Cierre del gobierno en EE.UU.: una lucha de poder con consecuencias humanas

Por más de 30 días, el gobierno federal de Estados Unidos permanece cerrado. Este nuevo episodio de parálisis institucional no solo representa una disputa política de alto voltaje entre republicanos y demócratas, sino que afecta directamente a millones de ciudadanos estadounidenses que dependen de programas sociales, servicios federales y subsidios para educación, salud o combustible en invierno.

En este artículo, analizamos el actual shutdown desde el prisma de su impacto social y político, exponiendo cómo el cinismo y la confrontación en Washington están costando vidas, salud y futuro a los ciudadanos más vulnerables del país.

¿Qué es un cierre del gobierno y por qué ocurre?

En Estados Unidos, el presupuesto federal debe ser aprobado por el Congreso y firmado por el presidente cada nuevo año fiscal. Cuando no hay consenso entre el Senado y la Cámara de Representantes sobre cómo gastar o asignar recursos públicos, el gobierno entra en un cierre parcial o total.

Durante un government shutdown, muchas agencias federales suspenden operaciones, cientos de miles de empleados se ven obligados a trabajar sin paga o son enviados a casa sin salario, y servicios esenciales (como parques nacionales, inspecciones alimentarias o procesamiento de visas) cesan de forma parcial o total.

Un cierre nacido del “gran y bello” recorte

La raíz del actual cierre parece encontrarse en la Ley aprobada por los republicanos y el presidente Trump durante el verano, llamada por ellos mismos el “Big, Beautiful Bill”. Detrás de este nombre marketinero se esconde un paquete de recortes presupuestarios de cerca de un billón de dólares, centrado en reducir dramáticamente el gasto en programas sociales como Medicaid y SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria).

Según datos del Center on Budget and Policy Priorities, estas medidas podrían expulsar a cerca de 2.4 millones de personas del programa SNAP y restringir el acceso a cuidados médicos mediante mecanismos como nuevos requisitos laborales para personas de hasta 64 años.

¿Quiénes pierden durante el cierre?

Para muchos estadounidenses, este cierre no es una simple discusión presupuestaria. En Alaska, ciudadanos están acumulando pescado, caribú y alces para el invierno, anticipándose al corte de cupones alimentarios.

En Maine, muchos hogares se enfrentan a un invierno sin subsidios para aceite calefactor. En todo el país, los vuelos están siendo retrasados, los empleados federales trabajan sin sueldo y las primas de seguros en los mercados estatales suben vertiginosamente.

“Estamos bien pasados del tiempo de haber dejado esto atrás”, expresó la senadora Lisa Murkowski de Alaska, aludiendo al agotamiento general por la incertidumbre prolongada.

La conferencia de la Cámara, bajo el liderazgo del Speaker Mike Johnson, ha permanecido cerrada durante más de un mes, mientras senadores se retiran del Congreso para pasar el fin de semana largo.

Johnson: el trabajo como solución mágica

Uno de los pilares ideológicos de los recortes ha sido la narrativa del trabajo como requisito indispensable para acceder a subsidios. El Speaker Johnson, por ejemplo, ha criticado a los beneficiarios de Medicaid como personas “capaces y jóvenes” que “prefieren jugar videojuegos que contribuir con la economía”.

“Cuando hagamos que trabajen, será mejor para todos, una victoria para todos”, dijo Johnson a CBS en una entrevista en primavera.

Pero esta narrativa simplista ignora que muchos de estos beneficiarios ya trabajan, cuidan de familiares o están en situaciones de vulnerabilidad extrema. Este tipo de retórica, sumado al recorte de $186 mil millones a SNAP, representa —como denunció el líder de la minoría demócrata Hakeem Jeffries— “la mayor reducción de asistencia nutricional en la historia del país”.

La salud: otra víctima colateral

Otro punto de fricción ha sido el alza en las primas de seguros médicos justo al inicio del periodo de inscripción abierta, combinado con la inminente expiración de subsidios federales.

Esta combinación amenaza con dejar sin cobertura a millones de estadounidenses, especialmente en estados donde no se han expandido alternativas como Medicare para Todos.

“Estamos manteniendo la comida sobre las cabezas de los pobres para quitarles el seguro” dijo el Reverendo Ryan Stoess durante una oración con líderes religiosos en el Capitolio.

“Dios nos ayude cuando la crueldad se convierte en el objetivo”, sentenció.

Desigualdad e hipocresía: el nuevo eje del gobierno

Más allá de los recortes, los republicanos también han sido criticados por mover dinero para mantener financiado al ejército, mientras se rehúsan a liberar fondos para seguir cubriendo subsidios alimentarios.

En una extraña paradoja, muchos de los miembros de la bancada republicana ahora se ven en la obligación de defender a trabajadores gubernamentales en huelga o sin sueldo —los mismos que han buscado recortar durante años.

Trump, entretanto, ha centrado su foco en salarios militares, muros fronterizos y presupuestos de defensa. Como reveló el senador demócrata Mark Warner, el Ejecutivo incluso ha excluido a legisladores de su propio país al no permitir que demócratas participen en reuniones de seguridad nacional relacionadas con bombardeos en el Caribe.

Seguridad nacional bajo secreto

Otro frente de fractura institucional se ha producido en relación con las recientes acciones militares en América del Sur. Senadores de ambos partidos han exigido transparencia sobre los ataques a barcos presuntamente relacionados con narcotráfico, efectuados sin aval del Congreso.

“Esto está contra todas las normas de cómo deben operar las políticas de seguridad nacional”, dijo el senador Warner.

Trump ha justificado estas acciones como parte de un “conflicto armado contra los cárteles de droga” y ha invocado autorizaciones legales utilizadas tras el 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, muchos legisladores —incluso republicanos moderados— han rechazado el secretismo y desean un voto sobre la legalidad de dicha escalada militar.

¿Cierre interminable?

Mientras tanto, las perspectivas de reapertura son escasas. Todo indica que el cierre del gobierno podría superar los 35 días del cierre de 2019, que también tuvo lugar durante el gobierno de Trump y cuyo motivo fue la financiación del muro en la frontera con México.

Las próximas elecciones estatales el martes podrían inclinar la balanza. Líderes como John Thune, jefe de la mayoría republicana en el Senado, creen que al definirse el panorama electoral estatal, ambos partidos estarían más dispuestos a negociar.

“Espero que eso libere a las personas para avanzar con la apertura del gobierno”, dijo.

Sin embargo, lo que ocurre en Washington parece desconectado de las realidades diarias de millones que esperan subsidios para comer, calefacción para pasar el invierno o seguros médicos para evitar la bancarrota por una emergencia de salud.

Y mientras tanto, el país permanece cerrado.