¿Activismo o delito? El caso de Zoe Rosenberg y el rescate de gallinas en California que ha dividido a la opinión pública

El caso que sacudió a Sonoma County

En octubre de 2025, un tribunal del condado de Sonoma, California, encontró culpable a una joven activista de derechos animales, Zoe Rosenberg, por ingresar sin autorización a las instalaciones de Petaluma Poultry, una subsidiaria de Perdue Farms, y llevarse cuatro gallinas. El juicio, que duró siete semanas, ha generado un intenso debate sobre si sus acciones deben considerarse activismo legítimo o delito grave.

Rosenberg, de 23 años y miembro del grupo Direct Action Everywhere (DxE), no negó los hechos, pero argumentó que sólo estaba respondiendo a una emergencia moral. “No me arrepiento de rescatar animales enfermos y maltratados para darles atención médica”, declaró afuera del tribunal, donde fue recibida por simpatizantes que sostenían carteles con frases como “Derecho al rescate” y “Procesen a Petaluma Poultry, no a Zoe”.

La sentencia y las implicaciones legales

El veredicto la declaró culpable de dos delitos menores por allanamiento, uno por manipulación de vehículo y un delito grave de conspiración. Este último podría llevar a Rosenberg a pasar hasta cinco años en prisión. La sentencia está prevista para el 3 de diciembre.

La fiscal del distrito, Carla Rodríguez, defendió la decisión: “Respetamos el derecho a la libre expresión, pero no es legal irrumpir en empresas y poner en peligro a trabajadores y animales”. Petaluma Poultry, por su parte, emitió un comunicado indicando que el grupo DxE es “una organización extremista con el objetivo de destruir la industria agrícola animal”.

El abogado defensor, Chris Carraway, planea apelar el fallo. Criticó con dureza al sistema judicial: “El condado gastó seis semanas y cientos de miles de dólares para proteger una corporación multimillonaria, en lugar de investigar el abuso animal real”.

¿Qué es Direct Action Everywhere?

DxE es un colectivo fundado en Berkeley, California, conocido por llevar a cabo acciones de desobediencia civil para denunciar la crueldad en las granjas industriales. Entre sus métodos más conocidos están las investigaciones encubiertas, las protestas directas y el llamado “derecho al rescate” —la idea de que impedir el sufrimiento animal justifica quebrantar la ley.

Uno de sus cofundadores, Wayne Hsiung, fue condenado hace dos años por delitos vinculados a protestas similares. En estos rescates, los activistas entran en granjas industriales, a menudo disfrazados como empleados, para filmar condiciones que consideran inhumanas y llevarse algunos animales.

¿Qué es el derecho al rescate?

La defensa de Rosenberg se basó en el argumento del “derecho al rescate”, una doctrina jurídica no reconocida formalmente en los tribunales estadounidenses, que sostiene que una persona debe poder intervenir para salvar a un ser sintiente del sufrimiento, incluso si eso implica violar la propiedad privada.

“Cuando vemos crueldad, podemos elegir ignorarla o intervenir. Yo elegí intervenir”, dijo Rosenberg. Las gallinas rescatadas fueron nombradas Poppy, Ivy, Aster y Azalea, y ahora viven en un santuario animal.

Este enfoque plantea un dilema legal profundo: ¿puede la compasión justificar el delito? Los jueces hasta ahora han dicho que no.

Datos sobre la industria avícola en EE. UU.

Perdue Farms es una de las mayores empresas avícolas de Estados Unidos, con ventas anuales superiores a los 7.000 millones de dólares. La industria genera millones de empleos y produce más de 65.000 millones de libras de pollo por año, según datos del Consejo Nacional del Pollo.

Sin embargo, también ha sido objeto de numerosas denuncias por maltrato animal. Grupos como PETA, Mercy for Animals y DxE han publicado videos que muestran animales en condiciones deplorables, incluyendo amontonamiento, lesiones visibles y negligencia médica.

¿Es la desobediencia civil un camino legítimo?

Desde el punto de vista ético, los defensores de derechos animales comparan estas acciones con otras luchas históricas por la justicia. Citan casos como el de Rosa Parks, cuando violó las leyes de segregación racial, o el de activistas climáticos que bloquean oleoductos. ¿Podrían estos paralelismos aplicarse al activismo animal?

Peter Singer, autor de Animal Liberation, escribió: “Si podemos evitar sufrimiento de un ser sintiente sin sacrificar algo de igual importancia, moralmente deberíamos hacerlo.” Este principio utilitarista inspira a muchos activistas a ir más allá de los marcos legales tradicionales.

El papel de las redes sociales en el activismo actual

En el caso de Rosenberg, la publicación del video del “rescate” en redes sociales fue una acción deliberada para generar conciencia. El material tiene cientos de miles de visitas y ha sido compartido por celebridades como Joaquin Phoenix y Billie Eilish, que apoyan públicamente el veganismo.

Esta estrategia usa el poder de la viralidad para dar visibilidad al sufrimiento que ocurre tras las puertas cerradas de la industria. El problema: también puede alimentar acusaciones de búsqueda de fama o autopromoción.

La versión de la empresa

Petaluma Poultry declaró oficialmente: “Los animales están bien cuidados y cumplen con las normas de bienestar animal”. Según sus portavoces, las grabaciones de DxE están fuera de contexto y buscan crear una narrativa ficticia.

El abogado de la empresa, Herb Frerichs, expresó: “El veredicto deja claro que las creencias personales no justifican actos ilegales”. También señaló que Rosenberg usó un disfraz con credencial falsa y se infiltró deliberadamente, lo cual puede considerarse como agravamiento del delito.

El activismo judicializado

Este caso no es aislado. En los últimos cinco años, más de 60 activistas por los derechos animales han sido procesados en Estados Unidos por actividades similares. La mayoría de las veces, las penas impuestas van desde multas hasta cortas sentencias de cárcel, pero los acusados señalan que el sistema judicial está siendo instrumentalizado para silenciar disidentes.

El abogado Carraway describe esto como una “represión legal contra el activismo de base”. Los defensores de la industria, en cambio, afirman que es necesario aplicar la ley para garantizar la seguridad laboral, la bioseguridad y el respeto a la propiedad privada.

Una sociedad polarizada

Lo cierto es que casos como el de Zoe Rosenberg evidencian la creciente polarización entre el activismo social y la industria capitalista. Para algunos, ella es una heroína que arriesgó su libertad para salvar vidas. Para otros, una delincuente que rompió la ley y puso en riesgo a muchas personas.

El futuro de este tipo de activismo parece incierto, pero los indicios apuntan a que la demanda por mayor transparencia y ética en la producción de alimentos sigue creciendo. En 2023, cerca del 62% de los consumidores estadounidenses dijeron estar dispuestos a pagar más por productos de origen animal con garantías de bienestar, según Pew Research Center.

Una generación que exige cambios

Más allá del juicio y sus consecuencias, Rosenberg representa a una nueva generación de activistas que no se conforman con compartir memes en redes sociales. Salen a las calles, se infiltran en granjas, enfrentan la cárcel y promueven cambios profundos en consumo y legislación.

Es posible que la ley aún no los acompañe, pero están modificando el debate público. Y pese al veredicto, lo cierto es que Poppy, Ivy, Aster y Azalea están vivas. Tal vez ahí radique uno de los mensajes más poderosos de este caso.

¿Es este el comienzo de una nueva era del activismo animal, o estamos ante la judicialización definitiva de la protesta moral? El tiempo lo dirá.