La sombra tras la placa: negligencia policial en Nueva Jersey y el precio de la inacción

Un crimen espantoso. Una respuesta policial cuestionable. Y una familia rota por acciones —o inacciones— que, tal vez, pudieron evitarse. Lo ocurrido en Franklin Township, Nueva Jersey, el pasado 1 de agosto, toca nervios sensibles en medio de un creciente escrutinio público sobre la conducta de las autoridades policiales en Estados Unidos.

Un sargento, una llamada de emergencia… y una parada en una pizzería

Los hechos son alarmantes. Según la Oficina de la Fiscal del Condado de Hunterdon, el sargento Kevin Bollaro fue el oficial de servicio la noche del 1 de agosto cuando se recibieron múltiples llamadas al 911 reportando disparos y gritos en la tranquila localidad de Pittstown, a unos 100 kilómetros de Manhattan.

Lejos de acudir con urgencia a la escena, evidencias recolectadas —entre ellas datos de GPS y vídeos de cámaras de seguridad— muestran que el sargento Bollaro condujo en dirección contraria, parando primero en un cajero automático bancario y después en una pizzería, antes de ir a cualquier lugar vinculado verdaderamente con la emergencia.

“Estamos asombrados, decepcionados y furiosos”, señaló la familia de una de las víctimas, Lauren Semanchik, de 33 años, según WABC-TV. La otra víctima, Tyler Webb, de 29, también fue encontrada muerta al día siguiente. Ambos habían sido asesinados a tiros en una casa situada a unos 180 metros de donde la primera llamada de socorro había sido generada.

¿Negligencia o desinterés criminal?

La fiscal Renee Robeson ha imputado a Bollaro múltiples cargos, entre ellos conducta oficial indebida por abstenerse intencionadamente de cumplir con sus deberes como policía. También se le acusa de alteración de documentos públicos, pues su reporte del incidente contendría falsas declaraciones sobre la supuesta investigación realizada esa noche.

“Mientras afirmaba estar patrullando el área, en realidad iba rumbo a la pizzería”, aseguró la fiscal Robeson. La gravedad no es menor si se considera que mientras el oficial cenaba tranquilamente, a escasos metros se encontraban los cuerpos de dos personas que habían sido asesinadas por el teniente de la Policía Estatal de Nueva Jersey, Ricardo Santos, quien más tarde se suicidaría.

“No hizo diferencia alguna”, argumenta la defensa

Charles Sciarra, abogado defensor del sargento Bollaro, califica los cargos como “lamentables” y asegura que ninguna acción o inacción del oficial esa noche hubiera cambiado el resultado fatal. Pero la familia no está de acuerdo.

“Esto es solo la punta del iceberg”, aseguraron mediante un comunicado. Según ellos, este caso resalta “las múltiples fallas tanto de la policía local como estatal”.

La cultura de la impunidad en cuerpos policiales

Este evento se suma a una preocupante lista de casos en los que el comportamiento negligente o directamente criminal de oficiales ha puesto en tela de juicio la integridad de las instituciones de seguridad. En 2022, el Departamento de Justicia de EE.UU. encontró prácticas inconstitucionales generalizadas en el Departamento de Policía de Louisville (sí, la ciudad en donde Breonna Taylor fue asesinada por policías durante una redada).

Según la organización Campaign Zero, que recopila datos sobre violencia policial en EE.UU., más del 98% de los oficiales implicados en muertes resultan no enfrentando consecuencias criminales.

El problema no es un individuo: es sistémico

El caso de Kevin Bollaro no puede analizarse de manera aislada. Las actitudes de apatía, evasión de responsabilidad y complacencia institucional tienen raíces más profundas. Basta con examinar cómo, en muchas jurisdicciones, existen clubes de protección tácita que dificultan que los oficiales rindan cuentas.

Las llamadas “Leyes de Derechos de los Oficiales” en muchos estados otorgan privilegios especiales como períodos de espera antes de ser interrogados y protección ante sanciones laborales. ¿Resultado? Un sistema donde la responsabilidad se diluye.

Un acto incompleto de justicia

Aunque Bollaro enfrentará una audiencia judicial el 5 de noviembre, la familia y parte de la comunidad reclaman que más oficiales —y supervisores— deberían dar explicaciones. El teniente Ricardo Santos, quien perpetuó el doble asesinato, es otra figura en el centro del escándalo y cuya posición de poder también genera cuestionamientos.

¿Se ignoraron señales de conducta agresiva? ¿Tenía antecedentes de violencia doméstica o problemas psicológicos? Las autoridades aún no han ofrecido un informe completo sobre su historial.

El llamado urgente a una reforma estructural

Este no es solo un llamado de atención para Franklin Township, sino un espejo de una crisis mucho más amplia. La desconfianza ciudadana en la policía ha ido en aumento. Una encuesta del Pew Research Center de 2023 reveló que más del 60% de los afroamericanos y latinos creen que la policía los trata injustamente.

A eso se suma que los protocolos de respuesta ante emergencias muchas veces dependen demasiado del criterio individual del agente a cargo. Sin sistemas estandarizados, sin auditorías efectivas y con mecanismos de sanción que rara vez se activan, estamos frente a cráteres institucionales expuestos.

“La pizzería en vez de la justicia”: símbolo de un sistema colapsado

La imagen de un policía eludiendo una escena donde dos personas estaban —literalmente— muriendo, mientras él disfruta de una pizza, es más que indignante: es un símbolo de lo mucho que urge reinventar el concepto de seguridad pública.

El crimen no solamente lo comete quien aprieta el gatillo, sino también quien, teniendo el deber y la capacidad para actuar, elige no hacerlo.

¿Y ahora qué?

• Reforma policial integral: Necesitamos reestructurar desde la formación hasta los protocolos de evaluación y sanción interna.
• Mayor transparencia: Publicar datos en tiempo real sobre actuaciones policiales, tiempos de respuesta y sanciones.
• Supervisión ciudadana efectiva: Comisiones independientes con poder vinculante para investigar y actuar.
• Evaluaciones psicológicas regulares: No solo para ingreso al cuerpo, sino como práctica recurrente.

Mientras aguarda el juicio de Bollaro, Pittstown y sus familias seguirán buscando respuestas. Pero es Estados Unidos, en su conjunto, quien debe replantearse qué tipo de policía quiere tener. Porque, si la negligencia mata y se tolera, ¿quién puede sentirse realmente seguro?