de 35 días en 2018-2019, los cierres se han convertido en herramientas comunes de presión política... con víctimas repetidas: los trabajadores y las clases más desfavorecidas.

No se trata solo de política

En última instancia, este momento plantea preguntas cruciales: ¿quién garantiza la continuidad del sustento común? ¿Por qué dejamos que millones sufran por la inacción de unos pocos? Como sociedad, el costo humano de estos cierres debería ser inaceptable.

Lejos de los reflectores del Capitolio, lo que se vive es hambre, frío, incertidumbre y desesperación. El cierre gubernamental no es un juego político. Es una herida abierta en el corazón de una nación que aún se jacta de ser “la tierra de las oportunidades”.

“Debe haber una mejor manera de gobernar”, dijo un controlador aéreo que pidió anonimato. “Porque esto no es gobierno, es negligencia.”