¿El fin del blindaje legal a la industria armamentista? Estados buscan responsabilizar a fabricantes de armas

Desde la masacre en la escuela primaria Sandy Hook en 2012 hasta los tiroteos masivos más recientes, el debate sobre la regulación de armas en Estados Unidos se ha intensificado. Ahora, casi dos décadas después de que el Congreso de mayoría republicana aprobara una ley que protege a los fabricantes de armas contra demandas por el uso criminal de sus productos, varios estados liderados por demócratas han iniciado una ofensiva legal sin precedentes para responsabilizar a esta industria por su papel en la epidemia de violencia armada.

El escudo legal: la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA)

La Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), firmada en 2005 por el entonces presidente George W. Bush, otorga inmunidad a los fabricantes y distribuidores de armas frente a la mayoría de las demandas relacionadas con delitos violentos cometidos con sus productos, siempre y cuando esos actores comerciales cumplieran con la ley.

La PLCAA se implementó como respuesta a una serie de demandas en ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, donde se argumentaba que los fabricantes de armas inundaban intencionalmente ciertos mercados, aun sabiendo que sus productos terminarían en manos delincuentes. El sector armamentista y la National Rifle Association (NRA) defendieron la ley argumentando que estas demandas eran infundadas y una amenaza al derecho legítimo de armarse.

Al promulgar la ley, Bush declaró: "Nuestras leyes deben castigar a los criminales que usan armas, no a los fabricantes legales de productos legales".

Una nueva estrategia: leyes estatales contra la industria armamentista

Desde 2021, al menos diez estados —incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, California y el más reciente, Connecticut— han aprobado leyes que buscan romper el escudo legal de la PLCAA estableciendo mecanismos para demandar a aquellas empresas que no implementen mecanismos adecuados contra el tráfico ilegal y el uso ilícito de sus armas.

Connecticut, por ejemplo, dejó en vigor este mes una ley que permite demandar a fabricantes si no toman medidas razonables para evitar que sus productos terminen en manos de personas que legalmente no pueden poseer armas o que representen un riesgo para la seguridad pública.

¿Una amenaza real contra la industria o una medida responsable?

Lawrence G. Keane, vicepresidente de la National Shooting Sports Foundation (NSSF), organización con sede en Connecticut que representa a la industria armamentista, respondió con dureza: “Estas leyes son inconstitucionales, violan la PLCAA y tienen como objetivo hostigar al sector y agotarlo financieramente”.

Sin embargo, desde organizaciones de control de armas como Newtown Action Alliance, la narrativa es otra. Po Murray, presidenta del grupo fundado tras la masacre en Sandy Hook, afirma: “Estas leyes no solo abren las puertas de los tribunales a las víctimas, sino que también fuerzan a la industria a actuar con mayor responsabilidad.”

Precedentes legales: el caso Remington y Sandy Hook

Uno de los antecedentes más relevantes de esta movida legal fue la demanda de las familias de las víctimas de Sandy Hook contra Remington Arms, fabricante del fusil AR-15 usado en la matanza. Aunque la PLCAA bloquea ciertas demandas, este caso se argumentó en base a la legislación de protección al consumidor del estado de Connecticut, señalando que Remington había mercadeado el arma con tácticas militaristas dirigidas a jóvenes propensos a la violencia.

En 2022, Remington accedió a un acuerdo histórico por 73 millones de dólares, marcando un precedente fundamental en esta nueva etapa judicial contra la industria armamentista.

Marketing, negligencia y "perturbaciones públicas"

Varios estados han aprovechado elementos de derecho civil como el concepto de perturbación pública —utilizado tradicionalmente en casos de contaminación o disturbios urbanos— para alegar que algunas prácticas comerciales del sector armamentista contravienen la seguridad pública.

Por ejemplo, ciudades como Nueva York y San Francisco han demandado al fabricante Glock por el diseño de sus pistolas, argumentando que es demasiado fácil convertirlas en armas automáticas, lo cual facilitaría su uso en crímenes.

El contraataque judicial: ¿qué tan fuerte es la PLCAA?

Si bien la PLCAA ofrece gran protección a la industria, no es absoluta. Existen excepciones claramente delineadas:

• Defectos de diseño o fabricación.
• Violaciones deliberadas de leyes de distribución o venta.
• Casos que impliquen publicidad engañosa o negligente.

Estas rendijas en la PLCAA han permitido que las fiscalías y abogados introduzcan demandas partiendo de leyes estatales de consumo, mercadeo e incluso estrategias comunitarias de salud pública.

La mirada judicial: ¿resistirán estas leyes en los tribunales?

En julio, un panel del Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la ley de Nueva York no viola automáticamente la PLCAA. Sin embargo, uno de los jueces, Dennis Jacobs, alertó que esas leyes podrían enfrentarse en breve a desafíos constitucionales, señalando que representan un intento claro de eludir la PLCAA.

El desenlace más probable será una revisión por parte de la Corte Suprema, actualmente dominada por una mayoría conservadora (6-3). Esta instancia ya ha enviado señales a favor de la industria, como demostró en 2023 al anular por unanimidad una demanda de México por 10 mil millones de dólares contra fabricantes de armas, alegando responsabilidad por armas traficadas a carteles.

Más allá de los tribunales: presión social y política

Grupos de defensa del control de armas como Brady United, Everytown for Gun Safety y Moms Demand Action afirman que estas leyes reflejan el cambio cultural que Estados Unidos está experimentando tras años de violencia armada. Se apoyan en encuestas como la de Gallup (2023), que indica que más del 57% de los estadounidenses apoyan leyes más estrictas para la posesión de armas.

Además, algunas aseguradoras y grandes inversores han comenzado a dar la espalda a fabricantes como Smith & Wesson y Sturm Ruger, limitando su acceso a financiamiento y forzándolos a revisar sus políticas de distribución y marketing.

¿Un cambio en el horizonte legal o simbología política?

Para los críticos, estas leyes no harán más que empantanar a los tribunales en batallas interminables y costosas sin un efecto real. Por otro lado, quienes las defienden opinan que se trata de una intervención responsable del Estado para equilibrar la balanza frente a un sector históricamente impune.

Como bien señala el senador estatal de Nueva York, Zellnor Myrie: “Cualquier empresa que opere en Nueva York debe respetar nuestras leyes, y si no lo hacen, serán responsables.”

Este enfoque, que combina herramientas legales antiguas con legislaciones nuevas, podría sentar las bases de una nueva era de regulación en un país donde las armas de fuego superan en número a la población.

La lucha por limitar la inmunidad de los fabricantes de armas está lejos de concluir. Pero lo que es evidente es que el juego ha cambiado: los tribunales, los legisladores y la sociedad civil han tomado posiciones que podrían reconfigurar, por primera vez en décadas, la arquitectura legal que sostiene a esta poderosa industria.