El dilema de Black Lives Matter: ¿defraudaron a sus donantes o están siendo blanco político?

Un movimiento bajo la lupa

Black Lives Matter (BLM), el movimiento que emergió como respuesta directa a la brutalidad policial y el racismo sistémico en Estados Unidos, ahora se encuentra en el centro de una polémica investigación criminal. Informes recientes revelan que el Departamento de Justicia de los EE.UU. está examinando si líderes del movimiento defraudaron a los donantes que, tras el asesinato de George Floyd en 2020, aportaron más de 90 millones de dólares motivados por un profundo deseo de justicia racial.

La Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) ha sido señalada como una de las principales entidades de interés, en un caso que combina aspectos de transparencia financiera, persecución política y tensiones raciales.

El auge y cuestionamiento del movimiento

Desde su nacimiento en 2013 tras la absolución de George Zimmerman por el asesinato de Trayvon Martin, y fortalecida por la muerte de Michael Brown en Ferguson en 2014, BLM se consolidó como una fuerza nacional e internacional contra la injusticia racial.

Sin embargo, con la popularidad también llegaron las críticas. Aunque la fundación principal y otros capítulos del movimiento aseguraban actuar de manera descentralizada, el crecimiento trajo consigo desorganización, costos operativos elevados y, sobre todo, preguntas sobre dónde se fue el dinero.

En 2022, la organización reconoció que parte de las donaciones se usaron para adquirir una propiedad cercana a Los Ángeles valorada en 6 millones de dólares. Aun cuando justificaron la compra como un “espacio seguro para creadores negros”, el anuncio generó indignación y suspicacias públicas.

¿Una cacería de brujas política?

El martes pasado, varios medios reportaron que la investigación criminal había comenzado durante la administración Biden, pero ha cobrado renovada intensidad bajo la influencia de líderes más alineados con la administración Trump.

Bill Essayli, fiscal principal del distrito central de California donde se lleva a cabo el caso, es un exlegislador con antecedentes conservadores marcados. En el pasado, defendió a una pareja blanca que vandalizó una pintura oficial de BLM y caracterizó públicamente al movimiento como una “organización radical”.

Esta retórica alimenta el temor de defensores civiles, quienes ven en la investigación una posible represalia política más que un proceso legal neutro.

Estatutos legales vs narrativas públicas

Un aspecto clave de esta historia es lo que denomina el abogado Kalman Resnick como una “narrativa judicializada”. Aunque en años anteriores ya se habían realizado investigaciones estatales —como en Indiana— la mayoría de ellas concluyeron sin acciones legales sustantivas. Resnick y otros sostienen que este nuevo impulso puede estar más influenciado por el cálculo político que por nuevas pruebas forenses.

En un comunicado, BLMGNF afirmó que no son una de las “entidades objetivo” de una investigación criminal activa y reafirmó su compromiso con la transparencia.

“Seguimos comprometidos con la rendición de cuentas y la administración responsable de los recursos dedicados a construir un mejor futuro para las comunidades negras”, reza el documento.

Cifras y contradicciones

• Donaciones recibidas en 2020: Más de $90 millones tras la muerte de George Floyd.
• Activos declarados en el año fiscal 2024: $28 millones, según el Formulario 990 del IRS.
• Propiedad adquirida en Los Ángeles: Cuesta estimada en $6 millones.

Estas cifras fueron divulgadas por la propia organización y luego examinadas por medios como The New York Times y The Washington Post, que señalaron la necesidad de mayor transparencia sin llegar a implicar actos criminales.

BLM: blanco fácil para la polarización política

La frase “Black Lives Matter” ha sido un faro de lucha para movimientos progresistas y una diana ideológica para sectores más conservadores. Durante la presidencia de Donald Trump, murales promoviendo la causa fueron señalados como “propaganda radical”. Hoy, la narrativa conservadora ha desplazado el foco del racismo estructural hacia la legitimidad de la administración financiera de BLM.

La realidad es que muchas organizaciones sin fines de lucro enfrentan acusaciones de falta de transparencia en momentos de auge financiero, y luego luchan por adaptarse administrativa y legalmente a su nueva escala. El reto para BLM ha sido aún mayor, pues cargan con el símbolo político de un entire movimiento.

Una historia de grietas internas

En el 2022, Patrisse Cullors, cofundadora de BLMGNF, renunció tras una ola de críticas sobre el manejo fiscal y adquisiciones de propiedades. En una entrevista con el medio TheGrio, declaró:

“Hicimos lo mejor que pudimos con una organización que explotó de manera que ninguno de nosotros esperaba. No soy una experta financiera. Necesitábamos más estructura... y lo hicimos tarde.”

Este testimonio representa un hecho común en movimientos sociales: cuando la lucha simbólica se transforma en estructura institucional, se exponen las grietas.

¿Qué sigue?

Por ahora no se ha presentado ninguna acusación formal. Sin embargo, el hecho de que se hayan ejecutado órdenes de registro y citaciones sugiere que la investigación está avanzando. Lo que resta por ver es si se hallarán pruebas contundentes de delito o si todo quedará como un episodio más de la guerra cultural en Estados Unidos.

Sea cual sea el resultado, este proceso revela una de las tensiones fundamentales del país: cómo se sanciona a los movimientos sociales disruptivos cuando cruzan del activismo a la institucionalización.

Mientras tanto, BLM continúa operando, reorganizándose y enfrentando tanto desafíos financieros como obstáculos políticos.