Del cierre técnico al pulso presidencial: cómo los 'shutdowns' transformaron el poder en Washington
De una herramienta legal para controlar el gasto federal a un arma de presión política: la evolución de los cierres de gobierno en EE.UU.
El origen legal de los cierres de gobierno
Lo que hoy conocemos como "shutdown" gubernamental en Estados Unidos es un fenómeno relativamente reciente en la historia política del país. Si bien es el resultado de una interpretación estricta de las leyes federales, fue realmente en 1980 cuando este mecanismo comenzó a tomar forma como práctica política. El responsable fue Benjamin Civiletti, fiscal general durante la presidencia de Jimmy Carter, quien emitió una serie de opiniones legales fundamentales.
Civiletti recurrió al Antideficiency Act de 1870, una ley poco utilizada que establece que ninguna parte del gobierno federal puede gastar dinero que no haya sido expresamente autorizado por el Congreso. El entonces fiscal general interpretó que esta norma era “clara y sin ambigüedades” y, por ende, el gobierno debía apagar sus operaciones no esenciales cuando no existiera un presupuesto aprobado.
Pero ni siquiera Civiletti imaginó que su interpretación se convertiría en un arma política potente en las décadas siguientes: “Nunca se me habría ocurrido que estos cierres durarían tanto ni que se usarían como táctica política”, dijo en 2018. Benjamin Civiletti falleció en 2022, dejando un legado jurídico que influenció uno de los mecanismos más disruptivos de la política estadounidense moderna.
La evolución: de debate legal a arma política
Durante 15 años después de la interpretación de Civiletti, los cierres fueron breves y poco frecuentes. Pero en 1995 y 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton y con Newt Gingrich como presidente de la Cámara de Representantes, el país experimentó dos shutdowns significativos, siendo el segundo de 21 días.
El enfrentamiento entre Clinton y Gingrich giró en torno a recortes de gastos y la financiación del Medicare, y se convirtió en una lucha política emblemática. Clinton no solo sobrevivió al cierre, sino que salió fortalecido, logrando su reelección en 1996. Historiadores como Mike Davis opinan que “los republicanos lograron algunas concesiones de política pública, pero en general, fue una derrota política”.
El siguiente gran episodio se dio en 2013, durante el mandato de Barack Obama, cuando los republicanos del Tea Party utilizaron el cierre de gobierno para intentar desmantelar el programa de salud conocido como Obamacare. El cierre duró 16 días, y aunque los republicanos obtuvieron atención mediática, no lograron cambios estructurales.
Trump y el cambio de paradigma
Donald Trump llevó la política del shutdown a un nuevo extremo. Durante uno de los cierres más largos de la historia (35 días entre diciembre de 2018 y enero de 2019), transformó una herramienta de control presupuestario en un mecanismo de poder presidencial. Este cierre, técnicamente desencadenado por el desacuerdo relacionado con el financiamiento del muro fronterizo, fue, en la práctica, una muestra de fuerza política.
Trump no sólo aprovechó el vacío legal para reconfigurar prioridades presupuestarias como el traspaso de fondos del Departamento de Defensa, sino que también utilizó las instituciones gubernamentales como canales de comunicación política. Agencias federales colocaron mensajes responsabilizando a los demócratas por el cierre en sus propios sitios web.
En palabras de Charles Tiefer, profesor emérito de derecho en la Universidad de Baltimore: “El presidente usó una especie de poder libre de apropiación presidencial, algo totalmente contrario al sistema de pesos y contrapesos de la Constitución”.
Trump fue más allá: en reuniones públicas presentó a su director de presupuesto como “Darth Vader” y presumió de estar recortando iniciativas demócratas. En esa ocasión, se intentó despedir a más de 4.000 empleados federales, muchos en agencias percibidas como enemigas del oficialismo republicano.
La resistencia demócrata y la redefinición institucional
Frente a esta estrategia, los demócratas respondieron con una postura inmóvil. Insistieron en que el costo político del cierre lo pagaría quien ostentara el poder, en este caso el Partido Republicano.
El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, señaló que su estado resultaba enormemente afectado por la gran concentración de empleados federales. Pero aun así defendió la resistencia: “Mis votantes están hartos del castigo constante de Trump. Desde despidos hasta la eliminación de fondos para proyectos universitarios”.
Los efectos reales comenzaron a sentirse rápidamente: desde suspensión de salarios para cientos de miles de empleados hasta el peligro de paralización del SNAP (programa de asistencia alimentaria), que ayuda a 1 de cada 8 estadounidenses. Mientras tanto, el tráfico aéreo también sufrió perturbaciones debido a la falta de personal en controladores aéreos.
Por su parte, el senador Angus King (independiente por Maine), expresó su preocupación por las consecuencias a largo plazo: “Este tipo de cierres empoderan al presidente más allá de lo que debería permitirse y dañan al país desde dentro”.
¿El futuro de los cierres de gobierno?
Desde 1980, ha habido más de 20 cierres del gobierno federal en EE.UU. Aunque la mayoría fueron breves, al menos cuatro duraron varios días e implicaron consecuencias económicas y administrativas serias. El más largo de todos fue el de Trump en 2018-2019, afectando directamente a más de 800.000 empleados federales.
- Duración promedio de un shutdown: 6 días.
- Cierre más corto: unas horas en febrero de 2018.
- Cierre más largo: 35 días, entre diciembre de 2018 y enero de 2019.
Lo que comenzó como una interpretación legal estricta ha mutado en un instrumento de lucha partidaria y un laboratorio de resistencia institucional. Aunque técnicamente los cierres sirven para evitar el gasto sin autorización, en la práctica se han convertido en campos de batalla por el poder ejecutivo.
Los especialistas en gobernanza temen que los cierres de gobierno sigan usándose como herramientas repetitivas de presión, erosionando no solo la moral del funcionariado federal, sino también la confianza de los ciudadanos en la estabilidad democrática del sistema estadounidense.
“Si los cierres continúan usándose como armas políticas, Estados Unidos corre el riesgo de normalizar la parálisis institucional como herramienta de poder”, alerta el politólogo Daniel Ziblatt, coautor del libro Cómo mueren las democracias.
¿Reforma a la vista?
Aunque se han propuesto cambios legislativos para evitar cierres prolongados —como propuestas para que, en caso de falta de presupuesto, se mantenga el financiamiento conforme al presupuesto anterior—, ninguna ha prosperado seriamente en el Congreso.
Hasta ahora, el coste político de un cierre solo se vuelve tangible cuando la ciudadanía muestra indignación. Pero mientras ambas cámaras estén tan polarizadas, el incentivo para evitar estos bloqueos no parece prioritario para los partidos.
La historia de los shutdowns ilustra cómo una herramienta burocrática se puede transformar en una estrategia de dominación política sin precedentes. La pregunta es cuánto más puede aguantar el sistema antes de resquebrajarse.
