Comando Vermelho y las favelas bajo fuego: ¿Seguridad o espectáculo político en Brasil?

RÍO DE JANEIRO — Las calles de Penha amanecieron teñidas de sangre. Cuerpos apilados en la plaza central, ciudadanos horrorizados y helicópteros surcando el cielo como en una zona de guerra. Lo que debía ser una operación de seguridad para desmantelar redes delictivas terminó siendo uno de los episodios más violentos en la historia reciente de Brasil. ¿Qué ocurrió realmente en esta megaraid que dejó al menos 121 muertos—posiblemente 132, según cifras de la Defensoría Pública—?

En este artículo analizamos el trasfondo de estas operaciones: la historia del Comando Vermelho, el impacto social sobre las favelas, el uso político de estos operativos y, lo más importante, por qué no son una solución real a la violencia estructural que azota a Brasil desde hace décadas.

El nacimiento del Comando Vermelho: de la prisión a las calles

El Comando Vermelho (CV) nació en la década de 1970 en la prisión Cândido Mendes, en la isla de Ilha Grande. Allí, presos comunes comenzaron a organizarse junto con presos políticos de la dictadura militar brasileña. De esta alianza naciente surgió una de las organizaciones criminales más temidas del país.

Con los años, el CV salió de las cárceles para asentarse en las favelas de Río de Janeiro. El crecimiento del narcotráfico en las décadas de 1980 y 1990, impulsado por la represión estatal a las drogas, fue el caldo de cultivo perfecto para expandir su poder.

“El Comando Vermelho aprendió en prisión la lógica de la organización y aplicó ese conocimiento al negocio más rentable de los barrios marginales: la droga”, explica Claudio Ferraz, excomisario de la policía de Río.

Actualmente el CV no solo domina gran parte de la zona norte de Río, sino que ha extendido sus operaciones a nivel internacional, compitiendo incluso con el temido Primer Comando de la Capital (PCC) de São Paulo por rutas del narcotráfico en Europa y Sudamérica.

Las favelas: campos de batalla invisibles

Cada vez que el Estado brasileño lanza una operación contra el crimen organizado lo hace, casi exclusivamente, en una geografía muy específica: las favelas. Estas comunidades, históricamente abandonadas por las políticas públicas, cargan con el estigma de ser reductos criminales. Sin embargo, en palabras de William de Oliveira, líder comunitario de Rocinha:

“No todos somos delincuentes. En la favela hay maestros, médicos, madres solteras, obreros. Los que rompen la ley existen en todas las clases sociales.”

En la víspera de la operación en Penha y el Complexo do Alemão, muchas tiendas cerraron sus puertas, los residentes permanecieron en sus casas y los niños faltaron a la escuela. El miedo se apoderó de la cotidianidad.

Después de la incursión—que dejó decenas de muertos y ninguna incautación significativa más allá de armas y autos quemados—la comunidad siente que el costo fue demasiado alto para resultados tan pobres.

Estadísticas que no mienten: ¿funcionan estas operaciones?

Un análisis de la Universidad Federal Fluminense demuestra lo que muchos ya sabían empíricamente: solo el 1.3% de las más de 1.800 operaciones realizadas en la región metropolitana de Río en 2024 fueron efectivas, es decir, generaron arrestos o desmantelaron verdaderas estructuras criminales.

Paralelamente, el Foro Brasileño de Seguridad Pública reporta que en lo que va de 2024, la policía ha matado a más de 6.243 personas, lo que representa el 14% de todos los homicidios del país.

Los expertos alertan que las cifras muestran una política de seguridad pública basada en el exterminio, no en la inteligencia o la prevención.

El uso político de las balas

El gobernador de Río, Cláudio Castro, celebró la actuación como un “éxito”, a pesar de las cuatro bajas policiales y los más de 100 civiles muertos. Para muchos, este tipo de declaraciones revelan la instrumentalización política de las fuerzas de seguridad.

En camino a las elecciones locales y presidenciales de 2025, la seguridad aparece como uno de los temas que más preocupan a los brasileños. Las encuestas reflejan que más del 60% de la población considera que la violencia urbana es el principal problema del país.

Para analistas como el excomisario Ferraz, “estas operaciones son parte de una guerra simbólica para ganar votos, no para combatir el crimen”.

Narco-terrorismo: la nueva narrativa conservadora

El discurso que transforma a bandas como el Comando Vermelho en “narcoterroristas” ha ganado fuerza entre sectores conservadores. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llegó a expresar su “envidia” por las operaciones antinarcóticos estadounidense en el Caribe.

La estrategia de criminalizar a las favelas como centros de terrorismo no solo impacta en la estigmatización de comunidades pobres, sino que acerca la política de seguridad brasileña a prácticas de guerra interna.

Sin embargo, desde el gobierno federal, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski rechazó esa clasificación señalando que, según la ley brasileña, una organización terrorista debe tener motivos ideológicos, cosa que no se observa en el accionar de estas bandas.

Un modelo que persiste pese a su fracaso

Este no es un fenómeno nuevo. Desde los años noventa, los gobiernos locales de Río, sin importar su color político, vienen usando las megaraids como una supuesta solución al narcotráfico. En 2007, el entonces gobernador lanzó el programa de Unidades de Policía Pacificadora que fracasó por falta de seguimiento y corrupción interna.

En 2017, otra intervención federal dejó como saldo más muertes que decomisos. Esta lógica del show de fuerza permanece intacta hasta nuestros días, ahora potenciada por redes sociales, cámaras y drones.

La investigadora Sílvia Ramos, del Observatorio de Seguridad, lo resume con ironía: “Parece que el Estado solo existe en la favela cuando es para matar.”

¿Qué alternativas existen?

Organizaciones de derechos humanos y académicos promueven una combinación de política social, inteligencia policial y desmilitarización como alternativas a estas tácticas brutales.

Los casos exitosos de Medellín (Colombia) y algunas comunidades de San Salvador, donde se integró infraestructura, educación, programas de reinserción y redes comunitarias, sirven como ejemplo de una ruta distinta que Brasil podría explorar.

¿Quién vigila a los vigilantes?

Tras la masacre, organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han exigido una investigación independiente. El Senado ha propuesto una Comisión Parlamentaria de Investigación para examinar no solo esta operación, sino el crecimiento del crimen organizado a escala nacional.

El presidente Lula da Silva ha buscado reforzar el sistema de inteligencia y una nueva ley para combatir a grupos criminales sin recurrir a la violencia indiscriminada. Aun así, la falta crónica de confianza en las instituciones judiciales hace que muchos duden de que haya justicia verdadera para los muertos en Penha y el Complexo do Alemão.

Los muertos no dan votos

Al final del día, la pregunta sigue siendo: ¿para qué sirve una operación policial que deja cientos de cadáveres pero no logra cambios estructurales? ¿Quién ganó con este operativo?

Para los residentes, lo único que queda es más dolor, desconfianza e indignación. “Después de todo eso, el tráfico sigue ahí abajo, la violencia sigue ahí abajo”, lamentó un habitante que prefirió no dar su nombre. Y lo más probable es que el próximo año, justo antes de las elecciones, se repita la misma historia.

Quizás llegó la hora de que Brasil entienda que la violencia no se resuelve con más violencia, sino escuchando a quienes viven cada día bajo el sonido de las balas.