La batalla de Maine por el derecho al voto: ¿seguridad electoral o supresión disfrazada?

En medio de un contexto nacional polarizado, Maine se encuentra en el centro de una discusión clave sobre los derechos electorales. En las elecciones del 4 de noviembre, los votantes de este tranquilo estado del noreste de Estados Unidos decidirán si aprueban una medida que podría transformar radicalmente su sistema electoral. La propuesta conocida como Pregunta 1 plantea la exigencia de identificación con foto para votar, limita el número de urnas de votación adelantada y restringe profundamente las reglas del voto por correo.

¿Por qué se somete esto a votación ahora?

La propuesta llega en un clima político nacional donde el expresidente Donald Trump y sectores aliados continúan difundiendo la narrativa no comprobada de fraude electoral masivo en las elecciones de 2020. En Maine, a pesar de un historial casi impecable en la administración electoral, con mínimas instancias documentadas de fraude, la iniciativa ha sido impulsada por el grupo conservador Dinner Table PAC y ha recaudado más de $600,000, con gran parte del financiamiento proveniente del Republican State Leadership Committee.

El grupo defensor de la propuesta argumenta que esta busca "asegurar la integridad del sistema electoral", mientras que opositores, incluidos altos funcionarios demócratas y organizaciones de derechos civiles, denuncian un intento de supresión del voto disfrazado de seguridad.

¿Qué propone exactamente la Pregunta 1?

La medida es mucho más que una simple exigencia de mostrar una identificación para votar. Incluye:

• Implementación obligatoria de una identificación con foto emitida por el gobierno para todos los votantes.
• Reducción del periodo de votación por correo, eliminando los dos últimos días antes de la elección.
• Prohibición a familiares de solicitar boletas de voto por ausencia en nombre de otros.
• Fin del estatus permanente de voto por correo para adultos mayores y personas con discapacidad.
• Limitación a una sola urna de votación adelantada por municipio.

Estas propuestas entran en conflicto directo con prácticas que han demostrado ser populares en el estado. En las elecciones presidenciales de 2024, casi el 50% de los votantes en Maine usaron el voto por correo, una herramienta particularmente valorada por personas con movilidad reducida, trabajadores de tiempo completo y poblaciones rurales.

Reacciones políticas divididas

La gobernadora demócrata Janet Mills ha sido clara en su rechazo a la medida, calificándola de ataque al derecho fundamental al voto: “Ya sea que votes en persona o por correo, puedes confiar en que tu voto será contado de manera justa. Pero ese derecho está bajo amenaza con la Pregunta 1.”

Por su parte, la representante estatal republicana Laurel Libby defendió la medida, afirmando que se trata de proteger los principios electorales: “Hay mucho ruido sobre lo que supuestamente hará, pero la simple verdad es que la Pregunta 1 trata de asegurar las elecciones de Maine.”

¿Solución sin problema real?

Muchos expertos consideran que la propuesta es innecesaria. Mark Brewer, politólogo de la Universidad de Maine, explicó que las alegaciones de fraude electoral no están respaldadas por los datos: “Los estudios muestran que cuanto más obstáculos se ponen para votar, menos personas logran votar. Esto no aumenta la seguridad, solo disminuye la participación.”

Según cifras del Brennan Center for Justice, la tasa de fraude electoral en EE. UU. está por debajo del 0.0003%. Es más probable que un estadounidense sea alcanzado por un rayo que cometa fraude electoral.

Un fenómeno a nivel nacional

Estados como Texas también buscan modificar sus constituciones. En la misma fecha, el estado sureño votará si añade una cláusula para declarar explícitamente que solo ciudadanos estadounidenses pueden votar, a pesar de que esto ya está regulado tanto por leyes estatales como federales.

Desde 2018, al menos 13 estados han hecho modificaciones similares, casi todos impulsados por legisladores republicanos. El Representante estatal A.J. Louderback de Texas aseguró que se necesita una limpieza del sistema: “Debe ser un movimiento nacional. Necesitamos arreglar este desastre.”

Sin embargo, estas reformas se basan en preocupaciones exageradas. En Texas, de un total de 18.5 millones de votantes registrados, apenas se identificaron 2,700 posibles no ciudadanos en los registros. Una cifra ínfima que representa apenas el 0.01%.

Impacto real: ¿quién pierde?

Organizaciones como el Texas Civil Rights Project han expresado su preocupación ante el efecto disuasorio de estas medidas. Veronikah Warms, abogada del grupo, puntualizó: “Esto solo fomenta una narrativa dañina que hará más difícil y atemorizante para muchas personas ejercer su derecho constitucional al voto.”

El peligro, indican los expertos, va más allá del resultado inmediato. Si se aprueba, podría sentarse un precedente para futuras restricciones y socavar la confianza ciudadana en un proceso electoral ya sujeto a constantes ataques políticos.

¿Qué opinan los votantes?

Según encuestas recientes publicadas por el Portland Press Herald, el electorado está dividido: aproximadamente un 48% apoya la medida, mientras un 45% se opone y un 7% permanece indeciso. Las campañas tanto a favor como en contra se han intensificado en todo el estado, con anuncios políticos, debates comunitarios y movilización en redes sociales.

La pregunta de fondo no es solo si se debe mostrar una identificación para votar. La discusión real enfrenta dos visiones opuestas sobre la democracia: una que busca controlar el acceso al voto ante riesgos percibidos, y otra que busca expandirlo para proteger la participación ciudadana lo más inclusiva posible.

Maine: un barómetro democrático

Maine representa solo uno de los muchos laboratorios democráticos de Estados Unidos, pero su decisión en noviembre puede marcar una pauta para el resto del país. Lo que ocurre en este rincón del noreste podría influir en legislaciones similares en otros estados moderados o de tendencia cambiante.

En palabras del politólogo David Hopkins, de la Universidad de Boston: “Este tipo de propuestas representan un nuevo frente en la guerra cultural estadounidense, donde los derechos civiles y la confianza institucional son la verdadera moneda de cambio.”

Más allá del voto individual, lo que está en juego en Maine es la definición de lo que significa ejercer un derecho fundamental en el siglo XXI.