La batalla por el control del gasto federal: ¿Puede el presidente ignorar al Congreso?
La administración de Trump desafía el poder del Congreso sobre el presupuesto: entre recortes unilaterales, demandas judiciales y precedentes históricos que reavivan el legado de Nixon.
El poder del presupuesto en disputa
En la Constitución de Estados Unidos, el control del dinero público recae en el Congreso. Es lo que se conoce comúnmente como el poder de la bolsa. Sin embargo, durante la administración de Donald Trump, esa premisa fundamental de la democracia estadounidense se ha visto sometida a una presión sin precedentes. El expresidente hizo del recorte presupuestario unilateral —sin autorización legislativa— una política recurrente, desatando una ola de litigios y un importante debate constitucional.
Desde la cancelación de millones en fondos previamente aprobados hasta estrategias para impedir su uso durante cierres del gobierno, Trump intentó redibujar los límites tradicionales entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Es esto un ajuste necesario para enfrentar el déficit nacional o un atentado contra el equilibrio de poderes? Aquí lo analizamos.
Más de 150 demandas federales contra la administración Trump
Más de 150 demandas han sido interpuestas por estados, ciudades, organizaciones sin fines de lucro y otros actores legales contra los intentos de la administración Trump por manejar el presupuesto federal sin el consentimiento del Congreso. De acuerdo con un análisis de datos judiciales, al menos en 66 casos las cortes fallaron provisionalmente contra la Casa Blanca, mientras que en 37 permitieron que los recortes siguieran adelante. Otros 26 casos aún no han sido resueltos.
Estos litigios no sólo reflejan la intensidad del conflicto constitucional, sino también una creciente desconexión entre el Congreso y su rol institucional. Tal como señaló Zachary Price, profesor de derecho constitucional en la Universidad de California:
"El Congreso parece estar actuando más en función de intereses partidistas que cumpliendo su rol institucional, lo que obliga a las cortes a intervenir constantemente."
Un legado estilo Nixon: el acto de control del desembolso de 1974
La última vez que un presidente intentó retener fondos asignados por el Congreso en semejante escala fue durante el mandato de Richard Nixon. Fue precisamente ese abuso de poder lo que inspiró la promulgación del Impoundment Control Act de 1974. Esta ley prohíbe explícitamente al presidente frenar el uso de fondos ya aprobados sin la venia del Congreso.
No obstante, la administración Trump ha encontrado formas creativas de bordear la legislación, como el uso de las llamadas rescisiones de bolsillo (pocket rescissions): peticiones deliberadamente tardías al Congreso solicitando que determinados fondos no sean usados sabiendo que, por calendario, no pueden ser evaluadas a tiempo, dejando así caducar el dinero.
$410 mil millones en disputa
La magnitud de los fondos en disputa es impactante. Según cálculos de comités demócratas del Congreso, la administración Trump intentó bloquear o redirigir aproximadamente $410 mil millones, es decir, el 6% del presupuesto federal total del año fiscal correspondiente. Este monto incluía desde fondos para ciencia y educación hasta asistencia en desastres naturales y desarrollo de infraestructura.
Sobre estos intentos, Cerin Lindgrensavage, abogada de la organización Protect Democracy expresó:
"Lo que han hecho es esencialmente un robo del poder del Congreso. Pretenden retener y demorar fondos durante todo el año sin ningún tipo de control congresual."
Trump y su cruzada contra el ‘gasto woke’
La racionalización ideológica de estos recortes también ha jugado un papel clave. En un mensaje al Congreso, la Casa Blanca de Trump justificó sus acciones como parte de su meta para "ordenar la casa fiscal" eliminando el gasto “ángulo woke, armado y derrochador". La frase se ha convertido en un símbolo del esfuerzo conservador por revertir políticas sociales impulsadas por administraciones previas.
Russ Vought, director de la Oficina de Presupuesto durante el mandato de Trump y una figura clave en esta estrategia, fue aún más directo durante una entrevista en The Charlie Kirk Show:
"Si sólo puedo trabajar en ahorrar dinero, haré todo lo posible por reducir el tamaño del gobierno en aquellas áreas que esta administración considera instrumentos hacia un presupuesto equilibrado."
Juicios clave y recortes polémicos
Entre las victorias más resonantes contra los recortes se encuentra la restitución de casi $2 mil millones destinados a 14 estados para estaciones de carga de vehículos eléctricos, y la paralización de recortes a ciudades con políticas de "santuario" migratorio. Los fondos en juego no son abstractos: apoyaban almuerzos escolares, investigación médica, capacitaciones docentes, programas de salud, y desarrollo comunitario.
Aún así, el gobierno logró avanzar con iniciativas de alto perfil como el cierre del Departamento de Educación (provisionalmente autorizado por la Corte Suprema), y el congelamiento de $5 mil millones en ayuda extranjera.
La Corte Suprema como árbitro final
En el corazón de este conflicto está el rol de la Corte Suprema de EE.UU., cada vez más inclinada hacia decisiones conservadoras. Aunque ha permitido aplicar algunos recortes de forma preliminar, sus fallos recientes podrían redefinir el terreno legal sobre el presupuesto federal.
Por ejemplo, en un caso relacionado con recortes a fondos del National Institutes of Health, el tribunal dictó en un fallo 5-4 que las demandas por cancelaciones de subsidios deben dividirse entre la Corte de Reclamaciones Federales y las cortes federales de distrito, haciendo el proceso más difícil para los demandantes. En otro fallo 6-3, se puso en duda que terceros tengan derecho legal para apelar una rescision de bolsillo, ampliando así el margen de maniobra del presidente para desviar fondos sin acción legislativa.
La tendencia genera preocupación entre expertos legales, quienes advierten que la Corte podría estar sentando precedentes peligrosos para futuros presidentes interesados en expandir su poder fiscal.
¿Y ahora qué? Una nación ante el espejo constitucional
La batalla por el presupuesto no es sólo una discusión técnica. Representa uno de los enfrentamientos ideológicos más profundos de la política estadounidense contemporánea: ¿Debe el presidente tener la libertad de aplicar su visión fiscal sin intervención legislativa, o esa práctica erosiona los cimientos democráticos del país?
En este punto, las instituciones se enfrentan a un dilema crucial. El Congreso, si permanece dividido y paralizado, corre el riesgo de renunciar tácitamente a uno de sus poderes más sagrados. Y si las cortes permiten que el Ejecutivo actúe sin frenos, podríamos estar gestando una presidencia imperial bajo la fachada de eficiencia presupuestaria.
En palabras del mismo Vought, la era de los chequeos y balances entre poderes puede estar cediendo paso a una nueva doctrina ejecutiva:
"Estamos haciendo lo que debemos hacer para que esta administración cumpla sus metas, pese al déficit de liderazgo en el Congreso."
El debate sigue abierto, pero más allá de ideologías, lo que está en juego es la estructura del gobierno estadounidense mismo.
