El desierto legal de Vermont: ¿Está en riesgo el acceso a la justicia?
Una mirada profunda a la crisis de escasez de abogados en Vermont y cómo afecta el funcionamiento democrático
¿Qué sucede cuando una región entera carece de abogados? En Vermont, esta no es una pregunta hipotética. Se trata de una realidad preocupante que amenaza uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: el acceso a la justicia. Con una población envejecida entre los profesionales del derecho y un desinterés generalizado de los jóvenes abogados por ejercer en el estado, Vermont atraviesa una crisis legal sin precedentes.
Un problema que se agudiza: justicia sin abogados
Según el presidente de la Asociación de Abogados de Vermont, Josh Diamond, "si las personas no pueden acceder a los tribunales, eso representa un verdadero problema para nuestra democracia". Sus palabras no son exageradas. En muchas áreas rurales de Vermont, hay menos de un abogado por cada 1.000 residentes, un umbral que convierte a estos territorios en lo que la American Bar Association denomina “desiertos legales.”
Por ejemplo, el Northeast Kingdom y las regiones del sur del estado están particularmente afectadas. A esto se suma otro dato alarmante: más del 50% de los abogados en Vermont tienen más de 56 años. A este ritmo, no sólo decrece el número de profesionales disponibles, sino que también aumentan los conflictos de interés, ya que con menos abogados en ejercicio se vuelve frecuente que un mismo letrado haya tenido contacto previo con múltiples partes de un caso. Esto deja a los ciudadanos sin representación posible, ralentizando o incluso imposibilitando procesos judiciales enteros.
¿Por qué nadie quiere litigar en Vermont?
Existen múltiples razones por las cuales los abogados más jóvenes no ejercen en Vermont:
- Deuda estudiantil: los altos costos educativos no justifican los salarios bajos del estado.
- Costos de vida: la falta de vivienda asequible y servicios de guardería imposibilita establecerse en zonas rurales.
- Origen foráneo de los estudiantes: menos del 10% de los alumnos de Vermont Law School son nativos del estado y pocos se quedan tras graduarse.
- Falta de diversidad e inclusión: los abogados pertenecientes a minorías étnicas no encuentran comunidades donde integrarse fácilmente.
Defender General Matt Valerio resume el problema claramente: “Hace 25 años, venían a nosotros. Ahora tenemos que traer abogados desde fuera del estado.”
Las consecuencias de la escasez: justicia desigual y demoras imposibles
La falta de abogados afecta tanto al ámbito penal como civil. Mientras que organizaciones como Vermont Legal Aid y Legal Services Vermont llenan algunas vacantes con éxito, su capacidad está muy por debajo de la demanda creciente, especialmente en casos de vivienda y derecho de familia.
Sam Abel-Palmer, director ejecutivo de estas organizaciones, afirma: “No tenemos ni remotamente suficientes personas para ayudar a todos los que necesitan asistencia legal.” A esto se suma que no tienen oficinas al sur de Rutland y Springfield, aumentando las dificultades de acceso para personas vulnerables.
Según el informe de 2025 del Tribunal Supremo de Vermont, existe el mismo número de abogados mayores de 80 años que menores de 30. Esta descompensación generacional pone en riesgo la sostenibilidad del sistema judicial.
Restricciones estructurales y recursos insuficientes
La falta de abogados también ha forzado a instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de Vermont a rechazar casos de discriminación por falta de personal. Además, el sistema de defensoría pública tiene problemas graves para manejar conflictos de interés cuando hay pocos abogados disponibles en una misma jurisdicción.
Otro ejemplo es el sistema penal: si un abogado defensor ha representado anteriormente a un individuo, no puede participar en ningún caso en el que esa persona sea testigo. Esto deja a muchos imputados sin representación legal efectiva.
Iniciativas prometedoras: ¿basta con crear una comisión?
En respuesta a esta crisis, el Tribunal Supremo de Vermont anunció a inicios de mes la creación de una comisión especial para investigar el problema. Esta será presidida por el juez Harold E. Eaton y el consejero del Colegio Judicial Michael Kennedy.
El objetivo principal: identificar zonas con insuficiente acceso legal y ofrecer recomendaciones concretas para revertir la situación. El grupo contará con representantes de la Fiscalía General, la Oficina del Defensor General y la Vermont Law and Graduate School.
“Creo que se necesitará toda una comunidad para resolver este problema y encontrar soluciones,” expresó Diamond. Y no se equivoca, pues es necesario un enfoque multidisciplinario que incentive la permanencia de jóvenes talentos jurídicos.
Estrategias posibles ante un panorama sombrío
Vermont no está solo en esta lucha. Estados como Kansas, Maine y Alaska han implementado estrategias que podrían adaptarse al contexto local:
- Incentivos financieros: programas de condonación de deuda estudiantil a cambio de años de servicio jurídico en zonas rurales.
- Residencias legales: modelos similares a las residencias médicas para jóvenes abogados bajo supervisión, con vivienda incluida.
- Becas y subsidios para abogados rurales: préstamos con intereses bajos o ayudas para pagar vivienda y guarderías.
- Programas de mentoría: para que abogados veteranos transmitan experiencia a los nuevos.
- Plataformas digitales para asistencia legal a distancia: herramientas que acerquen a abogados con clientes rurales a través de videollamadas.
El co-presidente de la nueva comisión lo dejó claro: “Espero que podamos observar qué ha funcionado y qué no en otras jurisdicciones y usarlo para tomar decisiones informadas.”
El reflejo de una crisis nacional
El caso de Vermont puede ser extremo, pero no es único. Estudios del National Center for State Courts indican que al menos 34 estados enfrentan problemas similares en áreas rurales. El acceso desigual a la justicia es una realidad cada vez más visible en Estados Unidos.
Más allá de Vermont, esta situación pone en jaque el principio de igualdad ante la ley. Y aunque las herramientas jurídicas existan, de nada sirve si los ciudadanos no pueden acceder a ellas con efectividad.
En este sentido, Vermont está encendiendo una alarma que merece atención nacional. Si el sistema judicial se tambalea por falta de profesionales, la democracia se tambalea con él.
