¿Tecnología o intrusión? El fracaso de los detectores de disparos en Jackson desata debate sobre vigilancia y seguridad

En los últimos años, el uso de tecnología para prevenir el crimen se ha convertido en una herramienta cada vez más común en ciudades de todo Estados Unidos. Entre cámaras, lectores de matrículas y sensores acústicos, los gobiernos locales han explorado distintas formas de hacer frente a la violencia armada y la inseguridad. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y la ciudad de Jackson, Misisipi, es un claro ejemplo de cómo una herramienta tecnológica puede volverse una fuente de problemas legales, éticos e incluso económicos.

Un proyecto ambicioso que nunca despegó

Todo comenzó cuando la ciudad firmó un contrato con Flock Safety, una empresa con sede en Atlanta especializada en tecnologías de vigilancia, para implementar un sistema de “detector de disparos”. Este sistema, conocido como Flock Raven, utiliza sensores acústicos y algoritmos de aprendizaje automático que permiten detectar el sonido de un disparo y determinar su ubicación en menos de 60 segundos.

La idea era ambiciosa: cubrir al menos 3.5 millas cuadradas de Jackson sur mediante la instalación estratégica de los dispositivos. Sin embargo, diversos obstáculos impidieron desde el principio que el proyecto se implementase completamente. Y eso arrastró al experimento hacia el fracaso.

Una implementación limitada y mal ejecutada

Según documentos presentados ante el Consejo de la ciudad de Jackson, apenas se instalaron 57 dispositivos, cubriendo solo 1.5 millas cuadradas de las 3.5 previstas. Esto representó apenas el 41% del área objetivo original. Además, por razones técnicas, operativas y legales, muchos dispositivos no estaban habilitados o simplemente no fueron monitoreados.

Varias razones explican esta pobre ejecución. Un ejemplo evidente fue el requerimiento de la compañía eléctrica Entergy, que exigió a la ciudad pagar $500 por cada poste de luz que se usara para montar los detectores. La policía, ante el temor de altos cargos adicionales, optó por colocar algunos dispositivos en propiedades privadas sin pedir permiso, lo que fue considerado inaceptable por varios concejales y residentes.

La tensión entre seguridad y derechos civiles

Este tipo de tecnología ya ha sido objeto de críticas anteriormente. Grupos de derechos civiles han señalado que sistemas como ShotSpotter (competidor directo de Flock Raven) han tenido problemas de precisión en otras ciudades, como Nueva York o Chicago, donde una investigación de Amnistía Internacional mostró que estos sistemas fallaron en distinguir entre disparos y fuegos artificiales.

Además, se ha denunciado que estos dispositivos contribuyen a la vigilancia excesiva en comunidades afroamericanas. No es coincidencia que en Jackson, una ciudad donde más del 80% de los residentes son afroamericanos (según el Censo de EE. UU.), el sistema se pretendía instalar exclusivamente en el sur de la ciudad, una zona de menores ingresos y alta criminalidad percibida.

“Nunca pudimos desplegar todos los dispositivos. Por tanto, nunca logramos evaluar por completo su utilidad”, dijo el portavoz de la policía Tommie Brown.

¿Qué tan efectiva es esta tecnología?

Una de las promesas clave de sistemas como el Flock Raven es que permiten responder con mayor rapidez a los tiroteos, incrementando la posibilidad de capturar a los responsables. No obstante, según la concejala y exoficial de policía Lashia Brown-Thomas, la realidad es otra.

“En mi experiencia, hay al menos un 50% de probabilidades de que al llegar, los sospechosos ya hayan huido”, señaló Brown-Thomas.

Las críticas se intensifican aún más si analizamos los costos. De seguir con el contrato, la ciudad se enfrentaba a un cobro de $250,000 por el uso continuado de estos dispositivos. Una cifra significativa para una ciudad con recursos limitados y profundas necesidades sociales.

Problemas logísticos y sociales

Además de los problemas técnicos, el proyecto enfrentó oposición de algunos residentes que ni siquiera sabían que un nuevo dispositivo se había colocado en su propiedad. Como el caso de Beverly Dixon, secretaria de una iglesia en McDowell Square, quien descubrió un dispositivo en su campo sin ninguna explicación.

“No hago preguntas, porque considero que esta zona es peligrosa”, dijo. Aunque irónicamente ella no escuchaba disparos con frecuencia en la zona; más bien le preocupaban las personas sin hogar que dormían en los escalones de la iglesia.

La opinión pública se divide

Algunos concejales aún creen en el potencial de estas tecnologías. El concejal Ashby Foote señaló que en Jackson Sur a veces “puedes conducir durante horas sin ver policías”, por lo que cree que tecnologías como Flock pueden ser útiles.

No obstante, para los críticos, estos sistemas son poco más que parches tecnológicos que no abordan las causas profundas de la violencia. Un reportaje de Vice News sobre tecnologías de vigilancia concluyó que estos sistemas pueden generar un falso sentido de seguridad y además promover el excesivo patrullaje en ciertas comunidades.

¿Qué lecciones dejó el fracaso?

En palabras del concejal Vernon Hartley:

“A futuro, creo que hay lecciones aprendidas. Seguimos convencidos de que debemos implementar estas soluciones, pero de forma distinta”.

El propio jefe interino de la policía de Jackson, Tyree Jones, declaró que están comprometidos con buscar soluciones equilibradas que combinen tecnología y participación comunitaria.

El contrato con Flock fue oficialmente cancelado por el Consejo Municipal, pero la relación con la empresa no está completamente cerrada. Jackson aún mantiene activos los lectores de placas de matrícula proporcionados por la misma compañía, y no se descarta una nueva negociación bajo una administración policial diferente.

Un dilema: innovación o vigilancia

Lo sucedido en Jackson reabre un viejo debate en la intersección entre tecnología, seguridad y privacidad. Mientras que las autoridades buscan soluciones rápidas para combatir el crimen, algunos ciudadanos y activistas temen que se esté cediendo demasiado terreno a la vigilancia estatal sin suficientes garantías para los derechos civiles.

El caso Raven es una lección de que la tecnología sola no basta. Sin una implementación apropiada, un plan financiero sostenible y, sobre todo, sin participación ciudadana, incluso las propuestas más innovadoras pueden fracasar… o peor aún, dejar heridas abiertas en las comunidades que se pretendía proteger.

Este artículo es una mirada crítica sobre los límites y posibilidades de la tecnología aplicada a la seguridad pública. ¿Herramientas útiles o instrumentos de control?