¿Libertad de expresión o amenaza a la seguridad nacional? El caso Sami Hamdi y la tensión entre derechos y política en EE. UU.

La reciente detención del analista político británico Sami Hamdi por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) ha generado un nuevo debate al rojo vivo sobre los límites de la libertad de expresión, el debido proceso en política migratoria y, especialmente, la creciente tensión entorno al conflicto entre Israel y Palestina en territorio estadounidense. Las acusaciones de simpatías terroristas, por un lado, y de persecución ideológica, por otro, configuran un escenario complejo donde la política, el discurso y los derechos civiles chocan cada vez con más frecuencia en el debate público estadounidense.

Un arresto con doble lectura

La detención de Sami Hamdi en el Aeropuerto Internacional de San Francisco el pasado domingo ha sido justificada por autoridades federales a raíz de comentarios realizados tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Hamdi habría "celebrado" estos hechos en un video en línea, en el que supuestamente exclama: "¿Cuántos de ustedes sintieron euforia cuando se enteraron de lo ocurrido? ¡Alá Akbar!".

No obstante, Hamdi y su equipo legal —representado por el Council on American-Islamic Relations (CAIR)— sostienen que sus comentarios no fueron una alabanza a la violencia, sino una contextualización de la lucha palestina en relación con las acciones del gobierno israelí. En palabras del propio Hamdi: "Lo que dije fue que la violencia era una consecuencia natural de la opresión que sufre el pueblo palestino".

¿Crítica legítima o simpatía con el terrorismo?

Este dilema subraya uno de los puntos más delicados en la actual coyuntura estadounidense: ¿puede alguien criticar al Estado de Israel sin ser tildado de antisemita o terrorista? A medida que el conflicto en Gaza se intensifica, muchas voces dentro de EE.UU. —especialmente de las comunidades musulmanas y árabes— se sienten cada vez más silenciadas, vigiladas o, como en el caso de Hamdi, directamente reprimidas.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, reforzó el argumento oficial con una postura inflexible: "Bajo la presidencia de Trump, quienes apoyan el terrorismo y socavan la seguridad nacional estadounidense no podrán residir ni trabajar en este país. Es sentido común". No obstante, esta postura ha despertado fuertes críticas entre defensores de los derechos civiles.

El contexto político: inmigración, islamofobia y política exterior

La detención de Hamdi no puede separarse del clima político actual. En paralelo a su detención, la nominación de Amer Ghalib —alcalde de Hamtramck (ciudad de mayoría árabe en Michigan)— para embajador de EE. UU. en Kuwait, también ha sido fuertemente cuestionada por senadores republicanos, quienes se basan en antiguos comentarios supuestamente antisemitas y un pasado de apoyo a Saddam Hussein y Hamas. Ghalib, por su parte, niega tales acusaciones y señala errores de traducción y malinterpretaciones en redes sociales.

Los acontecimientos reflejan un patrón preocupante: la creciente confusión entre crítica política y simpatía con el terrorismo, una frontera cada vez más difusa cuando se trata de voces musulmanas o árabes, especialmente si no siguen una narrativa pro-israelí.

Libertades fundamentales en juego

Organizaciones como CAIR han sido enfáticas: la libertad de expresión no es un privilegio exclusivo de los ciudadanos estadounidenses, sino un derecho humano fundamental reconocido en el propio sistema legal de EE. UU. De hecho, la Primera Enmienda protege a “todas las personas” dentro del país, lo que incluye visitantes y residentes legales.

En su comunicado oficial, CAIR advierte contundentemente: “Si el gobierno puede cancelar una visa válida simplemente porque no le gusta lo que una persona dice, entonces cualquier visitante, estudiante o trabajador corre peligro de ser secuestrado con motivación política. Esto debe terminar con Sami Hamdi.”

El equipo legal de Hamdi ya ha solicitado un recurso de hábeas corpus y una orden judicial que impida su expulsión hasta que su caso sea completamente evaluado.

Criminalización del discurso disidente

Esta situación plantea serios cuestionamientos sobre prácticas que, aunque encubiertas bajo el argumento de la seguridad nacional, podrían constituir una criminalización de la disidencia política. Y no es un caso aislado. Desde 2023, ICE y DHS han intensificado sus esfuerzos por monitorear y, en algunos casos, expulsar a extranjeros considerados “peligrosos” por sus ideologías políticas o conexiones sociales, especialmente si están involucrados en protestas contra Israel o en defensa del pueblo palestino.

De acuerdo con datos reportados por la organización ACLU, más de 200 detenciones de personas árabes o musulmanas han sido reportadas en el último año en contextos vinculados a protestas políticas o participación en eventos considerados sensibles por el gobierno federal.

La instrumentalización electoral de la comunidad árabe

Resulta paradójico que Sami Hamdi y Amer Ghalib —dos figuras clave entre los votantes árabes y musulmanes en EE. UU.— hayan pasado de ser aliados útiles en campaña a personajes incómodos para el Partido Republicano. Ghalib, por ejemplo, fue públicamente apoyado por Donald Trump durante sus mítines en Michigan en 2023, pero ahora ve truncada su nominación por las mismas figuras republicanas que entonces lo celebraban.

Según Bishara Bahbah, fundador de Arab Americans for Trump, la marginación política posterior de figuras como Ghalib genera desconfianza y podría afectar gravemente la relación entre los republicanos y el electorado árabe estadounidense: “Esto enviaría un mensaje muy negativo. La comunidad siente que ha sido abandonada después de las elecciones.”

Islamofobia en el discurso público

Las declaraciones recientes del senador republicano Tommy Tuberville alarmaron aún más a la comunidad musulmana al afirmar que “los musulmanes han intentado eliminar a cristianos y judíos durante siglos, y ahora el problema ha llegado a nuestras ciudades.” Asimismo, sostuvo que ciudades como Dearborn y Hamtramck están bajo ley Sharia, avivando teorías de conspiración sin fundamentos y alimentando el odio religioso.

Frente a ello, voces como Bahbah han sido claras al exigir claridad al Partido Republicano: “El islamofobia no es aceptable. El presidente [Trump] no suscribe esta visión, y es lamentable que algunos senadores intenten socavar a una comunidad creciente e importante en EE. UU.”

Un espejo de las contradicciones de EE. UU.

Detenciones como la de Sami Hamdi, junto con la posible caída de la nominación de Ghalib, revelan las contradicciones profundas de Estados Unidos como país que defiende la libertad de expresión y la democracia mientras aplica una doble vara ante ciertos grupos o discursos que enfrentan su status quo diplomático o político.

Es un caso emblemático para reflexionar, como ciudadanos del mundo, sobre el poder del discurso, los límites de la libre expresión y hasta dónde el miedo puede justificar la represión.

¿Puede Estados Unidos seguir considerándose el baluarte de la libertad si silencia voces incómodas bajo el pretexto de la seguridad nacional? La respuesta marcará no solo el futuro de Sami Hamdi, sino el de miles de voces críticas que aún creen en el poder transformador de la palabra.