Cierre del gobierno en EE. UU.: cuando la política deja con hambre a 42 millones de personas

La tragedia de un cierre gubernamental que afecta al pueblo

Con cada día que pasa, el segundo cierre gubernamental más largo de la historia de EE. UU. sigue cobrando un precio elevado, no solo para los empleados federales, sino también para millones de estadounidenses de bajos recursos que dependen de los programas de asistencia alimentaria. La situación actual es una tormenta perfecta de inacción política, lucha por el poder y decisiones unilaterales que están desencadenando consecuencias reales y devastadoras.

La inacción legislativa ya ha detenido pagos, interrumpido servicios y comprometido programas esenciales como SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), del que dependen 42 millones de estadounidenses. Una cifra que representa más del doble de la población de Venezuela o casi toda la de Argentina.

¿Qué es SNAP y por qué es fundamental?

SNAP proporciona asistencia alimentaria mediante tarjetas de débito recargadas mensualmente, válidas en tiendas y mercados autorizados. En promedio, cada beneficiario recibe aproximadamente $121 al mes para alimentos, y los hogares con hijos suelen recibir más. Para muchos, esta ayuda representa la diferencia entre tener una comida completa o no tener nada.

Según Feeding America, una de las redes de bancos de alimentos más grandes del país, SNAP cubre hasta nueve veces más comidas que todas las organizaciones benéficas de alimentos combinadas. “Cuando se elimina SNAP, las implicaciones son catastróficas”, dijo la directora general Claire Babineaux-Fontenot.

El costo humano: hambre, ansiedad y escasez

Para muchos beneficiarios, el fin de los beneficios SNAP no es solo una dificultad económica, sino una amenaza directa a su salud y bienestar. Martina McCallop, residente de Washington D.C. con dos hijos pequeños, contó que los $786 dólares mensuales de ayuda alimentaria los mantiene apenas a flote. Con la ayuda suspendida, teme por cómo alimentará a sus hijos: “Tengo que pagar la renta y los servicios. ¿Y después? No me queda dinero para comer”, relató a medios locales.

En lugares como Indianapolis, las despensas de comida han visto duplicarse la demanda. Voluntarios como Beth White del centro cristiano Central Christian Church comentan: “Esto va más allá de la inflación o la recesión. Es un colapso sistémico”.

Empleados federales: atrapados en medio del fuego cruzado

No solo los beneficiarios de SNAP están sufriendo. El personal federal activo y en funciones esenciales, como agentes del orden, funcionarios de salud e incluso miembros del ejército, han comenzado a trabajar sin remuneración. Con más de 800,000 trabajadores sin salario, muchos han acudido también a despensas de alimentos para subsistir.

La administración de Donald Trump ya había transferido $8 mil millones de fondos militares a principios de mes para cubrir pagos, pero esos recursos se han agotado. La incertidumbre persiste: ¿volverán a mover fondos? ¿A qué costo?

¿Por qué no se usan los fondos de emergencia?

El Departamento de Agricultura cuenta con $5 mil millones de fondos de contingencia destinados a catástrofes como terremotos o huracanes. Sin embargo, esta administración se ha negado a emplearlos durante el cierre, sosteniendo que su uso no está autorizado en un contexto político.

Para los demócratas esta decisión es inaceptable. Chuck Schumer, líder del Senado, denunció que: “la administración está eligiendo no usar el dinero. Es una elección intencional”. La postura oficial parece ser la de no utilizar esos recursos como medio de presión política.

Salud, otro rehén en esta batalla

A la crisis alimentaria se suma la sanitaria. Parte de las demandas demócratas para aprobar un nuevo presupuesto es la ampliación y subsidio del acceso a seguros del Affordable Care Act (ACA). Según el senador Tim Kaine, de Virginia, “necesitamos un acuerdo que proteja la salud de las familias trabajadoras”.

La ventana para revisión de planes del ACA ya debería haber comenzado. Sin embargo, con los empleados de salud pública en licencia obligatoria, el despliegue del sistema ha sido errático. Esto afecta a millones de estadounidenses que deben renovar seguros o buscar nuevas alternativas antes de fin de año.

Una lucha política sin fin (y sin solución a la vista)

Ni Casa Blanca ni Congreso ceden. Los republicanos exigen que los demócratas aprueben una resolución de financiamiento sin condiciones adicionales. La propuesta fue pasada en la Cámara baja el 19 de septiembre. Desde entonces, el Presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha mantenido a sus miembros fuera de sesión.

El Senado, dominado por demócratas, ha bloqueado el texto al considerar que omite aspectos vitales como salud e infraestructura social. Mientras tanto, el gobierno federal continúa paralizado, afectando desde controladores aéreos hasta inspectores de alimentos.

Las partes están firmes en su posición, pero la ciudadanía es la principal víctima. Como indicó la senadora Lisa Murkowski: “Hemos convertido a los empleados públicos en rehenes de una guerra política absurda”.

Los estados intentan responder, pero solos no pueden

Ante la emergencia, algunos estados han intentado llenar el vacío. Nueva York liberó $30 millones en ayuda alimentaria y Nuevo México adelantó $8 millones para abastecer despensas. Otros, como Luisiana y Vermont, han hecho compromisos similares.

Pero no todos los estados tienen los recursos ni garantías de reembolso federal. Arkansas, por ejemplo, ha sugerido simplemente que los ciudadanos acudan a organizaciones benéficas, iglesias o familiares. Una solución insuficiente frente a la magnitud del problema.

La presión desde fuera del poder

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), el sindicato federal más grande del país, ha alzado la voz con fuerza. Su presidente, Everett Kelley, dijo: “El punto ya fue hecho por ambos partidos. Ahora deben aprobar una resolución y pagar a los trabajadores”.

El sindicato posee peso considerable sobre legisladores demócratas, y su movilización pública ha intensificado la presión por una resolución inmediata y libre de condiciones (“clean resolution”).

¿Hasta cuándo resistirá el sistema?

La seguridad alimentaria y la salud pública están tambaleando. Las consecuencias podrían escalar rápidamente, especialmente si noviembre llega sin beneficios SNAP o si los sectores de seguridad nacional, salud pública o control aéreo se ven aún más restringidos.

Estados Unidos se enfrenta a una crisis profundamente humana, con repercusiones sociales, económicas y morales. El cierre del gobierno se ha convertido en mucho más que una batalla presupuestaria: es un espejo crudo de la disfunción política estadounidense. Y mientras los líderes se parapetan tras discursos partidistas, decenas de millones de personas sufren hambre, angustia e incertidumbre.

En palabras del administrador de un banco de alimentos en Filadelfia: “Jamás vi nuestros almacenes tan vacíos”.