Masacres en Río de Janeiro: ¿Seguridad o terrorismo de Estado?

“¡Basta de masacres!”: El grito de las favelas

Una marea blanca avanzó por las calles polvorientas de Vila Cruzeiro, una de las comunidades empobrecidas que conforman el Complexo da Penha, en el norte de Río de Janeiro. Camisetas blancas manchadas con manos rojas, pancartas que decían “Dejen de matarnos” y rostros marcados por la desesperación componían la escena de una de las mayores manifestaciones contra la violencia policial en la historia de Brasil.

La razón: una operación policial llevada a cabo el pasado martes 28 de octubre de 2025, que deja al menos 121 muertos, según datos de la policía militar. La Defensoría Pública del estado afirma que la cifra asciende a 132. De los fallecidos, cuatro eran agentes del orden. El resto eran supuestos miembros del grupo criminal Comando Vermelho, objetivo principal del operativo conjunto entre policías y fuerzas militares.

¿Seguridad ciudadana o represión desmedida?

La narrativa oficial del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, no deja lugar a dudas: “Estamos en guerra contra el narco-terrorismo”. Así justificó el operativo en el cual participaron más de 2,500 efectivos fuertemente armados, con apoyo aéreo y tácticas militares, en su intento de recuperar el control de territorios dominados por el crimen organizado.

Pero para los habitantes de las favelas, activistas de derechos humanos y juristas, lo ocurrido no fue un operativo de seguridad, sino una masacre selectiva y desproporcionada orientada a aplacar a una población históricamente estigmatizada.

“El gobernador dijo que era para combatir el narcotráfico, pero lo que necesitamos es asfixiar a quienes lo financian. Esto no es política pública, es genocidio”, declaró la concejala Mônica Benício, viuda de la activista Marielle Franco, asesinada en 2018.

El rostro humano del horror

Entre los manifestantes estaba Anne Caroline dos Santos, una joven de 30 años de la favela de Rocinha, que viajó al norte de la ciudad para protestar por el asesinato de un amigo durante el operativo.

“Las madres están luchando por rescatar los cuerpos de sus hijos para poder enterrarlos”, dijo sollozando.

En los días posteriores al operativo, imágenes estremecedoras circularon en las redes. Decenas de cuerpos apilados en calles de terracería, algunos calcinados, otros con signos de tortura, puntadas profundas o incluso decapitaciones. Muchas víctimas eran jóvenes de entre 15 y 25 años, muchos sin antecedentes criminales comprobados.

La Defensoría Pública ha documentado numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales y abuso de autoridad. Se recogieron testimonios de residentes que aseguran haber visto cómo agentes entraban a viviendas sin orden judicial y disparaban sin previo aviso.

Una acción con ecos internacionales

La operación ha provocado una ola de condenas internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, mientras que diversas ONG de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han solicitado una investigación independiente y sanciones concretas contra los responsables.

Incluso el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha pedido explicaciones detalladas a Cláudio Castro, convocando una audiencia con el gobernador y los jefes de policía el próximo 3 de noviembre. De no ofrecer respuestas satisfactorias, podría abrirse un proceso penal en su contra.

¿Estrategia efectiva o populismo punitivista?

Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro y declarado opositor del actual mandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva, ha construido parte de su base de apoyo sobre una retórica de mano dura contra el crimen. No obstante, sus políticas han incrementado la letalidad policial en un 68% desde su llegada al poder, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP-RJ).

Desde enero hasta octubre de 2025, se han registrado más de 1,850 muertes derivadas de intervenciones policiales tan solo en el estado de Río. En 2021, este número era de 998.

El propio Castro ha criticado al gobierno federal de Lula por “abandonar a Río en su lucha contra el crimen organizado”, una afirmación que ha sido categóricamente rechazada por el Ministerio de Justicia, que ha duplicado los recursos de cooperación y vigilancia en zonas críticas del país.

El Comando Vermelho y la expansión del narco

El objetivo declarado del operativo fue frenar la expansión territorial del criminal Comando Vermelho (CV), uno de los grupos más poderosos de Brasil, con presencia creciente incluso en áreas remotas como la Amazonía.

Sin embargo, según O Globo, de los 99 supuestos sospechosos identificados hasta ahora, ninguno ha sido formalmente procesado por el Ministerio Público. De ellos, 42 tenían órdenes de captura vigentes y 78 contaban con antecedentes penales, aunque de diversa índole: desde microtráfico hasta delitos menores.

Para muchos expertos, estas operaciones no logran desarticular las estructuras criminales, sino que simplemente las reubican y producen un efecto de reemplazo rápido entre miembros de bajo rango. Además, se crea un ciclo de venganza e inseguridad que perpetúa el control armado sobre las comunidades.

“No al exterminio como política de Estado”

“Incluso aunque existieran sospechas fundadas sobre los jóvenes ejecutados, debía aplicarse el debido proceso. La Constitución garantiza los derechos de todos”, afirmó la abogada Adriana Miranda durante la marcha.

Y es que el problema de fondo, según distintos sectores, no radica solamente en los operativos en sí, sino en la ausencia crónica de políticas públicas efectivas en salud, educación, infraestructura y empleo en las comunidades empobrecidas.

En palabras de Leandro Santiago, mototaxista y residente de Vila Cruzeiro:

“Esto es una vergüenza para Brasil. Nada justifica lo que hicieron. Nos tratan como si no fuéramos ciudadanos.”

El estigma de ser pobre, negro y vivir en una favela

Datos del Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) revelan que el 78% de las personas muertas por la policía en Brasil en los últimos cinco años eran negras. Más del 75% tenía entre 15 y 30 años. Un patrón que no es casual.

La criminalización de la pobreza ha sido una constante. Y en Río de Janeiro, donde más de 1.5 millones de personas viven en favelas —algunos estiman que casi un cuarto de la población—, el Estado opera con lógicas de guerra.

La seguridad pública no debería ser el exterminio selectivo, sino una combinación de inteligencia, prevención, justicia y reintegración social.

Un camino hacia la esperanza

Tras la masacre, muchos negocios que habían cerrado por días volvieron a abrir lentamente, mientras los vecinos intentan reconstruir sus vidas. Sin embargo, los signos del horror persisten: coches quemados usados como barricadas, orificios de bala en las fachadas y la memoria lacerante de la violencia.

Las manifestaciones como la de ese viernes en Vila Cruzeiro son apenas el comienzo de una lucha mayor por justicia y dignidad. Los ciudadanos no piden impunidad para los criminales, sino el respeto al proceso legal y al principio universal de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Mientras tanto, los ojos del mundo observan con preocupación la deriva autoritaria de una estrategia fallida, donde el precio de la “seguridad” parece ser la vida de los más vulnerables.