¿Crimen de guerra en Yemen? El ataque aéreo de EE. UU. y el silencio que indigna

En abril de 2025, un ataque aéreo ejecutado por Estados Unidos sobre una prisión controlada por los rebeldes hutíes en Saada, Yemen, dejó al menos 61 migrantes africanos muertos, y generó un cúmulo de interrogantes que aún esperan respuesta.

Amnistía Internacional ha calificado el bombardeo como un posible "ataque indiscriminado", exigiendo una investigación urgente por la posible comisión de un crimen de guerra. ¿Cómo pudo un edificio que ya había sido atacado en 2022, y era conocido por albergar civiles y migrantes, volver a ser blanco militar?

Una tragedia bajo fuego: lo que se sabe del ataque

El 28 de abril de 2025, en medio de una intensificación de los ataques aéreos bajo la Operación Rough Rider, una campaña lanzada bajo la presidencia de Donald Trump, aviones militares estadounidenses atacaron un complejo penitenciario en la provincia de Saada, Yemen.

Los hutíes, que controlan la región, informaron inicialmente que murieron 68 personas, aunque posteriormente ajustaron la cifra a 61. La mayoría de las víctimas eran migrantes etíopes detenidos mientras intentaban llegar a Arabia Saudí para buscar una vida mejor.

Amnistía Internacional entrevistó a varios sobrevivientes que declararon que no había combatientes hutíes en el lugar, sino civiles. El armamento utilizado incluía bombas guiadas GBU-39 de 250 libras, de fabricación estadounidense.

Un mismo lugar, una historia repetida

Este no era el primer ataque sobre ese complejo carcelario. En enero de 2022, el mismo sitio fue bombardeado por la coalición liderada por Arabia Saudí, provocando el colapso del edificio, la muerte de 66 detenidos y lesiones a 113 más, según un reporte de Naciones Unidas. Tras ese ataque, combatientes hutíes dispararon a 16 prisioneros que intentaban escapar.

Resulta difícil de creer que, tres años después y con conocimiento del historial y el uso de este sitio, se repitiera un ataque con consecuencias semejantes. “Es casi imposible que Estados Unidos no supiera lo que estaba bombardeando”, expresó Kristine Beckerle, directora regional adjunta para Medio Oriente y África del Norte de Amnistía.

La legalidad del bombardeo bajo el derecho internacional

El derecho internacional humanitario, específicamente el artículo 52 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, establece que los bienes civiles —como hospitales y prisiones— no deben ser objeto de ataques salvo que sean utilizados para fines militares.

Aun si el edificio se hubiese utilizado con fines militares, lo cual no ha sido probado, los protocolos son claros en cuanto a que deben tomarse todas las medidas necesarias para minimizar el daño a los civiles. Esta precaución parece haber brillado por su ausencia.

¿Qué busca la Operación Rough Rider?

La campaña estadounidense denominada Rough Rider ha sido justificadamente polémica. Se lanzó como respuesta a los ataques hutíes contra embarcaciones en el Mar Rojo, afirmando proteger el comercio internacional.

No obstante, la naturaleza y el alcance de estos bombardeos lleva tiempo siendo criticada por distintas organizaciones.

• Según Airwars, una organización británica que monitorea daños civiles en conflictos, al menos 224 civiles murieron durante la campaña Rough Rider, cifra que se acerca al número total de muertos en más de 20 años de ataques estadounidenses en Yemen.
• Entre los blancos reportados estuvieron depósitos de petróleo, centrales eléctricas y torres de telecomunicaciones.

Un ataque específico en abril sobre un depósito de combustible dejó más de 70 muertos. La misma zona había sido impactada en otra ocasión durante la campaña, lo que sugiere falta de actualización o análisis de inteligencia.

Las víctimas: migrantes que huían de la miseria

“Uno de los aspectos más devastadores es que eran migrantes etíopes escapando de la pobreza”, señaló Beckerle. “Muchos necesitan incluso ahora que sus familias en Etiopía les envíen dinero a Yemen para costear atención médica.”

La migración desde el Cuerno de África hacia Arabia Saudita a través de Yemen ha sido constante en la última década. A pesar de la guerra, Yemen ha funcionado como un corredor, aunque sumamente peligroso.

Los migrantes suelen ser detenidos por hutíes al llegar a territorio yemení, quienes a menudo los mantienen en condiciones inhumanas. Las cifras exactas son inciertas, pero se estima que miles de personas pasan por estos centros de detención cada año.

El silencio del Pentágono genera sospechas

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (CENTCOM) todavía no ha publicado los resultados completos de su evaluación del ataque, aunque aseguran que se “toman en serio cualquier reporte de daño a civiles”.

El Capitán de la Armada estadounidense Tim Hawkins adelantó que el informe de la operación será emitido “pronto”, pero la falta de transparencia ha generado profunda desconfianza entre activistas y organismos internacionales.

En junio, el entonces jefe de CENTCOM, el general Michael Kurilla, declaró ante el Congreso de EE. UU. que se comprometería a hacer pública la información sobre víctimas civiles. Hasta la fecha, ese compromiso permanece incumplido.

El factor hutí: más allá de las víctimas

El movimiento rebelde hutí, apoyado por Irán, ha intensificado su enfrentamiento con Arabia Saudí y Estados Unidos. Los hutíes enfrentan críticas por violaciones de derechos humanos, y han sido acusados de ejecutar prisioneros y reprimir activistas y periodistas.

Actualmente mantienen detenidos a más de 59 miembros del personal de la ONU y otros trabajadores humanitarios, según informes de organismos internacionales.

No obstante, como señala Amnistía, “las violaciones cometidas por una parte no justifican acciones ilegales por otra”. Las prisiones bajo control hutí son instalaciones conocidas y no pueden ser considerados blancos legítimos sin pruebas concluyentes.

¿Y ahora qué? Exigir rendición de cuentas

La falta de respuesta, sumada al silencio institucional sobre los impactos civils del operativo Rough Rider, pone en cuestión una vez más el nivel de compromiso de Estados Unidos con el derecho internacional.

Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional piden que se investigue el ataque de forma independiente. El Consejo de Seguridad de la ONU también ha solicitado acceso e información al respecto.

La guerra en Yemen ha costado más de 377.000 vidas según estimaciones de la ONU, ya sea por la violencia directa o por las consecuencias humanitarias. El país sigue sumido en una de las peores crisis humanitarias del mundo.

¿Un precedente que se repite?

Los errores del pasado parecen replicarse en un ciclo dolorosamente predecible. En 2015, un hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras fue bombardeado por EE. UU. en Kunduz, Afganistán. Las disculpas llegaron tarde, y las investigaciones oficiales evitaron palabras como “crimen de guerra”.

¿Se repetirá la misma narrativa en Yemen? La presión internacional tendrá un papel clave para evitar que simples comunicados de “daños colaterales” sean la única respuesta ante el sufrimiento evitable de civiles inocentes.

“Lo que más duele”, concluye Beckerle, “es que sabían dónde atacaban. Y lo hicieron de todos modos”.