La masacre en Penha: cuando la violencia policial en Brasil toca fondo
Una operación contra el Comando Vermelho dejó 121 muertos en las favelas de Río de Janeiro, incluyendo civiles y cuatro agentes. Las implicaciones para los derechos humanos en Brasil son estremecedoras.
Una redada como pocas en la historia reciente de Brasil
El pasado 29 de octubre de 2025, Brasil despertó con una noticia alarmante: una masiva operación policial contra el Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas de Río de Janeiro, dejó por lo menos 121 personas fallecidas en las favelas de Complexo do Alemão y Complexo da Penha. Entre los muertos se cuentan cuatro oficiales de policía, aunque las autoridades reconocen que varios de los muertos eran civiles.
La redada comenzó el martes anterior y se extendió, con tiroteos casi ininterrumpidos, hasta bien entrada la noche. Se trató, según múltiples analistas y organizaciones de derechos humanos, de una de las operaciones policiales más violentas registradas en la historia reciente del país sudamericano.
El contexto: crimen organizado y militarización policial
Desde hace décadas, las favelas de Río de Janeiro han sido escenarios de disputas sangrientas entre bandas narcotraficantes como Comando Vermelho, el Terceiro Comando Puro y el Amigos dos Amigos. Ante la incapacidad del Estado para penetrar social y económicamente en estas áreas marginadas, muchas veces se ha optado por la represión armada como respuesta.
El Comando Vermelho, fundado en los años 70 dentro del sistema penitenciario de Río, ha crecido hasta controlar extensas zonas del tráfico de drogas, extorsión y otros delitos. El grupo ha sido blanco de sucesivas ofensivas por parte de diferentes gobiernos estatales, usualmente bajo el lema de "recuperar el control del territorio".
El problema: estas operaciones tienden a perpetuar un ciclo de violencia donde la población civil termina atrapada.
Las cifras y el operativo
Según la Secretaría de Seguridad Pública de Río, el operativo—liderado por fuerzas estatales y federales—fue el resultado de una investigación de más de un año sobre redes de narcotráfico en la zona. El saldo incluye:
- 121 muertos
- 113 detenidos
- 118 armas confiscadas
- Más de una tonelada de drogas incautadas
No obstante, los detalles sobre cuántas de las víctimas estaban armadas o vinculadas directamente al crimen organizado son confusos. Videoaficionados y testimonios recogidos por medios comunitarios y ONGs sugieren que varias personas fueron ejecutadas extrajudicialmente o murieron por fuego cruzado dentro de sus casas.
“Están matando a nuestros hijos”: el clamor popular
El miércoles por la mañana, el ambiente en Penha era desolador. Escuelas cerradas, negocios con las persianas abajo y presencia policial aún activa. En la sede de la organización CUFA (Central Única das Favelas), decenas de madres, activistas y abogados se reunían para brindar apoyo jurídico a las familias de las víctimas.
"Están matando a nuestros hijos como si fueran animales", denunció Ana Cristina Souza, madre de un joven de 17 años asesinado durante el operativo. "No somos delincuentes, somos trabajadores. ¿Quién nos protege?".
El historial de masacres en Río: una política fallida
Esta no es la primera vez que una intervención policial termina en tragedia. Río de Janeiro carga con una historia negra de operativos con alto número de muertos:
- 2005, Baixada Fluminense: 29 muertos en una sola noche.
- 2021, Jacarezinho: 28 muertos en una redada contra el narcotráfico.
- 2022, Vila Cruzeiro: 23 muertos en otro operativo conjunto.
En todos los casos, las autoridades justificaron las acciones como “necesarias ante un enemigo violento y bien armado”, pero los organismos internacionales y locales han reiterado sus críticas por el uso excesivo de la fuerza y la impunidad sistemática.
¿Estrategia de seguridad o castigo colectivo?
Julita Lemgruber, socióloga y exdirectora del Departamento del Sistema Penitenciario de Río, declaró al diario Folha de São Paulo: “La violencia institucionalizada en estas áreas no resuelve nada. Lo que vemos es el precio que pagan los pobres por vivir en zonas donde el Estado sólo penetra con fusiles”.
Los especialistas coinciden en que el uso de estrategias militarizadas en zonas urbanas densamente pobladas carece del sustento táctico y ético necesario. La ONU ya ha señalado que Brasil tiene una de las policías más letales del mundo. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública (2024), 6.429 personas murieron en intervenciones policiales en todo el país.
Respuesta oficial: ¿justicia o discursos?
El gobernador de Río, Cláudio Castro, defendió la operación con palabras firmes: “Cuando tocamos a la raíz de estas organizaciones, habrá resistencia. Pero no vamos a claudicar”.
Lejos de calmar a la población, sus declaraciones generaron protestas en la ciudad, incluyendo una vigilia organizada frente al Palacio de Guanabara, donde más de 400 personas exigieron su renuncia inmediata y el establecimiento de una comisión independiente de investigación.
La Defensora Pública del Estado, Mariana Lobo, solicitó formalmente al Ministerio Público que se abrieran 121 investigaciones individuales por homicidio. “No podemos normalizar lo inaceptable”, afirmó.
Impacto social: terror, parálisis y trauma
Las consecuencias del operativo van más allá del conteo de muertos y detenidos. Escuelas se mantuvieron cerradas durante días. Universidades como la UNIRIO suspendieron clases en sus campus cercanos. El transporte público se redujo debido a bloqueos con autobuses incendiados, una táctica común del crimen organizado para ralentizar los avances policiales.
Pero el impacto psicológico es más profundo. “Los niños no quieren dormir, piensan que los policías van a entrar otra vez”, cuenta Luciana Dias, psicóloga que trabaja con comunidades en Penha.
Crisis de derechos humanos: ¿hasta cuándo?
Human Rights Watch y Amnistía Internacional emitieron comunicados pidiendo una investigación transparente con supervisión internacional. Según Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Brasil: “Estamos ante crímenes potenciales de lesa humanidad si se comprueba el carácter sistemático de las ejecuciones”.
Hasta el momento, ni la presidencia ni el Ministerio de Justicia se han pronunciado ante las reiteradas peticiones de intervención federal.
Necesitamos cambiar el enfoque
Cada año, Río se ahoga más en una espiral de violencia y represión. El modelo basado únicamente en el enfrentamiento armado no ha solucionado —ni parece solucionar— las causas estructurales de la criminalidad: pobreza, falta de oportunidad y abandono estatal.
Como señala la investigadora Ilona Szabó del Instituto Igarapé: “El enemigo a vencer no vive en las favelas con AK-47. El verdadero enemigo es la desigualdad. Sin políticas públicas y sin justicia para las víctimas, esta guerra seguirá cobrando vidas inocentes”.
La masacre de Penha debe ser un punto de inflexión. No podemos acostumbrarnos a contar muertos cada vez que el Estado actúa bajo la lógica de la guerra. ¿Hasta cuándo toleraremos esta violencia disfrazada de seguridad?
