Crisis alimentaria en Estados Unidos: ¿Qué hay detrás del riesgo de suspensión de SNAP durante el cierre gubernamental?

¿Qué es SNAP y por qué está en el centro de la disputa política?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido anteriormente como cupones de alimentos, beneficia a más de 42 millones de personas en Estados Unidos, o aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses. Funciona como una línea de defensa crítica contra la inseguridad alimentaria, permitiendo que familias de bajos ingresos accedan a productos esenciales en supermercados utilizando una tarjeta de débito especial.

Sin embargo, durante el cierre del gobierno federal impulsado por el conflicto entre legisladores sobre el presupuesto, la administración de Donald Trump anunció que congelaría los pagos de SNAP desde el 1 de noviembre por supuesta falta de recursos, lo que puso en riesgo la continuidad del programa.

Un recurso vital bajo amenaza

El impacto de cortar SNAP no es menor. El programa representa una inversión de aproximadamente 8 mil millones de dólares mensuales y, en muchos estados, familias enteras dependen de él para decidir entre pagar la renta o comprar comida. En su mayoría, los beneficiarios son niños, adultos mayores y personas con discapacidades.

Por ejemplo, para calificar en 2025, una familia de cuatro personas no debe superar los $32,000 anuales netos tras ciertos gastos. Según el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), el 68% de los beneficiarios de SNAP son familias con niños.

Decisión judicial: la presión aumenta para el gobierno

Ante la amenaza inmediata, fiscales generales y gobernadores demócratas de 25 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda exigiendo la continuidad del programa. Paralelamente, ciudades y organizaciones sin fines de lucro también tomaron acciones legales.

El pasado viernes, dos jueces federales —uno en Rhode Island y otro en Massachusetts— fallaron a favor de mantener el programa en funcionamiento. El juez John J. McConnell indicó que el gobierno debe usar, al menos, los 5 mil millones de dólares del fondo de contingencia del USDA para seguir financiando SNAP. La jueza Indira Talwani fue más contundente: dictó que la suspensión era "ilegal" y exigió una respuesta inmediata sobre cómo financiarían los beneficios de noviembre.

Trump y la estrategia del "no compromiso"

Trump declaró públicamente que no cedería ante lo que calificó como "extorsión política" y se negó a usar un segundo fondo de 23 mil millones de dólares que podría haber solucionado temporalmente el impasse. La administración también eliminó exenciones de requerimientos laborales para adultos mayores, veteranos y otros grupos vulnerables, exacerbando la situación.

Esto ha dejado a millones de personas con una sola certeza: los beneficios de noviembre se retrasarán, con independencia del fallo judicial, ya que muchos estados requieren una semana o más para recargar las tarjetas.

Impacto en las comunidades: incertidumbre y desesperación

Para quienes dependen directamente de SNAP, esta paralización ha significado más que una cuestión presupuestal: es una cuestión de vida o hambre. Como explicó María Hernández, madre soltera en Texas:
“Si no llega la carga este mes, no hay comida en la casa. Así de simple.”

Organizaciones comunitarias y bancos de alimentos han respondido con iniciativas urgentes para aumentar los recursos, anticipando el posible colapso del sistema. En Massachusetts, por ejemplo, el gobierno estatal anunció medidas para utilizar fondos estatales y ayudar a las organizaciones en la distribución temporal de alimentos. Nueva York y California también optaron por adelantar pagos y usar fondos propios.

¿Cuál es el papel del USDA en este conflicto?

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) es la entidad federal encargada de administrar SNAP. Según documentos oficiales, el USDA contaba con un plan inicial para utilizar sus fondos de contingencia, pero dicho esquema fue descartado de manera abrupta por la Casa Blanca.

Esto llevó a severas críticas por parte de legisladores demócratas:

• Senadora Patty Murray (D-WA): “Negar alimentos a millones mientras se juega con la política es inaceptable.”
• Representante Jim McGovern (D-MA): “La administración tiene los recursos y decide no usarlos. Esto no es una crisis fiscal, es una crisis de voluntad.”

Antecedentes históricos del impacto de SNAP

Esta no es la primera vez que SNAP se convierte en herramienta política. En 2013, durante otro cierre de gobierno bajo la administración de Obama, se debatió una reducción de $40 mil millones en un período de 10 años propuesta por los republicanos. Gracias a protestas populares, muchas de esas reducciones fueron bloqueadas.

Estudios del Center on Budget and Policy Priorities muestran que cada dólar invertido en SNAP genera aproximadamente $1.50 a $1.80 en crecimiento económico local, al ser gastado casi de inmediato en tiendas de barrio y cadenas de supermercados.

La paradoja de la riqueza en un país con hambre

Estados Unidos es la economía más rica del mundo, pero una proporción sorprendente de su población vive en extrema precariedad. Según datos del Censo de EE.UU., el 11.5% de los estadounidenses vivían por debajo del umbral de pobreza en 2023, lo cual incluye a millones de niños.

El problema no es la falta de alimentos, sino el acceso. Y SNAP es uno de los pocos programas que evita una catástrofe humanitaria silenciosa.

¿Es SNAP un gasto o una inversión social?

Numerosos informes académicos señalan que SNAP actúa como colchón anti-recesión. Los economistas lo consideran una de las formas más eficientes de estímulo fiscal. Además, contribuye a mejorar patrones de salud, reducir problemas de obesidad infantil y aumentar el rendimiento escolar. Un estudio publicado por el American Journal of Agricultural Economics encontró que los niños que vivieron en hogares que recibían SNAP tuvieron mejores resultados académicos a largo plazo.

El factor moral y político

Más allá de los números y las demandas legales, el debate sobre SNAP pone a prueba la visión que Estados Unidos tiene sobre sí mismo como nación. ¿Debe garantizar el derecho básico a la alimentación? ¿Hasta qué punto es aceptable usar la ayuda social como carta política durante una disputa presupuestaria?

La fundadora de la organización Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot, lo resume así:
“Tenemos suficientes alimentos. Lo que falta es empatía y voluntad política.”

¿Qué viene ahora?

El destino inmediato de SNAP depende de si la administración de Trump acata los fallos judiciales y financia completamente el programa. Si opta por un financiamiento parcial, millones podrían recibir beneficios reducidos—y tarde. Si se mantiene la negativa, es posible que haya nuevas oleadas de protestas, aún más demandas judiciales y consecuencias a largo plazo en comunidades vulnerables.

Sea cual sea el escenario que se materialice, este episodio refuerza una cruda realidad: el acceso a la comida en Estados Unidos no es un derecho constitucional, sino una ilusión precaria que depende de decisiones políticas.

Y en tiempos de crisis, esa ilusión puede romperse con consecuencias devastadoras, especialmente para quienes menos tienen.