Sanciones, elecciones y tensiones: Trump, Petro y el tablero geopolítico en juego

Trump y las elecciones en New Jersey: el retorno estratégico a los focos

El expresidente Donald Trump planeó una aparición telefónica para respaldar al candidato republicano a la gobernación de New Jersey, Jack Ciattarelli, en un intento por fortalecer las esperanzas del Partido Republicano en una elección estatal clave antes de las elecciones intermedias. Esta jugada no es aislada: Trump busca mantener su influencia política viva en campos tanto nacionales como internacionales.

Ciattarelli, exlegislador estatal y empresario, ha abrazado abiertamente el respaldo de Trump, calificándolo con una "A" durante su gestión en la Casa Blanca. Aunque Trump no ha hecho campaña presencial con él, su apoyo remoto y publicaciones en redes como Truth Social elevan la exposición del candidato en una carrera que podría definir el pulso ideológico del estado.

New Jersey y Virginia son los únicos dos estados celebrando elecciones para gobernador en noviembre y funcionan como termómetros políticos de cara a los comicios legislativos nacionales. Los demócratas, encabezados por figuras como Barack Obama, también hacen sentir su presencia. Obama ha aparecido junto a la demócrata Mikie Sherrill y con Abigail Spanberger, candidata a la gobernación de Virginia.

Petro vs Trump: choque frontal en el tablero internacional

Mientras en casa Trump reactiva su poder político, al otro lado del continente ha iniciado un enfrentamiento con uno de los líderes latinoamericanos más visibles del momento: el presidente colombiano Gustavo Petro.

La administración Trump impuso sanciones a Petro, su esposa, su hijo y su ministro del interior Armando Benedetti, acusándolos de favorecer el narcotráfico. El Departamento del Tesoro justificó la medida alegando que Petro ha "permitido que florezcan los cárteles" y se ha negado a detenerlos. Aunque muchos lo interpretan como un movimiento político más que jurídico, las implicaciones son extremas.

La respuesta de Petro no se hizo esperar. Calificó las sanciones como una "paradoja" viniendo de un país que ha sido uno de los mayores consumidores globales de cocaína y criticó el uso de la fuerza contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, que ya han dejado al menos 43 muertos en el Pacífico oriental.

"Nunca de rodillas", escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter), defendiendo su estrategia antidrogas como la más humanitaria y efectiva.

¿De qué acusa realmente Trump a Petro?

Trump ha llevado la confrontación al plano personal. En declaraciones recientes incluso se refirió a Petro como "un líder del narcotráfico ilegal" y amenazó con aranceles a las exportaciones colombianas. Su narrativa se apoya en un informe de la ONU que evidencia que la superficie dedicada al cultivo de coca ha alcanzado 253,000 hectáreas en 2023, triplicando el área registrada hace una década.

No obstante, Petro ha subrayado que su gobierno ha logrado récords en incautaciones de cocaína y desmantelamiento de estructuras del narcotráfico. A diferencia de sus antecesores, su política no busca criminalizar al campesinado productor sino ofrecer rutas de sustitución voluntaria de cultivos.

Las tensiones con Colombia y la militarización del Caribe

Como parte de su escalada, la administración Trump ha movilizado un portaaviones hacia las costas de Sudamérica, aumentando la presión geopolítica. La región es ruta principal de tránsito del 90% de la cocaína que llega a EE.UU., y Colombia, Perú y Bolivia son los principales productores mundiales.

La presencia militar estadounidense no es nueva, pero su renovación en tono bélico recuerda a políticas intervencionistas de décadas anteriores. En este escenario, Petro ha denunciado que Colombia está siendo usada como terreno de confrontación política entre dos administraciones ideológicamente opuestas.

Retórica vs realidades: ¿quién gana en la opinión pública?

Las encuestas en EE.UU. muestran que los votantes republicanos siguen respaldando mayoritariamente a Trump, especialmente en estados conservadores. Sin embargo, su estilo beligerante, tanto local como internacional, despierta rechazo entre sectores más moderados. Según Pew Research, el 58% de los estadounidenses desaprueban enfoques militares excesivos en América Latina.

En Colombia, la percepción es mixta. Muchos ven las sanciones como una forma de injerencia y una represalia por una política antidrogas que prioriza los derechos humanos. Pero la oposición interna a Petro ha aprovechado el escándalo para cuestionar la legitimidad de su estrategia.

Más allá del discurso: consecuencias legales y económicas

Las sanciones impuestas incluyen el congelamiento de activos en EE.UU., la prohibición de ingreso al país y restricciones a negocios. Esta decisión podría reducir los flujos de cooperación bilateral, incluidas ayudas por más de $400 millones anuales en asistencia de seguridad y desarrollo rural.

"Contra las calumnias de altos funcionarios estadounidenses, me defenderé judicialmente en tribunales de ese país", dijo Petro, anunciando una ofensiva legal.

La Casa Blanca, por su parte, ha evitado confirmar si las sanciones podrían extenderse a otras figuras del gobierno colombiano. Sin embargo, fuentes del Departamento de Estado han filtrado que se considera revocar visas y restringir las exportaciones de ciertos productos colombianos como una medida de presión política adicional.

¿Se reencenderá la política del “Plan Colombia”?

El “Plan Colombia”, lanzado a finales de los 90 con apoyo de la administración Clinton, estableció una cooperación sin precedentes entre Washington y Bogotá para combatir el narcotráfico. Ahora, con Trump desmarcándose completamente de cualquier enfoque diplomático, se plantea un retorno a políticas de mano dura y militarización, que Petro ha llamado “fracaso histórico”.

La nueva administración, si Trump volviera al poder en 2024, ya ha dejado claro cuál sería su fórmula: sanciones, aranceles y despliegue militar. Un giro absoluto respecto al enfoque Biden, quien ha optado por el fortalecimiento institucional y el desarrollo social.

Paralelo inquietante: la justicia federal en pausa

Otra manifestación de la gestión Trump y sus consecuencias se vive en el sistema judicial. El cierre parcial del gobierno y la falta de fondos han obligado a suspender un caso clave en Nuevo México por pena de muerte, lo que expone cómo las políticas federales desestabilizan derechos constitucionales.

El caso de Labar Tsethlikai, acusado de crímenes cometidos en comunidades nativo-americanas, ha sido suspendido debido a la falta de fondos para la defensa pública, lo que sienta un precedente peligroso: sin recursos, la justicia no puede funcionar, sin importar el crimen que se investigue.

"El derecho a una defensa es uno de los principios fundamentales de este país, y el cierre ha impedido claramente ese derecho", escribió el juez David Herrera Urias en su resolución.

Este cierre afecta a más del 40% de los acusados en casos federales, quienes dependen de abogados nombrados por el tribunal y hoy no están recibiendo pagos. Un reflejo de cómo la política partidista puede tener repercusiones directas —y graves— sobre derechos fundamentales.

Un tablero global donde todos pierden

Esta doble narrativa muestra que, tanto a nivel local como internacional, las estrategias del expresidente Trump están definiendo dinámicas de poder profundamente polarizadas. Desde apoyar a candidatos que buscan replicar su estilo, hasta atacar a líderes de la región que disienten de su visión, todo en Trump es provocación e intención política.

Y si bien su capacidad para interferir sigue siendo fuerte, los límites institucionales, el rechazo de amplios sectores sociales y las consecuencias económicas hacen cada vez más evidentes los riesgos de un liderazgo basado en sanción y confrontación.

Colombia, por ahora, se convierte en un frente de batalla simbólico y material. Pero lo que realmente está en juego es el modelo de democracia, soberanía e integración que imperará en América en las próximas décadas.