El Ejército Estadounidense como Refuerzo Legal: ¿Justicia o Burocracia Militarizada?

Un llamado inusual desde el Pentágono

En un giro poco convencional dentro de la política estadounidense contemporánea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado el traslado de más de 50 abogados y asistentes legales militares al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), según un memorando oficial revisado esta semana. Este despliegue legal apunta principalmente a oficinas federales en Memphis y regiones cercanas a la frontera con México.

Esta medida representa un nuevo capítulo en la creciente intersección entre el sector militar y el sistema de justicia civil, y ha generado intensos debates sobre la utilización de recursos militares para enfrentar retos legales y administrativos en asuntos tradicionalmente civiles, como la inmigración ilegal y las operaciones de control migratorio.

¿Cuántos y a dónde?

El memo interno especifica la reubicación temporal de 48 abogados y 4 paralegales para actuar como fiscales federales especiales ("special assistant U.S. attorneys"). Estas asignaciones se distribuyen de la siguiente manera:

• 20 abogados a Memphis (Tennessee), donde también se desplegó la Guardia Nacional.
• 12 abogados para ciudades clave de Texas: El Paso, Del Río y Midland.
• 3 abogados y 2 paralegales a Las Cruces, Nuevo México.

Los detalles sobre las funciones específicas de estos juristas todavía no han sido revelados, aunque el memorando enfatiza la necesidad de experiencia en legislación migratoria, derecho administrativo y litigación penal general.

La militarización del sistema judicial

La Administración Trump no es ajena a la utilización del aparato militar para ampliar su impacto en cuestiones migratorias. Desde desplegar tropas en la frontera sur, hasta ahora usar oficiales jurídicos militares como fiscales federales, la tendencia ha suscitado preocupación entre constitucionalistas que advierten sobre los riesgos de militarizar estructuras civiles.

El Pentágono ya había aprobado previamente una iniciativa para enviar hasta 600 abogados militares como jueces migratorios temporales. Estas acciones apuntan a reducir la sobrecarga judicial en temas migratorios, pero ¿a qué costo institucional?

¿Voluntarios o movilizados?

Una nota enviada a los abogados militares por el general del Ejército, Bobby Christine, enfatiza que esta es una "oportunidad sin igual para desarrollar habilidades jurídicas federales". Sin embargo, el mismo memorando de Hegseth indica que estos despliegues podrían implicar órdenes de movilización involuntaria, añadiendo una capa de controversia.

No está claro cuántos oficiales han ofrecido sus servicios de forma voluntaria, aunque se sabe que varias ramas militares están promoviendo activamente estas vacantes. La posibilidad de movilización obligatoria ha generado inquietud en los círculos de derecho militar, donde los abogados desempeñan ya múltiples funciones internas fundamentales para el sistema de justicia del Ejército.

Prioridades nacionales o política encubierta

El Departamento de Justicia ha confirmado la solicitud, pero se ha negado a ofrecer explicaciones más profundas sobre el porqué del requerimiento. Por su parte, el Pentágono declaró que la colaboración con el DOJ es "en apoyo a prioridades nacionales".

Lo cierto es que esta acción ocurre en un contexto en el que el gobierno federal, liderado por Donald Trump, ha enfrentado críticas constantes por politizar el sistema legal. Según un informe del Washington Post, varias de estas iniciativas comenzaron desde 2019 como parte del plan de "cero tolerancia migratoria" impulsado por la Casa Blanca.

Historial de uso militar en tareas civiles

El uso del personal militar para reforzar funciones burocráticas o de seguridad internas no es del todo nuevo en EE.UU. Como antecedente, podemos recordar:

• La Operación Guardián (1997): cuando tropas del Ejército fueron desplegadas para apoyar en la construcción de torres de vigilancia en la frontera.
• Huracán Katrina (2005): militares ayudaron en operativos de rescate y seguridad civil temporalmente.
• Protestas de George Floyd (2020): se desplegaron tropas en Washington D.C. y otras ciudades para contener manifestaciones civiles, lo cual fue fuertemente criticado.

No obstante, ninguna de estas intervenciones incluyó al aparato legal militar dentro del funcionamiento del sistema federal de justicia, lo que convierte este nuevo esfuerzo en algo sin precedentes.

Ecos de politización: ¿Esperanza o manipulación?

Varias organizaciones de derechos civiles y juristas constitucionales han expresado su alarma. El Centro Brennan para la Justicia indicó en un comunicado que esta medida "pone en jaque la neutralidad del Ejército" y amenaza principios como la separación de poderes y la independencia judicial.

La ACLU agregó que "el uso de soldados como fiscales podría abrir una peligrosa ventana a futuros abusos institucionales", especialmente si se hace sin una justificación clara y sin salvaguardas transparentes.

Mientras tanto, ¿qué opina el Congreso?

Algunos miembros del Congreso han comenzado a levantar banderas rojas. El senador demócrata Dick Durbin exigió que el Secretario de Defensa comparezca en el Capitolio para dar explicaciones: "No podemos permitir que nuestras fuerzas armadas sean utilizadas como extensiones políticas del poder ejecutivo".

Incluso hay voces dentro del Partido Republicano que piden cautela, aunque en menor tono. El senador Mitt Romney declaró: "La ley es la ley, pero nuestras instituciones deben tener límites claros".

Una agenda extendida: justicia, inmigración y presión presidencial

Este reciente movimiento también se enmarca dentro de una serie de transformaciones impulsadas por la administración Trump relacionadas con la reforma migratoria. A esto se suman otras medidas recientes:

• Aprobación de fondos para construir nuevos centros de detención migratoria.
• Asignación de jueces migratorios adicionales con sesiones nocturnas de emergencia.
• Reforzamiento de patrullas fronterizas con participación de la Guardia Nacional.

Todo parece apuntar a una alta prioridad institucional sobre la inmigración como asunto de seguridad nacional, un enfoque cuestionado ampliamente desde los sectores jurídicos y humanitarios.

El efecto dominó sobre la justicia militar

La reasignación de estos abogados podría también socavar la operatividad interna del sistema de justicia militar. Los llamados judge advocates cumplen funciones esenciales dentro del Ejército: asesoran legalmente a comandantes, defienden a soldados en cortes marciales y procesan delitos dentro de las fuerzas armadas.

Vaciar parcialmente este cuerpo especializado para cubrir necesidades externas podría deteriorar los procesos internos de justicia castrense, dejando áreas descubiertas y perjudicando el derecho al debido proceso dentro del mismo Ejército.

¿Labor patriótica o manipulación institucional?

Este desarrollo plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto es legítimo utilizar recursos militares dentro del sistema judicial civil cuando no hay una emergencia declarada ni un mandato del Congreso que lo justifique expresamente?

Si bien puede argumentarse que el Estado tiene derecho a reorganizar sus capacidades para enfrentar crisis, hacerlo de forma unilateral y sin marcos consultivos sienta un precedente que podría resultar peligroso para la democracia institucional.

Como lo señaló el veterano constitucionalista Laurence Tribe, "la independencia judicial es uno de los pilares de la república; cualquier intento de convertir a los militares en fiscales podría erosionar profundamente la percepción pública de la justicia".

En resumen

Este refuerzo legal-militar en la frontera y otras ciudades cuestiona valores fundamentales del sistema democrático estadounidense. ¿Es sólo una solución temporal a una crisis real o el inicio de una nueva concepción de justicia centrada en la seguridad y no en el derecho?

La historia juzgará si esta fue una medida audaz o una peligrosa erosión de la base republicana que buscaba precisamente frenar la concentración de poder.