Kilmar Abrego García: El caso que expone la crueldad sistémica del sistema migratorio estadounidense
De El Salvador a Liberia, la historia de un inmigrante atrapado entre errores del gobierno, familia en EE. UU. y un cuestionado criterio de deportación
Una historia de desplazamientos forzados y decisiones arbitrarias
En el laberinto kafkiano que caracteriza el sistema migratorio de los Estados Unidos, el caso de Kilmar Abrego García representa un ejemplo vivo de cómo errores gubernamentales, decisiones políticas y dinámicas judiciales pueden alterar la vida de un individuo y exponer las grietas estructurales de una política migratoria punitiva.
Abrego García, un salvadoreño que vive en Maryland, ha estado en el ojo del huracán político y legal tras ser deportado por error a El Salvador en contra de un acuerdo judicial vigente, solo para ser devuelto posteriormente a EE. UU. por orden de la Corte Suprema. A pesar de haber vivido en el país desde que era adolescente y tener una esposa e hijo estadounidenses, actualmente enfrenta una posible deportación a Liberia, nación con la cual no posee vínculo alguno.
Deportación y error: el principio de una odisea legal
En 2019, un juez de inmigración le concedió a Abrego protección contra su deportación a El Salvador, país donde enfrentaría un "temor fundado" de violencia por parte de pandillas que amenazaron a su familia. Sin embargo, en 2020, y en aparente contradicción a este fallo, fue deportado por error. Este acto violó un acuerdo que le garantizaba el derecho a permanecer en EE. UU. mientras se resolvían sus trámites legales.
En respuesta a este acto ilegal, la Corte Suprema ordenó al gobierno de Donald Trump repatriar a Abrego, marcando un hecho sin precedentes: pocas veces un tribunal obliga al ejecutivo a revertir una deportación mediante intervención judicial.
La estrategia del castigo: ¿deportarlo a cualquier país?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha propuesto deportar a Abrego a Liberia, después de fallidos intentos con Uganda, Esuatini y Ghana. Sin embargo, su abogado Simon Sandoval-Moshenberg denunció que se trata de una maniobra punitiva respaldada por motivaciones políticas:
“Costa Rica está dispuesta a aceptarlo como refugiado, una opción viable y legal. Sin embargo, el gobierno ha elegido un camino diseñado para infligir el mayor sufrimiento posible. Estas acciones son punitivas, crueles e inconstitucionales.”
Lo que subyace aquí no solo es una lucha individual por la libertad y la justicia, sino una lucha más amplia contra un sistema migratorio que puede actuar con arbitrariedad bajo el velo de la legalidad.
Perfil de Abrego García: ¿una amenaza, un refugiado o un chivo expiatorio político?
Abrego, además de pelear su estatus migratorio, enfrenta cargos federales en Tennessee por presunto tráfico de personas. Aunque él se ha declarado inocente, ha solicitado la desestimación de los cargos alegando persecución selectiva y represiva como represalia por el fallo adverso al gobierno anterior en su caso migratorio.
En este contexto, la narrativa oficial intenta presentarlo como una figura de sospecha o amenaza, una táctica común utilizada para justificar medidas extremas bajo el disfraz de seguridad nacional o cumplimiento de la ley.
¿Por qué Liberia?
En su intento por justificar la deportación a Liberia, el gobierno enfatizó que el país es “una democracia próspera” con protección de derechos humanos. Si bien esto puede ser objetivamente cierto, el hecho de que Abrego no tiene conexión alguna con Liberia plantea fuertes dudas sobre la legitimidad y humanidad de dicha decisión.
- El idioma nacional en Liberia es inglés, pero Abrego apenas lo habla.
- No posee familiares ni redes de apoyo en África occidental.
- Costa Rica, país que sí ha mostrado disposición a aceptarlo como refugiado, ha sido descartado sin justificación legal concluyente.
En palabras llanas, la elección parece menos motivada por logística o derecho internacional, y más por estrategia de desgaste.
El drama humano más allá de la ley
Este caso revela la cara más cruda del sistema de deportaciones: detrás de las cifras y procedimientos legales operan decisiones con repercusiones humanas profundas. Abrego García ha vivido en EE. UU. durante años. Tiene una familia, un hogar y vínculos sociales. Enviar a una persona a un continente distinto equivale a desterrar, a arrancarla de su comunidad y condenarla a un exilio eterno.
Esta es una violación no solo del espíritu de la ley, sino de cualquier noción básica de justicia y decencia.
El trasfondo político del caso: el legado de Trump
Pocas políticas del gobierno de Donald Trump generaron tanto rechazo como su línea dura en migración. Desde la separación de familias en la frontera hasta la prohibición de viajes de países musulmanes, Trump mostró una postura xenófoba y punitiva. En este ambiente, casos como el de Abrego se convirtieron en terreno fértil para castigos ejemplares.
El hecho de que la Corte Suprema tuviera que intervenir para corregir un error administrativo debería hacer sonar las alarmas. No se trata solo de un fallo momentáneo, sino de un sistema diseñado para castigar al inmigrante incluso cuando no ha quebrado ninguna norma.
¿Quién decide el destino del migrante?
Los jueces pueden dictar sentencias, los abogados pueden apegarsen a jurisprudencia, pero muchas veces, el destino del migrante depende más de factores políticos, de discrecionalidad burocrática y de conveniencias diplomáticas que de derecho propiamente dicho.
Lo preocupante de casos como estos es que crean un precedente peligroso: si hoy te pueden obligar a ir a Liberia sin conexión alguna, ¿a quién le podría pasar mañana?
El papel de la sociedad civil y la prensa
El caso ha atraído atención mediática considerable y apoyo de organizaciones de derechos humanos. La presión pública ha sido clave para evitar la deportación inmediata en varias instancias. Sin embargo, la fragilidad de la situación de Abrego revela cuánto depende un inmigrante de estar en el radar de los medios para evitar decisiones injustas.
¿Qué sucede con aquellos que no tienen abogados con acceso a periodistas o jueces sensibles a los derechos humanos? Muy probablemente, son enviados sin oposición a destinos tan lejanos como infames.
Nueva visión frente a un viejo sistema
El caso de Kilmar Abrego García exige una reflexión profunda sobre la transformación estructural del sistema migratorio estadounidense. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han demandado una revisión de las deportaciones sin debido proceso y de los traslados forzosos que violan convenios de refugiados y derechos fundamentales.
Los Estados Unidos deben decidir qué tipo de país quieren ser: ¿un país que castiga a los inmigrantes con actos de venganza burocrática o un país que reconoce los errores y repara con justicia y humanidad?
Como dijo su abogado: “El gobierno no solo está ignorando la ley, está castigando a un hombre por haberles ganado en la corte.”
¿Abrego García como símbolo?
Este caso ya no es solo el de Kilmar. Representa a miles de personas atrapadas en un sistema frío, cargado de prejuicios y gobernado más por impulsos políticos que por justicia. Es un símbolo, un recordatorio de que las políticas migratorias no son estadísticas: son vidas, familias y futuros.