El caso Greenpeace vs. Energy Transfer: ¿justicia o intimidación judicial?

Una batalla legal que pone a prueba la libertad de expresión ambiental

El reciente fallo judicial en Dakota del Norte, en el que un juez redujo a 345 millones de dólares los daños que Greenpeace debe pagar a la empresa Energy Transfer, constituye uno de los casos más emblemáticos sobre el papel del activismo ambiental frente a los intereses de la industria energética. Este caso no solo remueve las aguas del activismo y el derecho corporativo estadounidense, sino que también plantea profundas interrogantes sobre el uso del poder judicial como herramienta de disuasión.

¿Qué sucedió con el oleoducto Dakota Access?

Todo comenzó en 2016, cuando miles de manifestantes, incluyendo miembros de la tribu Sioux de Standing Rock, ambientalistas y defensores de los derechos indígenas, se opusieron a la construcción del oleoducto Dakota Access (DAPL). Este proyecto planeaba transportar hasta 570,000 barriles de petróleo crudo al día desde las formaciones de Bakken en Dakota del Norte hasta Illinois, pasando por debajo del río Missouri, fuente vital de agua para pueblos originarios.

La protesta se convirtió en un símbolo global, al punto de ser denominada como el "Standing Rock Movement". Multitudes acamparon alrededor del sitio de construcción y las redes sociales jugaron un papel clave en la difusión del mensaje. A pesar de los esfuerzos, el oleoducto se terminó en 2017, durante el inicio del gobierno de Trump.

De las trincheras al juzgado

En 2019, Energy Transfer, con sede en Dallas, presentó una demanda contra diversas entidades de Greenpeace (Greenpeace USA, Greenpeace International y Greenpeace Fund Inc.), acusándolas de difamación, conspiración, invasión de propiedad privada, interferencia con relaciones comerciales, y crear molestias públicas.

En marzo de 2024, un jurado compuesto por nueve personas encontró culpables a los tres brazos de Greenpeace. La indemnización original fue de 666.9 millones de dólares, atribuida en diferentes porcentajes a cada organización.

Greenpeace internacional ha calificado la demanda de Energy Transfer como un "SLAPP" (Strategic Lawsuit Against Public Participation), es decir, una demanda estratégica para silenciar y disuadir la participación pública y crítica. En su defensa, Greenpeace afirma que su oposición al oleoducto formó parte de su derecho constitucional a la libertad de expresión y a la protesta pacífica.

El nuevo fallo judicial: ajuste, pero sin absolución

El juez estatal James Gion de Dakota del Norte fue el encargado de examinar las mociones posteriores al juicio. En su decisión, había demandas tanto de Greenpeace —para anular el veredicto o reducir la multa— como de Energy Transfer, que buscaba que se ratificara el fallo del jurado.

El juez otorgó una reducción, disminuyendo la multa a 345 millones de dólares, pero mantuvo el corazón del veredicto: Greenpeace fue responsable de difamación y otras ofensas. En palabras del portavoz de Energy Transfer:

“Creemos firmemente que las conclusiones del jurado y la compensación original eran lícitas y justas.”

¿Quién vigila a los vigilantes?

Uno de los puntos más preocupantes para quienes analizan estas demandas desde un punto de vista de derechos civiles es el precedente que sienta este caso. Si las grandes corporaciones pueden castigar económicamente con estas cifras tan elevadas a movimientos sociales, ¿qué significa eso para el futuro del activismo en Estados Unidos?

La organización Greenpeace USA calificó el juicio como un intento descarado de “desviar la atención de los daños medioambientales reales” causados por el oleoducto. A su vez, denunciaron que esta demanda formaba parte de una estrategia de intimidación judicial para agotar financieramente a los movimientos críticos.

Según un informe de la Coalición para Proteger la Expresión Protesta (PROTECT the Protest), más de 150 organizaciones han denunciado un aumento de este tipo de acciones legales en los últimos años, apuntando a disuadir a manifestantes, periodistas y ONGs.

El rol de la opinión pública y los medios

Durante los enfrentamientos de 2016-2017, figuras de alto perfil como Leonardo DiCaprio, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y miles de influenciadores impulsaron el movimiento #NoDAPL. Las protestas llegaron a aparecer en portadas internacionales y documentales como Awake: A Dream From Standing Rock.

Sin embargo, los titulares sobre el juicio actual han recibido una cobertura mucho menor, y el debate sobre el impacto potencial de este veredicto sobre otros movimientos sociales ha sido casi inexistente en la agenda tradicional. ¿Estamos siendo testigos de una sofisticada forma de silenciar sin que lo notemos?

¿Qué dice la historia? Activismo, represión y precedentes

Este no es el primer caso en que los movimientos sociales son llevados a juicio con el argumento de que interfieren con negocios. En los años 70, empresas madereras buscaron sancionar legalmente a ambientalistas que protegían los bosques de California. Más recientemente, periodistas y activistas de Black Lives Matter fueron objeto de demandas similares tras los disturbios que siguieron al asesinato de George Floyd en 2020.

En muchos de esos casos, las demandas nunca prosperaron en cortes superiores, pero el proceso judicial causó desgaste financiero, tiempo y disminución de la moral en las organizaciones.

Greenpeace sigue en pie… desde Europa

En un giro interesante, en septiembre pasado, un juez de Dakota del Norte rechazó una petición de Energy Transfer para que Greenpeace International detuviera una demanda que impulsa en los Países Bajos contra lo que consideran una campaña de intimidación judicial. Este litigio europeo busca establecer límites internacionales a la utilización del sistema legal para coartar el activismo.

La pregunta sigue en el aire: ¿hasta dónde puede llegar una empresa en defensa de su imagen sin vulnerar los derechos democráticos de los ciudadanos?

Opinión: El activismo no es crimen

No se puede entender este juicio como una lucha entre buena y mala fe sin matices. Energy Transfer tiene derecho a defender sus inversiones. Pero lo preocupante es que este tipo de sanciones económicas, aun cuando sean reducidas por los jueces, desalientan gravemente la participación ciudadana en temas críticos como la crisis climática.

En una era donde los cambios climáticos azotan cada vez con más fuerza, y siendo Estados Unidos un actor determinante, resulta vital preservar los espacios de disenso frente al poder económico.

Hoy fue Greenpeace... mañana puede ser tu comunidad, tu causa o tu voz.