¿Un tercer mandato para Trump? El fantasma autoritario que asoma en Washington

Desde pasillos abarrotados del Capitolio hasta reuniones privadas en Air Force One, la idea de un tercer mandato para Donald Trump comienza a tomar cuerpo—al menos en el discurso público. Aunque la 22ª Enmienda de la Constitución prohíbe expresamente un tercer mandato presidencial, Trump ha dejado entrever que estaría encantado de volver a postularse, bromeando (o no tanto) con la idea de enfrentar nuevamente las elecciones.

Donald Trump: ¿presidente eterno?

“Amaría hacerlo”, dijo Trump a reporteros a bordo del avión presidencial durante su reciente viaje a Japón, cuando fue presionado sobre si descarta una tercera postulación. Aunque añadió que el Partido Republicano tiene excelentes candidatos como Marco Rubio o el vicepresidente J.D. Vance, sus palabras alimentaron las hipótesis de su permanencia indefinida en el poder.

Más aún: souvenir del estilo "Trump 2028" ya circulan entre simpatizantes y legisladores, trastocando la narrativa tradicional de transición democrática. Y aunque el presidente desechó una estrategia hipotética de postularse a la vicepresidencia como un juego “demasiado astuto”, la única barrera real parece ser el texto constitucional y no una convicción política sobre los límites del poder.

La Constitución como dique… por ahora

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, figura conservadora cercana a Trump, se mostró tajante al respecto: “No veo un camino para eso”, afirmó, refiriéndose a un tercer mandato. “Él sabe cuáles son las restricciones constitucionales”, agregó refiriéndose a conversaciones privadas con el exmandatario.

La 22ª Enmienda, aprobada en 1951 tras la presidencia de Franklin D. Roosevelt (único presidente en ejercer más de dos mandatos), establece: “Ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de dos veces”. Johnson recordó que derogarla implicaría iniciar un proceso legislativo y de ratificación estatal que podría tardar “una década o más”.

¿Retórica o estrategia?

Para muchos, este sempiterno coqueteo de Trump con el autoritarismo no es nuevo. Desde su primer mandato (2017–2021) y su regreso al poder en 2025, su política ha mostrado una clara inclinación por saltarse normas, reinterpretar leyes y usar mecanismos informales para consolidar poder.

Recordemos: después de perder las elecciones de 2020, su negativa a reconocer los resultados desembocó en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de EE.UU.: el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Aquella acción fue vista por muchos expertos como el intento más serio de subvertir la transferencia pacífica del poder en la era moderna.

¿Solo una provocación contra los demócratas?

Johnson, intentando quitar hierro al asunto, aseguró que todo esto se trata de Trump “troleando a los demócratas”. Puede que sea cierto a nivel superficial, pero las implicaciones simbólicas de provocar reiteradamente con la idea de un tercer mandato son profundas y preocupantes.

Los sistemas democráticos funcionan no solo en base a leyes, sino a normas no escritas, convenciones y límites autoimpuestos por quienes ostentan el poder. Cuando un dirigente muestra disposición a romper con esas convenciones, el esquema institucional se vuelve frágil.

Reescribir el censo, redibujar la nación

En paralelo al debate sobre un tercer mandato, Trump y sus aliados han abierto otro frente en la arena institucional: cuestionar los resultados del censo de 2020. Jóvenes republicanos han presentado una demanda federal en Florida desafiando métodos estadísticos usados en el conteo, y hay temores fundados de que la administración renuncie a defender los datos oficiales.

El motivo detrás de cuestionar el conteo padrón es claro: influir en la redistribución de distritos electorales (gerrymandering) de cara a futuras elecciones y reconfigurar el mapa del poder legislativo. Más de $2.8 billones de dólares en fondos federales y la asignación de escaños en la Cámara de Representantes dependen de estos datos.

El intento de excluir a inmigrantes indocumentados del conteo ha sido rechazado por tribunales al considerar que el texto constitucional exige contar a “todas las personas”, pero la intención política persiste.

La militarización de la calle

Otra cara del gobierno Trump en su segundo mandato es el uso expansivo del poder federal para patrullar ciudades con tropas de la Guardia Nacional y agentes del DHS (Departamento de Seguridad Nacional), incluso sin autorización de gobernadores estatales.

Esto ha desembocado en incidentes preocupantes como el ocurrido el pasado 17 de octubre en Washington D.C., cuando un agente federal disparó contra un hombre afroamericano desarmado durante una parada de tráfico. El incidente, según los abogados del afectado, no fue incluido en el informe oficial ni reportado al fiscal.

Lo más escandaloso: uno de los policías testificó que fue instruido deliberadamente para no incluir los disparos en el informe. ¿Un simple error? ¿O evidencia de una cultura de impunidad alentada por un ambiente político donde rendir cuentas no es prioritario?

Autoritarismo con traje constitucional

Una figura como Trump no necesita eliminar formalmente las instituciones democráticas para erosionarlas. Basta con:

• Deslegitimar la imparcialidad judicial.
• Capturar órganos independientes.
• Debilitar los chequeos legislativos.
• Militarizar el orden público.
• Infundir miedo o complacencia en sus aliados políticos.

Todo aquello que no desafía directamente la letra de la ley, pero sí su espíritu, es perfectamente posible dentro de un marco constitucional flexible… si nadie lo detiene.

¿El futuro de EE.UU. en juego?

Trump ha demostrado que, aún cuando la Constitución pone límites, se pueden reinterpretar, desgastar, y desdibujar sin que las alarmas suenen demasiado fuerte. El hecho de que figuras como Mike Johnson —leales al trumpismo— se vean forzadas a reconocer dichos límites, confirma que hay fisuras, pero también indica que no toda la estructura ha colapsado.

Sin embargo, la democracia estadounidense se encuentra en su momento más vulnerable en décadas. No solo por las amenazas explícitas del ejecutivo, sino por la capacidad cada vez más limitada de las instituciones para contener el ejecutivo, fiscalizar su poder y proteger los derechos fundamentales.

Las elecciones de 2028 serán una prueba no solo para Trump y sus ambiciones personales, sino para todo el experimento democrático de Estados Unidos. ¿Será capaz la nación más poderosa del mundo de reconocer cuándo una república se convierte en otra cosa?