La batalla entre California y el gobierno federal por licencias a migrantes: ¿Seguridad vial o estrategia política?

Una nueva tensión entre California y Washington

Una vez más, el estado de California se encuentra en el centro de un torbellino político, esta vez por su decisión de permitir que ciertos inmigrantes no ciudadanos accedan a licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés). El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, ha anunciado que está listo para retirar 160 millones de dólares en fondos federales para el estado, además de amenazar con revocar su autoridad para emitir dichas licencias.

¿Qué ha motivado esta polémica? ¿Está California quebrantando leyes o protegiendo a residentes imprescindibles para la economía estatal? Este artículo analiza el trasfondo legal, político e histórico de esta disputa que se mezcla con temas de inmigración, seguridad vial y lucha partidista.

El detonante: una tragedia en Florida y cambios federales

La chispa inicial fue un accidente fatal en Florida provocado, según autoridades, por un conductor inmigrante que estaba en el país ilegalmente. Tras un giro en U mal ejecutado, murieron tres personas. A raíz de este suceso, el Departamento de Transporte lanzó una auditoría nacional sobre la emisión de licencias comerciales, particularmente aquellas entregadas a inmigrantes por estados como California, Colorado, Pensilvania, y Texas.

Los nuevos requisitos federales exigen que solo tres tipos específicos de visas sean elegibles para obtener una CDL. Además, los estados deben verificar el estatus migratorio en una base de datos federal, y las licencias solo serán válidas hasta por un año o hasta que expire el visado del solicitante.

Un cruce de acusaciones entre Duffy y Newsom

Durante su aparición en Fox News, Sean Duffy fue tajante: “Estoy por retirar $160 millones a California”. También mencionó que 60,000 personas con estatus migratorio cuestionable actualmente conducen vehículos comerciales, incluyendo camiones con materiales peligrosos y autobuses escolares, lo cual supone, en sus palabras, un "peligro para todos los estadounidenses".

El gobernador de California, Gavin Newsom, por su parte, no ha respondido con declaraciones recientes, pero su administración ya había defendido su sistema señalando que los conductores con CDL en California tienen una tasa de accidentes menor tanto al promedio nacional como al de Texas, el único estado con más titulares de CDL.

¿Cuántas licencias se emitieron en cuestión?

• Se revisaron 145 licencias específicas.
• De ellas, el 25% no debieron haber sido emitidas según Duffy.
• Se identificaron al menos cuatro casos donde la licencia estaba activa años después de que el permiso de trabajo expirara.

Esta situación llevó al Departamento de Transporte a dar un plazo de 30 días a California para presentar un plan de cumplimiento o enfrentar sanciones económicas y administrativas.

¿Legalidad o una cuestión de interpretación?

California, un estado que históricamente ha fomentado políticas de inclusión para su población inmigrante (que representa el 27% del total de residentes, según PPIC), ha argumentado que está dentro de sus derechos al emitir CDLs bajo sus propias leyes cuando los solicitantes presentan documentos válidos.

El acto REAL ID y las normativas federales que entraron en vigor después del 11 de septiembre de 2001 permiten flexibilidad en asuntos de identificación estatal si se cumplen ciertos estándares federales. Sin embargo, estas reglas han sido modificadas por órdenes ejecutivas más recientes, y ahí es donde entra la disputa.

La dimensión política: ¿una guerra cultural encubierta?

La figura de Gavin Newsom ha sido clave en los debates nacionales de los últimos años. No solo por su manejo progresista de temas como cambio climático, derechos LGTBQ+ o regulación de armas, sino también por sus constantes enfrentamientos con figuras del Partido Republicano, especialmente el expresidente Donald Trump.

Newsom no ha descartado una candidatura presidencial en 2028, y ha utilizado sus redes sociales en una cruzada de trolling político contra los republicanos, lanzando campañas digitales que imitan el estilo de Trump con memes, mercancía y videos contundentes.

Mientras tanto, algunos ven los ataques de Duffy como una forma de ganar puntos con la base conservadora en un momento donde el tema migratorio es central para las elecciones de 2024.

¿Tienen razón las estadísticas?

California ha insistido en que sus conductores no ciudadanos son, en promedio, más seguros que el promedio nacional. Según reportes internos citados por la oficina del gobernador, los accidentes en los que están involucrados estos conductores son proporcionalmente menores.

Esto contrasta con el argumento de Duffy, quien aseguró que varias tragedias han sido provocadas por personas “que no deberían estar manejando en nuestras carreteras”. Sin embargo, la existencia de tragedias aisladas no necesariamente indica una tendencia generalizada.

El aspecto económico: ¿quién conduce realmente?

Estados como California dependen en gran parte de la mano de obra inmigrante. Sectores como la logística, la agricultura y la construcción emplean a miles de personas que manejan camiones, remolques y maquinaria especializada. Revocar la capacidad de miles de trabajadores de operar vehículos comerciales podría paralizar industrias enteras.

Según el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), en los últimos años se han emitido más de 600,000 CDLs, muchas de las cuales pertenecen a personas que no son ciudadanos, aunque sí tienen permisos válidos de trabajo o protección bajo programas como DACA.

El trasfondo legal: ¿puede Duffy realmente revocar fondos?

El Departamento de Transporte sí tiene autoridad para condicionar o retirar fondos cuando se determina que un estado no cumple con normativas federales específicas. En este caso, si se interpreta que California está violando las reglas sobre emisión de CDLs a ciertos grupos migratorios, Duffy podría materializar su amenaza.

No obstante, cualquier medida de este tipo podría enfrentar demandas judiciales inmediatas. El sistema judicial tendría que decidir si las nuevas reglas son retroactivas, si California tuvo intención de incumplirlas o si se le puede penalizar de manera desproporcionada.

¿Y ahora qué?

Lo más probable es que esta disputa escale hacia tribunales federales, mientras la batalla política se sigue librando en los medios. Los californianos, mientras tanto, observarán cómo los servicios públicos y las finanzas del estado pueden afectarles directamente si se pierden fondos esenciales en transporte.

En este cruce de caminos entre legalidad, política y derechos civiles, está claro que el verdadero impacto será sentido por las personas que, día a día, hacen que la economía norteamericana continúe en movimiento desde la cabina de un camión.

Fuentes consultadas: Departamento de Transporte de EE.UU, California DMV, PPIC.org, entrevistas de CBS y Fox News, declaraciones gubernamentales públicas.