¿Donaciones privadas para pagar al ejército? Una peligrosa grieta en el sistema federal de EE.UU.

El reciente cierre del gobierno federal de Estados Unidos ha destapado más que el ya conocido estancamiento político en el Congreso. Esta vez, un evento sin precedentes —la aceptación por parte del Pentágono de una donación privada de $130 millones— ha capturado la atención de expertos, ciudadanos y organismos de ética. ¿Puede un individuo solventar la nómina del ejército de uno de los países más poderosos del mundo? ¿Qué significa esto para la democracia y el sistema institucional estadounidense?

Un gesto 'patriótico' o una grieta institucional

En un evento en la Casa Blanca, el entonces presidente Donald Trump mencionó con entusiasmo que "un amigo suyo" había realizado una donación para cubrir posibles déficits en el pago de salarios militares debido al cierre. Aunque Trump se negó a revelar el nombre del donante, calificó el gesto como el de "un patriota". Días después, el Pentágono confirmó la aceptación de la donación, aclarando que fue autorizada bajo su capacidad general de aceptación de regalos.

Según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, los fondos “fueron donados con la condición de que se usaran para compensar los costos relacionados con salarios y beneficios del personal militar”. No obstante, esta afirmación no disipó las preocupaciones existentes, sino que las intensificó.

Un parche millonario a un problema de miles de millones

El regalo de $130 millones, aunque significativo, representa apenas una fracción del total necesario para cubrir la nómina militar. Tan solo en la semana previa a la donación, la administración Trump movió $6.5 mil millones desde fondos destinados a investigación y desarrollo militar para garantizar los pagos. El próximo pago requería aún más dinero del que esta donación podía proporcionar.

Así lo explicó Max Stier, presidente de la organización no partidista Partnership for Public Service: “Es como si pagar a nuestras fuerzas armadas fuese comparable a que alguien te pague la cuenta en un bar”.

Una peligrosa tendencia: financiamiento privado de funciones públicas

Estados Unidos se enorgullece de contar con una de las estructuras estatales más sólidas del mundo. Sin embargo, permitir que particulares paguen funciones críticas, como el salario de los soldados, abre una caja de Pandora legislativa y moral.

Hay precedentes preocupantes: en 2023, un mismo multimillonario donó más de $50 millones al sistema educativo de una ciudad afectada por recortes federales. Si bien algunos aplauden estos actos como altruistas, el trasfondo es inquietante: ¿se está deslizando el país hacia una privatización invisible de instituciones esenciales?

¿Legal, pero legítimo?

El reglamento del Departamento de Defensa establece que cualquier regalo que supere los $10,000 debe ser evaluado por funcionarios de ética antes de su aceptación. En este caso, el Pentágono afirmó que siguió los protocolos correspondientes, aunque no dio detalles sobre el análisis ético en torno a este donativo en particular.

La falta de transparencia sobre la identidad del donante y sus posibles vínculos con contrataciones militares ha inquietado incluso a legisladores del partido del propio Trump.

"El pueblo norteamericano merece saber si alguien que está financiando nuestras fuerzas armadas tiene algún interés comercial con el Departamento de Defensa", expresó la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien exigió una investigación formal.

El contexto del cierre de gobierno

Este cierre gubernamental, que ya lleva más de 24 días, está en camino de convertirse en uno de los más largos en la historia de Estados Unidos. La razón oficial: un desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre el financiamiento del sistema de salud y otras partidas presupuestarias claves.

En medio del caos institucional, los pagos a servicios esenciales, como controladores aéreos, empleados del correo, y las fuerzas armadas, corren peligro de ser suspendidos. Es en este marco que el donativo fue aceptado, exacerbando la fragilidad del entorno político.

La administración también movió $8 mil millones de otras partidas militares, como desarrollos tecnológicos y modernización de equipamiento, para evitar una crisis más grave. Sin embargo, estos movimientos presupuestarios están lejos de ser soluciones sostenibles.

Un precedente para el clientelismo moderno

Históricamente, uno de los principios fundamentales del servicio público ha sido su neutralidad: los funcionarios sirven al Estado, no a intereses individuales o corporativos. Aceptar donaciones privadas de esta magnitud podría inclinar ese delicado balance.

“Cuando abrimos la puerta a que los ricos puedan cubrir gastos esenciales del Estado, creamos una plutocracia, no una democracia”, advierte Michael Sandel, filósofo político de Harvard. “Hoy es el ejército, mañana podría ser la policía, el sistema judicial o las escuelas públicas.”

¿Un regalo sin manos visibles?

Si bien la identidad del donante sigue siendo confidencial, varios analistas coinciden en que el secretismo es parte del problema. De acuerdo con el Oficina de Ética Gubernamental de EE.UU., cualquier regalo significativo aceptado por una entidad federal debería ser evaluado públicamente, especialmente si está acompañado de condiciones, como lo fue este caso.

“Los actos benéficos no están exentos de escrutinio cuando afectan a instituciones públicas,” señala Kathleen Clark, profesora de derecho en la Universidad de Washington. “Si el ejército de Estados Unidos empieza a depender de mecenas anónimos, perdemos soberanía y control institucional.”

Un llamado urgente a la legislación ética

Cada vez son más las voces que exigen una revisión de las leyes que permiten a entidades gubernamentales aceptar regalos sin mecanismos de control más estrictos. En un momento de fuerte polarización política e institucional, este tipo de situaciones podrían volverse moneda corriente si no se actúa con rapidez.

La senadora Warren planea presentar un proyecto de ley en los próximos meses que limite las donaciones privadas a agencias federales y fuerce mayor transparencia en todas las políticas de aceptación de fondos externos.

No obstante, sin el apoyo del Congreso —actualmente dividido— la legislación podría tardar en tomar fuerza, mientras nuevos "patriotas" podrían decidir repetir el gesto de este donante anónimo.

¿Y ahora qué? El riesgo de la normalización

Más allá del caso particular, lo preocupante es la posibilidad de que estas acciones se vuelvan rutina en futuras crisis. Si cada cierre presupuestario puede ser "salvado" por un filántropo, ¿qué incentivo queda para solucionar el problema de fondo: una parálisis legislativa crónica?

La solución no puede —ni debe— estar en manos de individuos, por muy generosos que sean. El financiamiento público debe descansar sobre estructuras estables, consensuadas y transparentes. De lo contrario, nos enfrentamos al riesgo de desmantelar lentamente lo que ha costado siglos construir: una democracia funcional y soberana.