New Orleans al borde del colapso financiero: ¿Qué hay detrás del caos presupuestario y el temor a una intervención estatal?

Por primera vez en años, la mítica ciudad de Nueva Orleans se encuentra en un cruce que podría redefinir la relación entre el gobierno estatal y las administraciones municipales en Estados Unidos. La cancelación de un préstamo de emergencia de $125 millones para equilibrar su presupuesto de 2025 no solo deja a la ciudad sin liquidez inmediata. También expone las tensiones políticas, la fragilidad institucional y los desafíos estructurales de la gobernanza urbana moderna.

Un préstamo de alto riesgo cancelado en el último minuto

El pasado miércoles, el Concejo Municipal de Nueva Orleans, junto con la administración saliente de la alcaldesa LaToya Cantrell, anunció la retirada oficial de una solicitud de emisión de bonos por $125 millones. Esta medida pretendía amortiguar un déficit fiscal estimado en $160 millones para el ejercicio 2025.

Aunque el empréstito había sido comparado por algunos concejales con un "préstamo con interés de casa de empeño", su finalidad era evitar recortes presupuestarios drásticos, mantener la operatividad de la administración pública y, sobre todo, cumplir con el pago de salarios de los empleados municipales.

La sombra del gobernador Landry: presiones políticas y amenaza de intervención

La decisión del concejo se produjo justo un día después de que el gobernador republicano Jeff Landry instara a los miembros del Comité de Bonos estatal a rechazar la emisión de los bonos. Además, solicitó una reunión de emergencia del Comité de Revisión Fiscal para analizar las finanzas de la ciudad, lo que generó temores de una posible intervención.

Lo significativo es que si el comité hubiese tomado medidas, se habría activado la figura del administrador fiscal, un funcionario con poderes extraordinarios para modificar presupuestos, despedir personal e incluso cancelar contratos, todo sin necesidad de aprobación por parte del concejo o de la alcaldía.

Helena Moreno encabeza la resistencia

La alcaldesa electa Helena Moreno dejó claro que no permitirá que el Estado tome el control de Nueva Orleans:

“No permitiré que se imponga un administrador fiscal. Es, en esencia, el Estado apoderándose de la ciudad”, afirmó.

Moreno, junto con otros líderes locales y representantes estatales como el congresista Troy Carter, ha defendido una posición firme: enfrentar el déficit sin ceder soberanía local.

¿Qué implica un administrador fiscal?

La designación de un administrador fiscal es una figura contemplada en varios estados de EE. UU. para situaciones críticas de gobierno local. El caso más conocido fue el de Detroit en 2013, cuando la ciudad declinó en insolvencia y perdió gran parte de su autonomía operativa durante más de cuatro años.

Este funcionario tiene la facultad de:

• Reformular el presupuesto completo
• Contratar o despedir empleados municipales
• Revisar o cancelar contratos públicos
• Tomar decisiones sin consentimiento del concejo o el alcalde

¿Cómo llegó Nueva Orleans a este punto?

Según datos recientes, el déficit de $160 millones se origina en parte por:

• Error de proyección de ingresos municipales
• Altas dependencias de fondos federales poshuracán Katrina
• Mal manejo presupuestario en los últimos años
• Costos crecientes de servicios públicos, incluidos gastos en seguridad y transporte

La administración Cantrell ha enfrentado críticas desde 2022 por supuestos excesos en gastos operativos, contratos poco transparentes y manejo cuestionable de horas extra, especialmente en cuerpos de seguridad y empresas públicas.

Medidas urgentes: recortes, reestructuraciones y búsqueda de fondos federales

Sin el préstamo, el Concejo Municipal tendrá que optar por una combinación de medidas que incluyen:

• Recortes drásticos de gasto
• Furloughs (suspensiones temporales de empleo sin paga)
• Reasignación de fondos no gastados del American Rescue Plan
• Solicitudes de reembolso a FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)
• Uso de parte del fondo de reserva de $200 millones

El concejal JP Morrell lanzó una advertencia contundente:

“No podemos salir de esta crisis a base de furloughs. Un solo día de suspensión laboral cuesta un millón de dólares; ni siquiera suspendiendo a todos los empleados hasta diciembre podríamos cubrir el déficit.”

Crisis como oportunidad de reforma estructural

Varios expertos han señalado que esta crisis podría abrir una vía para implementar reformas estructurales en cómo las ciudades administran su economía. La Oficina del Auditor Legislativo estatal ya inició una auditoría que podría tardar entre 3 y 6 meses y revisará todos los movimientos financieros desde 2022.

Este plan incluye evaluar:

• Contrataciones y licitaciones públicas
• Manejo de horas extra
• Asignación y uso de fondos federales

De esa revisión podrían derivarse sanciones, nuevas regulaciones locales y hasta reformas a nivel estatal sobre cómo compensar a funcionarios y cómo asignar recursos en tiempos de emergencia fiscal.

¿Y ahora qué? El peso recae sobre Moreno

Con LaToya Cantrell saliendo de la escena política, todas las miradas están puestas en Helena Moreno, quien asume la administración con el deber de evitar tanto un colapso institucional como un posible “rescate” estatal.

Moreno ha tendido la mano al gobierno estatal, proponiendo modelos de supervisión más leves, como comités de revisión presupuestaria conjunta o consultorías externas con acceso limitado a las decisiones del ejecutivo.

Un dilema nacional: la autonomía de las ciudades frente a la supervisión estatal

El caso de Nueva Orleans no es aislado. Otras ciudades como Chicago, Newark o San Juan en Puerto Rico han vivido situaciones similares en que el Estado o el gobierno federal interfirieron en la administración local a raíz de graves desequilibrios financieros.

Esto plantea inevitablemente el debate sobre el equilibrio entre autonomía local y responsabilidad fiscal. ¿Debe el Estado asumir control cuando las autoridades locales fallan, o debe limitarse a ofrecer apoyo técnico y financiero?

Para muchos residentes de Nueva Orleans, lo que está en juego no es solo un préstamo o una cifra en rojo. Es el alma misma de su democracia municipal y el derecho a gobernarse con responsabilidad, sin imposiciones. Como dijo un líder comunitario:

“Prefiero vivir en una ciudad pobre pero libre que en una intervenida y sin voz.”

Lecciones para otras ciudades frente a la bancarrota

La situación actual puede ser una advertencia para otras ciudades medianas y grandes en EE. UU., muchas de las cuales han dependido durante años de fondos federales extraordinarios. Una amenaza financiera mal gestionada puede transformarse en una amenaza a la democracia local.

Quizás la clave esté en tener no solo finanzas sanas, sino sistemas públicos transparentes, previsores y participativos. Mientras, Nueva Orleans navega sus días más oscuros con la esperanza de no sacrificar su autonomía para sobrevivir.