La batalla por los alimentos: ¿Puede el gobierno dejar sin SNAP a 42 millones de personas?

Una crisis alimentaria a punto de estallar

Estados Unidos enfrenta uno de los escenarios más delicados en décadas en lo que respecta al bienestar de sus ciudadanos más vulnerables. El cierre del gobierno federal iniciado en octubre amenaza paralizar la distribución de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), una red de seguridad alimentaria que ayuda a aproximadamente 42 millones de personas, o cerca del 12% de la población.

Ante esta crisis inminente, dos jueces federales podrían emitir sendos fallos que determinarán si la administración encabezada por el expresidente Donald Trump deberá restituir los fondos para el mes de noviembre. Aunque aún no hay veredicto, este conflicto plantea preguntas profundas sobre el papel del gobierno, la ética política y los derechos sociales básicos en una nación desarrollada.

¿Qué es el SNAP y por qué importa tanto?

El SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos, otorga tarjetas de débito recargables a beneficiarios de bajos recursos para la compra de productos comestibles. El programa representa una inversión de alrededor de $8.000 millones mensuales, y es un salvavidas crucial para millones de familias, personas mayores, trabajadores pobres y personas con discapacidades.

Según datos del Departamento de Agricultura (USDA), el 76% de los hogares beneficiarios tienen niños, el 27% incluyen a adultos mayores o personas con discapacidades, y más del 60% tienen a al menos un adulto con empleo. Estas cifras refutan el mito de que el programa es explotado por personas que no quieren trabajar.

Una decisión judicial con impacto nacional

En una audiencia celebrada en Boston, la jueza federal Indira Talwani expresó fuertes dudas respecto a la legalidad de suspender el programa SNAP como método para lidiar con el cierre presupuestario. En palabras lapidarias y llenas de humanidad, Talwani afirmó:

“Si no tienes dinero, te aprietas el cinturón. No vas a dejar que todos se mueran porque hay un juego político en algún lugar”.

Los argumentos del gobierno federal indican que no pueden usar el fondo de contingencia de $5.000 millones para cubrir el SNAP, pero la jueza sugirió que sí podrían hacerlo, e incluso señaló que hay más fondos disponibles en otra cuenta federal. Si Talwani decide que se deben distribuir los beneficios, el fallo impactaría en todo el país, beneficiando a los 50 estados y no solo a los 25 que presentaron la demanda.

El SNAP como rehén político

El trasfondo del caso está inevitablemente atado a la polarización política en Washington D.C. La administración Trump, conscientes del poder de presión del SNAP, parece haber tomado al programa como una ficha de negociación en la lucha por el presupuesto, una postura violenta que afecta directamente a quienes menos capacidad tienen para defenderse.

“No es una cuestión de recursos, sino de prioridades”, explicó un funcionario del estado de Nueva York. “La Constitución y el Congreso previeron mecanismos para reordenar las asignaciones presupuestarias sin lastimar directamente a decenas de millones de personas”.

Los efectos humanitarios de cortar el SNAP

El impacto de dejar sin fondos al SNAP no se limita al hambre: hospitales, escuelas y servicios sociales sufrirían una presión dramática. Los bancos de alimentos, que ya están sobrecargados debido a la inflación, anticipan un aumento del 50% en la demanda. De concretarse el recorte, algunas ciudades advierten que en menos de dos semanas verán una emergencia social.

El Centro de Investigación en Políticas Alimentarias de la Universidad de California en Berkeley estima que, si SNAP se suspende durante un mes completo, más de 10 millones de niños podrían padecer inseguridad alimentaria grave.

Retrasos inevitables y un sistema burocrático colapsado

Aun si la jueza falla a favor de distribuir los fondos, los retrasos en la recarga de las tarjetas SNAP podrían oscilar entre una y dos semanas. Esto se debe a que los sistemas estatales, encargados de emitir los beneficios, necesitan verificar, programar y procesar millones de transacciones. “Es probable que ninguna tarjeta esté recargada en los primeros días de noviembre”, explicó un vocero del Departamento de Agricultura.

Un precedente peligroso

Desde su creación en 1961, el programa SNAP jamás ha sido suspendido. Este episodio marcaría un precedente extremadamente peligroso, mostrando que incluso los servicios sociales esenciales están sujetos al vaivén político. Más aún, pondría en duda el compromiso del gobierno con los derechos básicos de sus ciudadanos frente a crisis políticas.

La lucha legal no termina con el fallo inicial de Talwani. Cualquiera sea su decisión, se espera una apelación inmediata ante cortes superiores, potencialmente incluso la Corte Suprema. Pero el tiempo apremia, y millones de estadounidenses podrían encontrarse sin qué comer mientras los abogados se enfrentan en tribunales.

La reacción del pueblo estadounidense

Numerosos grupos de activistas, líderes religiosos y organizaciones sociales han alzado su voz. En Kansas City, Missouri, voluntarios están preparando kits alimentarios para distribuir a las familias más afectadas por una interrupción del SNAP. “La comida no puede ser un arma política”, dijo la coordinadora del banco de alimentos.

Incluso líderes políticos republicanos se han manifestado escépticos ante el uso del SNAP como factor de presión. “Hay otras formas de negociar”, escribió un senador por Ohio en un artículo de opinión publicado en el New York Times.

Datos escalofriantes

• El 90% del presupuesto del SNAP se destina a la compra directa de alimentos.
• Cada dólar gastado en SNAP genera entre $1.50 y $1.80 en la economía local, gracias a la circulación de efectivo.
• Las tasas de inseguridad alimentaria infantil que se han duplicado en algunos estados desde el inicio del cierre gubernamental.

¿Qué dice la Constitución?

Expertos en derecho constitucional afirman que el Congreso tiene poder para dictar la forma en que se gastan los fondos públicos, pero la administración debe cumplir los códigos establecidos. La sección 1324 del Código de EE. UU. sugiere que ciertos beneficios esenciales no pueden ser interrumpidos sin mayoría legislativa. “El poder ejecutivo no puede simplemente detener programas con base en una disputa política interna”, afirmó el jurista Michael Gerhardt de la Universidad de Carolina del Norte.

Un reflejo de la desigualdad

Este conflicto no solo plantea un problema técnico o presupuestario: es el reflejo más crudo de la creciente desigualdad en EE. UU. Mientras los debates en Washington se centran en la técnica legislativa, millones de personas se debaten entre comer o pagar el alquiler.

“Un país que gasta $877.000 millones anuales en defensa no debería dudar en garantizar que sus propios ciudadanos puedan alimentarse”, apuntó el economista Paul Krugman en una entrevista reciente.

¿A qué horizonte nos enfrentamos?

Más allá del fallo judicial, esta crisis revela grietas profundas en el sistema político estadounidense. Un presupuesto secuestrado por la polarización, programas sociales usados como rehenes, y una población entera rehenes de decisiones partidistas.

¿Será la jueza Talwani quien marque el límite? ¿O seremos testigos de un precedente que sentará las bases para un país dispuesto a sacrificar políticas públicas en el altar del cálculo político?

Mientras tanto, millones de personas esperan el veredicto con estómago vacío.