El hambre como arma política: SNAP, inmigración y el choque federal en Estados Unidos

SNAP al borde del abismo: ¿Qué está en juego?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, beneficia aproximadamente a uno de cada ocho estadounidenses. Esta ayuda, vital para mantener alimentos en la mesa de millones, corre serio riesgo de ser interrumpida a partir del 1 de noviembre debido a un posible cierre del gobierno federal. La interrupción amenazaría con dejar a familias afectadas por la pobreza sin este respaldo clave justo cuando el costo de vida sigue escalando.

Cada beneficiario de SNAP recibe una tarjeta tipo débito con un promedio de $187 mensuales, utilizables exclusivamente para alimentos en establecimientos autorizados. La posible suspensión impacta especialmente a hogares encabezados por mujeres, ancianos, trabajadores a tiempo parcial e incluso veteranos. Según el Center on Budget and Policy Priorities, aún podrían quedar $5 mil millones disponibles en un fondo de contingencia, pero su uso no ha sido confirmado por el Departamento de Agricultura (USDA).

Cuando los estados quieren ayudar pero no pueden

De acuerdo con funcionarios de Alaska, Nuevo México y Dakota del Norte, intentar financiar SNAP a nivel estatal es prácticamente imposible. El sistema que distribuye estos beneficios está completamente centralizado y controlado por el USDA. A principios de mes, la agencia prohibió a los estados enviar instrucciones a las compañías encargadas de las tarjetas EBT, debido a la incertidumbre financiera.

"Sin acción del USDA, es muy poco probable que los estados puedan entregar los beneficios de noviembre", comentó Carolyn Vega, analista política de la organización Share Our Strength.

Realidades personales: entre el hambre y la deuda

Sylvia Serrano, residente de Camden, Nueva Jersey, es uno de los rostros humanos detrás de estas cifras. Recibe $100 al mes para alimentar a sus cuatro nietos, dos de los cuales tienen autismo y necesitan dietas específicas. Depender de bancos de alimentos no siempre es viable, ya que no suelen ofrecer productos especializados.

"Con SNAP puedo estar al día con mis gastos. Sin él, tendría que dejar de pagar una factura o algo para cubrir las necesidades alimentarias, y luego esas deudas se empiezan a acumular", dice Serrano con preocupación.

Estados movilizados y la Guardia Nacional en escena

Estados como Arkansas han comenzado a notificar a beneficiarios sobre la posible interrupción, alentando a que busquen ayuda en pantries, organizaciones religiosas y familiares. California incluso ha desplegado a la Guardia Nacional para apoyar a los bancos de alimentos.

"Esto es grave, urgente y requiere acción inmediata", dijo el gobernador Gavin Newsom.

La ironía yace en que los bancos de alimentos ya enfrentan un aumento sostenido de la demanda por los recortes previos a programas federales. En Filadelfia, por ejemplo, el Share Food Program debió recortar el 20% de su presupuesto anual debido a retrasos en la financiación estatal, lo que equivale a $8.5 millones, según su director ejecutivo George Matysik.

Paralelo alarmante: la ofensiva migratoria en Chicago

Mientras tanto, en Chicago y otras ciudades, el gobierno federal ha intensificado la implementación de leyes migratorias y la presencia de agentes de inmigración bajo políticas del expresidente Donald Trump. Estas acciones han generado choques directos con funcionarios electos y activistas.

Uno de los casos más resonantes es el de Hoan Huynh, legislador estatal que fue interceptado por agentes federales mientras alertaba a negocios sobre operativos migratorios. Su auto fue rodeado, le apuntaron con armas y tomaron fotos de su rostro y del de su acompañante. "Nos identificamos como funcionarios públicos. Mis manos estaban visibles y aun así fui tratado como una amenaza", relató.

Huynh nació en Vietnam y fue acogido por EE. UU. como refugiado. "Es preocupante que estemos viviendo bajo un régimen de tipo autoritario", declaró.

Funcionarios acosados y detenidos: una nueva norma

Lo ocurrido con Huynh no es un caso aislado. Funcionarios municipales y estatales han reportado detenciones, amenazas y uso excesivo de fuerza durante operaciones migratorias. En el barrio latino de Little Village, el concejal Mike Rodríguez confirmó que empleados de su oficina fueron detenidos por siete horas, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses.

La concejal Jessie Fuentes presentó una demanda por $100,000 tras ser esposada en un hospital en el que intentaba garantizar derechos de un detenido. "Cuando agentes no identificados empujan, esposan y detienen a funcionarios, estamos en un momento muy peligroso", afirmó su abogada Jan Susler.

Trump y su retórica incendiaria

Desde fuera del cargo, Trump continúa impulsando políticas migratorias agresivas. Ha planteado la posibilidad de encarcelar al gobernador de Illinois y al alcalde de Chicago. Tales comentarios se perciben como estrategias de miedo en contextos electorales clave.

En la primaria demócrata de Illinois para marzo, marcada por una cifra récord de escaños abiertos, temas como inmigración y los derechos ciudadanos han dominado la escena, exacerbados por denuncias de detenciones arbitrarias a manifestantes y periodistas.

El caso de la isla de la Guardia Costera

Uno de los episodios más simbólicos es el despliegue de agentes del CBP hacia Coast Guard Island, una isla artificial de 67 acres en la bahía de San Francisco que alberga una base de la Guardia Costera. La medida, parte del “enfoque gubernamental completo” del DHS, despertó protestas de residentes y activistas, alimentados por la percepción de una militarización de la inmigración.

Según el DHS, se busca "detectar e interceptar a inmigrantes ilegales, narco-terroristas e individuos peligrosos antes de que lleguen a nuestras fronteras".

Una peligrosa convergencia

La simultaneidad del posible colapso de un programa alimentario masivo y una ofensiva migratoria sin precedentes pinta una escena crítica en la política estadounidense.

Desde una perspectiva estratégica, el uso combinado del miedo al hambre y al aparato estatal responde a tácticas de presión y silenciamiento. Comunidades inmigrantes dependen desproporcionadamente de SNAP. Por tanto, eliminar esta ayuda y simultáneamente intensificar operativos migratorios amenaza seriamente el bienestar, la estabilidad y la participación cívica de estas poblaciones.

“Cada vez que hay una crisis, es la clase trabajadora la que primero siente el dolor”, dijo Matysik. Y ahora, esa crisis tiene múltiples frentes y un objetivo claro: sembrar desestabilidad controlable en sectores progresistas, diversos y organizados.