El impuesto al carbono de Singapur: ¿líder climático o concesiones encubiertas a los contaminadores?

Singapur, conocido por su rigor y eficiencia, ha sido el primer país del sudeste asiático en implementar un impuesto al carbono. Desde 2019, este tributo ha buscado responsabilizar a las industrias más contaminantes, incentivando una transición hacia tecnologías más limpias. Sin embargo, la política ha estado envuelta en un halo de opacidad, especialmente en lo que respecta a los descuentos fiscales que han recibido gigantes energéticos como Shell, ExxonMobil y Chevron.

Un impuesto pionero… pero cuestionado

El impuesto al carbono en Singapur comenzó con una tarifa de 5 dólares singapurenses por tonelada emitida en 2019 (unos $3.70 USD) y ha ido aumentando gradualmente. En 2023 se situó en 25 dólares singapurenses, con un aumento planeado a 45 SGD ($34.70) en 2026, y finalmente hasta llegar a un rango de entre 50 y 80 SGD por tonelada para 2030.

A diferencia de muchos países desarrollados, que recién están considerando implementar este tipo de políticas, Singapur se adelantó. Indonesia, Malasia y Tailandia ya anunciaron planes para incorporar impuestos similares en los próximos años, y Vietnam y Brunei también evalúan propuestas en esa dirección.

¿Y quién paga realmente?

Mientras Singapur representa apenas el 0.1% de las emisiones globales, sus emisiones per cápita son preocupantemente altas. Según Vinod Thomas, del ISEAS-Yusof Ishak Institute, el país ocupa el puesto 27 de 142 países en términos de emisiones por habitante. Un dato alarmante para una nación de solo 6 millones de habitantes.

El impuesto impacta especialmente a industrias energéticas de alto consumo y con miras internacionales. Entre los grandes emisores se encuentran:

• ExxonMobil: dueña de la mayor refinería en Jurong Island.
• Shell: opera la instalaciones de Pulau Bukom, la refinería más antigua del país.
• Chevron: tiene el 50% de participación en Singapore Refining Company.

Pero este liderazgo climático viene acompañado de concesiones fiscales a puertas cerradas, que han encendido las alarmas entre grupos ambientalistas y académicos.

El elefante en la sala: falta de transparencia

Organizaciones ambientalistas locales, como Energy CoLab y LepakInSG, han alzado la voz. Exigen que el gobierno revele qué empresas han recibido 'allowances' o reducciones en su contribución impositiva al carbono, bajo qué condiciones y cuál ha sido el impacto real del impuesto sobre las emisiones.

Rachel Cheang, cofundadora de Energy CoLab, afirma: “No podemos ni siquiera evaluar si el impuesto cumple su propósito porque no tenemos acceso a los datos”. Y Ho Xiang Tian, de LepakInSG, insiste en que “la transparencia no es incompatible con la competitividad”.

La posición del gobierno es que las negociaciones son confidenciales porque difundir la información podría afectar las estrategias de negocio de las compañías beneficiadas. También se argumenta que solo recibieron concesiones aquellas con planes creíbles para reducir sus emisiones netas a cero.

Impacto en la población y equidad energética

Los activistas también advierten que el impuesto podría ser trasladado a los consumidores en forma de tarifas eléctricas más altas. LepakInSG calcula que una tarifa de 50 dólares singapurenses por tonelada haría que el recibo mensual de luz para un departamento subvencionado de 4 habitaciones suba 8 dólares singapurenses (unos $6.20 USD).

Este incremento puede ser manejable para la mayoría de los hogares, pero los grupos más vulnerables podrían ser afectados de forma desproporcionada. De allí la importancia de un mecanismo de protección social que amortigüe estos efectos.

Comparaciones internacionales

Otros países que ya aplican impuestos al carbono han adoptado diferentes enfoques. Por ejemplo:

• Unión Europea: Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), que impone topes y permite intercambios.
• California: dentro de su marco de Cap-and-Trade desde 2012.
• Japón y Corea del Sur: aplican tasas fijas con revisiones periódicas.

La diferencia con Singapur está en el nivel de acceso público a datos y la claridad sobre los incentivos empresariales, aspectos claves para la rendición de cuentas.

El miedo a la fuga de carbono

A pesar de su superficie diminuta, Singapur acoge a grandes industrias que podrían verse tentadas a mudarse a países sin regulaciones estrictas. Es lo que se conoce como fuga de carbono, otro argumento usado por el gobierno para justificar sus acuerdos confidenciales con compañías trasnacionales.

Pero esto también plantea la pregunta: ¿es viable una política efectiva si se basa en mantener contentas a las corporaciones?

¿Efectividad del impuesto? La gran incógnita

El 70% de las emisiones nacionales están cubiertas por el impuesto, según el Secretariado Nacional de Cambio Climático (NCCS). Sin embargo, aún no se ha revelado cuántas emisiones se han reducido exactamente debido al tributo. El gobierno ha declarado que es difícil aislar el impacto específico de la medida y que se darán más datos “a su debido tiempo”.

Para muchos activistas, esta falta de información alimenta sospechas de que el impuesto es más simbólico que eficaz. Numerosos informes señalan que se requiere una tasa más alta combinada con regulaciones estrictas para tener un efecto significativo sobre el comportamiento empresarial.

Contexto global: EE. UU. como obstáculo

El avance de impuestos similares en la región enfrenta además presiones internacionales. El expresidente estadounidense Donald Trump ha sido vocalmente contrario a la agenda climática, bloqueando iniciativas como una tasa global sobre emisiones del transporte marítimo.

Shi-Ling Hsu, profesor en la Universidad Estatal de Florida, afirma que “habrá un gran obstáculo al impuesto global al carbono mientras Trump esté al poder”. Esto ha generado un efecto dominó que ha ralentizado la voluntad política para expandir estas medidas en otras naciones.

Una oportunidad de liderazgo ético

Paradójicamente, en este escenario convulso, Singapur tiene la oportunidad de consolidarse como un referente de integridad y liderazgo climático. Pero para ello, debe avanzar en una dirección clara: más que anunciar impuestos, debe demostrar resultados medibles y asumir la transparencia como columna vertebral de su política ambiental.

Rachel Cheang lo sintetiza con claridad: “Tenemos una gran responsabilidad de mantener cierta integridad en el diseño e implementación de nuestras políticas”. Y dado el rol geoestratégico del país en Asia, cada paso que dé será observado, replicado y cuestionado.

Singapur ha demostrado tener la capacidad técnica y administrativa para liderar. Solo le falta acompañar su agenda climática con la voluntad política para permitir el escrutinio público. Porque al final de cuentas, el medio ambiente no entiende de balances fiscales, pero sí de emisiones.