El caso de Kilmar Abrego García: una batalla legal entre humanidad, burocracia e injusticia migratoria

Un hombre atrapado entre fronteras, leyes e intereses

La historia de Kilmar Abrego García no es simplemente la de un inmigrante con problemas migratorios; es un retrato despiadado de cómo la maquinaria de deportación de Estados Unidos puede atropellar derechos humanos, ignorar vínculos familiares y desafiar incluso decisiones judiciales. Su experiencia encapsula las tensiones entre política migratoria, derechos individuales y la influencia desproporcionada que las decisiones ejecutivas pueden tener sobre la vida de las personas.

Abrego García, un salvadoreño quien llegó a EE.UU. siendo menor de edad, ha vivido en Maryland durante años, construyendo su vida con una esposa y un hijo ciudadanos estadounidenses. En 2019, un juez le concedió protección contra la deportación a El Salvador dada la amenaza real que representa una pandilla que asesinó a miembros de su familia. Sin embargo, eso no ha detenido al gobierno federal de intentar enviarlo a cualquier otro país dispuesto a recibirlo: inicialmente El Salvador, luego varios países africanos, ahora Liberia, y en medio, incluso Costa Rica.

Un error garrafal y una prisión salvadoreña brutal

En los primeros meses de 2024, Abrego fue deportado erróneamente a El Salvador a pesar de la orden judicial que lo protegía. Allí fue trasladado a una prisión infame por sus condiciones inhumanas, a pesar de no contar con antecedentes penales. Su encierro golpeó a activistas, abogados y políticos por igual, provocando presión pública intensa. Solo debido a esta presión y a una decisión judicial, el gobierno de Trump lo repatrió a EE.UU. meses después.

Human Rights Watch ha documentado cómo las prisiones salvadoreñas han sido criticadas por tortura, hacinamiento extremo e inclusive desapariciones dentro del sistema carcelario. La reclusión de Kilmar, entonces, no fue solo ilegal, sino también profundamente peligrosa.

¿Por qué Liberia?

Tras su retorno, la administración estadounidense comenzó a considerar su deportación a terceros países, una política polémica que ya ha enfrentado múltiples desafíos legales. En el caso de Abrego García, las autoridades han apuntado a Liberia, una nación africana que no tiene conexiones históricas ni personales con él.

Durante una conferencia en el tribunal federal de Maryland, la jueza Paula Xinis cuestionó duramente a los abogados del gobierno: “¿Por qué seguimos prolongando esta audiencia cuando podrían enviarlo mañana a un tercer país donde él ha declarado estar dispuesto a ir?” —refiriéndose a Costa Rica, país que ofreció recibirlo legalmente.

Los abogados del Departamento de Justicia no ofrecieron una respuesta clara. Kilmar, entre tanto, ha expresado temor de ser enviado a Liberia, país del que se tienen pocas garantías sobre su seguridad y derechos legales. Su defensa ha recibido documentos confidenciales de la administración liberiana, pero considera que no ofrecen garantías suficientes.

El telón de fondo: deportaciones sin patria

La administración Trump revitalizó el uso de acuerdos de terceras naciones para deportar a inmigrantes, argumentando que si no pueden regresarlos a su país de origen, cualquier otro dispuesto a recibirlos es válido para aliviar la carga migratoria. Pero sindicatos legales y grupos defensores han demandado múltiples veces a la administración por estos acuerdos. Según la ACLU y otros colectivos, estas prácticas violan derechos constitucionales como el debido proceso y la protección contra tratos crueles.

Un informe del Migration Policy Institute de 2023 revela que más del 67% de las deportaciones a terceros países entre 2020 y 2022 involucraron naciones con antecedentes inestables en derechos humanos. Liberia, a pesar de avances democráticos, aún carga con rezagos estructurales importantes y no cuenta con un sistema de asilo consolidado.

El rol político de estos casos ejemplares

La historia de Kilmar Abrego García ha sido utilizada en ambos extremos del espectro político. Mientras defensores de derechos ven en él el emblema del inmigrante productivo, pacífico y familiar que merece protección, sectores duros de la política consideran estos casos como prueba del “colapso” de las leyes migratorias estadounidenses.

Lo cierto es que la politización de su situación ha dificultado aún más su defensa legal. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, argumentó que su cliente está siendo tratado con ensañamiento por razones políticas. Y hay indicios para respaldar esa acusación.

Apenas devuelto a EE.UU., fue acusado en Tennessee por supuesto tráfico humano. Según su defensa, los cargos son “ilegalmente vindicativos” y presentaron una moción para que el juez desestime el caso. Lo curioso fue que, justo días antes de esa audiencia, las agencias migratorias reactivaron repentinamente su deportación. La juez Xinis lo mencionó directamente: “No parece una coincidencia que su remoción esté programada justo antes de la audiencia penal. ¿Está el gobierno tratando de evitar resolver ese proceso?”

Asilo, familia y el peso de no tener raíces legales

Muchos se preguntarán por qué simplemente no se queda en EE.UU. si tiene una esposa e hijo ciudadanos. El problema es más complejo que eso. Kilmar ha solicitado asilo, y su caso sigue activo. Pero mientras su proceso avanza, ICE (Immigration and Customs Enforcement) puede deportarlo si la suspensión judicial se levanta, aún si hay recursos legales en curso.

En Estados Unidos viven aproximadamente 11 millones de personas en condición migratoria irregular. Muchos tienen familias mixtas con ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, las protecciones que les ofrece la ley están plagadas de obstáculos, excepciones y discrecionalidades que a menudo terminan en la deportación o separación familiar.

¿Qué representa el caso de Kilmar?

• Una falla institucional: Deportar erróneamente a alguien a un país donde tenía protección judicial muestra una debilidad en el sistema.
• Discrecionalidad extrema: El intento de deportarlo a países sin mucha relación con su caso refleja el uso de la deportación como herramienta política y punitiva.
• Deshumanización burocrática: En informes judiciales, ni su matrimonio ni su paternidad parecieran tener peso en las decisiones.

La jueza Xinis lo dijo con claridad: “Ambas partes están quemando recursos significativos por algo que podría resolverse mañana.” Esa frase resume el laberinto kafkiano en el cual se ha sumido el caso de Abrego García.

¿Y ahora qué?

La batalla legal continúa. Aún tiene pendiente su audiencia penal en Tennessee, continúa con su solicitud de asilo y mantiene activa una suspensión temporal de deportación emitida por la Corte Federal. Pero el riesgo sigue latente, y la incertidumbre lo mantiene en un limbo migrante en el que ha estado por más de un lustro.

El futuro de Kilmar Abrego García no solo dictará el destino de un hombre separado de su familia y perseguido por pandillas, sino que también marcará un precedente en cómo Estados Unidos aborda sus políticas de deportación en la era moderna. Como afirmó su abogado ante los medios: “Si esto es justicia, entonces es una justicia cruel y sin alma.”