Favelas bajo fuego: La brutal operación en Río que revive la guerra contra el narcotráfico

RÍO DE JANEIRO — A partir de la madrugada del martes, más de 2.500 efectivos de las fuerzas de seguridad de Brasil, entre policías y soldados, irrumpieron en las comunidades del Complexo do Alemão y Penha, dos de las favelas más extensas y densamente pobladas de Río de Janeiro. El objetivo: desarticular una red criminal ligada al grupo narcotraficante Comando Vermelho. El resultado: un saldo de violencia, caos y muchas más preguntas que respuestas.

Una operación que paralizó Río

Según informó la Policía Civil de Río, la operación estuvo en gestación durante más de un año de investigaciones y seguimiento de inteligencia. En un hecho considerado como la acción policial más grande en la historia de la ciudad, los oficiales actuaron con helicópteros, vehículos blindados y armamento pesado en una incursión coordinada sin precedentes.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, del Partido Liberal, defendió la operación afirmando: "Brasil necesita de un gobierno que no tema enfrentar a las organizaciones criminales que han causado terror durante décadas. Esta es una respuesta del Estado de Derecho".

Castro ha insistido en los últimos meses sobre la necesidad de un plan de seguridad nacional y ha pedido mayor participación y apoyo económico del gobierno federal para sostener las operaciones militares en las zonas dominadas por el narcotráfico.

¿Castigo o política de exterminio?

Las calles de las favelas se inundaron de fuego cruzado, con tiroteos aparentemente interminables y helicópteros patrullando los cielos. En redes sociales circularon videos desgarradores mostrando columnas de humo y cuerpos tendidos en el suelo mientras civiles buscaban refugiarse. Según medios locales como el portal G1, al menos 10 personas habrían fallecido, incluyendo dos policías, y decenas más resultaron heridas. Aunque la policía no confirmó oficialmente el número de muertos, un periodista confirmó la llegada de 10 cadáveres al Hospital Getulio Vargas.

"Se oyen disparos todo el día, y nadie sabe cuándo va a parar. No podemos sacar a los niños de casa ni siquiera para comprar pan ", comentó Marisa, vecina del Complexo do Alemão.

Violencia estructural y abandono

Desde la fallida 'pacificación' de las favelas en la década de 2010, que supuestamente llegaría con las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), muchos especialistas han criticado que las comunidades solo son recordadas por las autoridades cuando se trata de hacer incursiones violentas. La investigador Carolina Grillo, socióloga del Observatorio de Favelas, fue contundente al describir la situación:

"Este tipo de intervenciones masivas no erradican el crimen. Solo renuevan los pactos de poder, trasladan el control territorial y reproducen el ciclo de violencia y exclusión".

En ese contexto, 46 escuelas fueron cerradas durante la operación, afectando la educación de más de 10 mil estudiantes. Docentes, líderes comunitarios e incluso médicos han denunciado que los habitantes quedaron completamente atrapados en sus casas durante horas, sin acceso seguro a hospitales o tiendas de alimentos.

El rol del Comando Vermelho

El Comando Vermelho (CV) es, desde los años 1980, una de las organizaciones criminales más poderosas del Brasil. Nació dentro del sistema penitenciario, en una peculiar alianza entre presos comunes y militantes políticos durante la dictadura militar, y rápidamente escaló su influencia en las favelas mediante una mezcla de coerción violenta y asistencia social informal.

Actualmente, el CV domina vastas zonas de Río, compitiendo con otras organizaciones como el Terceiro Comando Puro o las milicias, grupos paramilitares muchas veces conformados por ex policías. Esta nueva acción militar intenta desarticular uno de los bastiones más sólidos del grupo.

¿Represión o justicia?

El accionar policial, no obstante, enciende un eterno debate en Brasil: ¿son estas operaciones un ejercicio legítimo de justicia o una manifestación de represión descontrolada?

El Instituto de Seguridad Pública (ISP) del estado de Río reportó que de enero a julio de 2025, las muertes por intervención policial sumaron 976 víctimas, un aumento del 25% comparado con el mismo periodo en 2024. Los defensores de los derechos humanos han descrito las incursiones como "operaciones de exterminio" y denuncian que el uso excesivo de la fuerza es parte de una política de seguridad basada en el miedo.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional se han pronunciado contra estas prácticas, alertando que promueven impunidad y dañan el tejido social. Según un comunicado conjunto, “las comunidades periféricas se convierten en zonas de guerra sin que el Estado ofrezca otras políticas públicas sostenibles, como salud, educación, transporte y vivienda”.

El eterno retorno: del BOPE a la militarización

No es la primera vez que Río vive episodios similares. En 2005, el llamado BOPE (Batallón de Operaciones Especiales) adquirió fama mundial tras estrenarse la película Tropa de Elite, donde se idealizaba la acción policial violenta como única forma efectiva de combatir al crimen organizado. Desde entonces, múltiples operaciones han ido y venido con diferentes nombres —Pacificación, Intervención Federal, etc.— sin cambiar las estructuras de fondo.

“Es una rueda que gira”, explica el periodista especializado en seguridad pública, Bruno Paes Manso. "Se destruye una célula criminal, surgen otras. Lo que no cambia es la pobreza, la ausencia del Estado y el racismo estructural en la seguridad pública".

Legado de miedo y más militarización

La pregunta que muchos se hacen es: ¿y ahora qué? Las operaciones masivas suelen dejar un vacío de poder que rápidamente es ocupado por otras facciones criminales o incluso por milicias, que ejercen control social a través del miedo y cobran extorsiones a los propios vecinos.

Además, la militarización de la seguridad tiene graves consecuencias colaterales. “Cuanta más presencia militar hay, más se fragiliza la democracia”, afirma la politóloga Débora Mesquita. “El ejército no fue creado para tratar con civiles. Su función no es formar parte del cotidiano de lo urbano. La falta de formación en derechos humanos produce tragedias todos los días”.

La otra cara de Río: desigualdad que arde

Detrás de estas crisis constantes están los indicadores sociales que hablan por sí solos. Un informe reciente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) reveló que más del 60% de los habitantes del Complexo do Alemão sobrevive con menos del salario mínimo brasileño (R$ 1.412 mensuales en 2025, equivalente a unos 270 dólares). El desempleo juvenil alcanza el 30%, y el acceso a servicios básicos sigue siendo precario.

En esa ecuación, el narcotráfico no solo infiltra el territorio, también se convierte —para muchos jóvenes— en una de las pocas alternativas de subsistencia y status.

¿Y la esperanza?

En medio del luto y la tensión, varias organizaciones de base comunitaria piden un giro. Redes da Maré, Observatório de Favelas y Voz das Comunidades reclaman el cese de las incursiones letales y la implementación de políticas públicas integrales, donde el acceso a educación, empleo y vivienda digna tengan más peso que los operativos de choque.

“No queremos que nos vean solo como zonas de guerra”, dice Douglas, coordinador de un proyecto social en Penha. “Queremos vivir, no sobrevivir”.

Las palabras resuenan como un eco de muchas otras ocasiones en las que Río pareció en guerra consigo misma. El reto sigue siendo el mismo: ¿cuándo dejará el Estado de combatir a los síntomas y empezará a curar la enfermedad?