El asesinato del alcalde de Uruapan expone la crisis de violencia política en Michoacán

Un crimen en medio de las velas y las flores de cempasúchil

La noche del 2 de noviembre de 2025, en pleno corazón de Uruapan, Michoacán, se celebraba una de las tradiciones más coloridas y arraigadas de México: el Día de Muertos. Decenas de familias, turistas y autoridades locales se congregaban en la plaza central, rodeada de altares con flores, veladoras y calaveras de azúcar, cuando el estruendo de siete disparos rompió la armonía. El blanco del ataque era Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde del municipio. Fue trasladado al hospital, pero murió poco después.

El asesino fue abatido en el lugar por elementos de seguridad, pero el daño —tanto político como social— ya estaba hecho. Además del edil, resultaron heridos un regidor y un agente de seguridad.

Michoacán: tierra fértil para el crimen organizado

La tragedia no fue inesperada. Michoacán es una de las entidades más violentas del país. La presencia de al menos una docena de cárteles y grupos armados convierte al estado en un campo de batalla constante, donde los gobiernos municipales son uno de los blancos más vulnerables.

Según datos del Informe de Violencia Política en México elaborado por la consultora Etellekt, más de 100 funcionarios públicos municipales han sido asesinados entre 2021 y 2025, muchos durante el ejercicio de sus funciones. El crimen se ha convertido en una herramienta para debilitar o controlar las estructuras de gobierno local.

Lo que diferencia la muerte de Manzo Rodríguez es su perfil público y la exposición de sus denuncias contra el poder estatal.

Un alcalde incómodo: denuncias, redes sociales y exigencias a Sheinbaum

Carlos Manzo no era un político convencional. Había llegado al poder como independiente tras romper con Morena, el partido gobernante a nivel federal y estatal. En redes sociales se ganó el apodo de “el Bukele mexicano” por sus propuestas de mano dura contra la delincuencia y una imagen enérgica.

En más de una ocasión denunció en redes sociales la complicidad del gobierno estatal —liderado por Alfredo Ramírez Bedolla— con grupos criminales. Incluso hizo llamados públicos a la presidenta Claudia Sheinbaum para intervenir en Michoacán ante la incapacidad de las fuerzas locales de contener la violencia.

Su estrategia le ganó enemigos. Desde mayo había recibido seguridad adicional por parte de la Guardia Nacional, pero ni eso fue suficiente. El arma utilizada en su asesinato había sido usada previamente en enfrentamientos entre cárteles, según reveló el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

La rabia de un pueblo y el funeral con tintes de protesta

Al día siguiente, la ciudad despidió a su alcalde con una procesión multitudinaria, tamizada de dolor y protesta. Vestidos de negro, cientos de ciudadanos marcharon por las calles bajo el grito de “¡Justicia! ¡Justicia! ¡Fuera Morena!”. Al frente, un caballo negro con uno de los sombreros típicos del difunto alcalde avanzaba al ritmo de los mariachis.

La escena era simbólica: un líder popular, asesinado frente a su pueblo, en una fecha sagrada, al ritmo de la música tradicional que celebra la vida y la muerte. Fue un funeral y también un grito político.

La sombra de otros crímenes: una constante impunidad

El asesinato de Manzo no es un caso aislado. En junio de 2025, también fue asesinado Salvador Bastidas, alcalde de Tacámbaro, Michoacán. Y en octubre de 2024, el periodista Mauricio Cruz Solís fue ejecutado después de entrevistar precisamente a Manzo.

Estos crímenes evidencian la falta de respuesta eficaz del Estado mexicano. La mayoría de los autores intelectuales o materiales de estos homicidios siguen libres. Las investigaciones, cuando existen, avanzan con lentitud. Mientras tanto, los cárteles siguen imponiendo su ley en buena parte del estado.

Política en tiempos de narco: ¿Quién gobierna realmente?

Este nuevo episodio reabre el debate sobre el control real que tienen las autoridades civiles en municipios golpeados por el narco. De acuerdo con el INEGI, aproximadamente el 35% de los municipios mexicanos han solicitado apoyo militar en los últimos tres años.

La fragilidad institucional no es nueva. Muchos alcaldes y regidores viven bajo amenazas o incluso tienen que despachar desde otros estados por seguridad. Hay lugares como Aguililla —también en Michoacán— donde simplemente nadie quiere postularse a un cargo público por miedo.

Es quizá la evidencia más clara del colapso del Estado de derecho en algunas regiones, donde la política se hace entre balas y sobornos.

Elecciones y violencia: una dupla mortal

El año 2024 fue uno de los más sangrientos en cuanto a violencia electoral. Más de 36 candidatos fueron asesinados durante el proceso, muchos de ellos en estados como Guerrero, Zacatecas y Michoacán. Aunque la narrativa oficial sostiene que los cárteles buscan solo negocios, cada vez es más claro que quieren también el poder político.

Controlar a un alcalde es tan valioso como controlar una plaza de droga. Les permite decidir licitaciones de obras, controlar las fuerzas policiales municipales y manipular los padrones sociales. En ese contexto, la muerte de Carlos Manzo se convierte en una advertencia contundente para quienes intenten gobernar sin pactar.

¿Y ahora qué? El dilema de la seguridad en manos civiles

Críticos de la estrategia de seguridad del gobierno federal señalan que el enfoque de “abrazos, no balazos” quedó rebasado ante la ferocidad de los grupos criminales y la corrupción institucionalizada. Incluso figuras como García Harfuch —responsable de la seguridad federal— han tenido que reconocer que Michoacán es tierra sin ley.

¿Es momento de federalizar completamente la seguridad pública en estos municipios? Algunos analistas lo piden, pero eso implica riesgos. La militarización ha traído alivio en algunos contextos, pero también ha generado violaciones a derechos humanos y una dependencia de soluciones parches sin atacar las causas estructurales.

El legado de Manzo y el miedo que deja su muerte

Carlos Manzo Rodríguez no será olvidado fácilmente. Representaba una esperanza (aunque imperfecta) de revertir la sumisión de los pueblos del occidente mexicano ante el narco. Su asesinato, grabado en video y viralizado en redes, es una pieza más de un rompecabezas sangriento que exige respuestas.

Mientras tanto, los habitantes de Uruapan siguen caminando sobre un territorio en disputa, con miedo al estallido de la próxima balacera, y con el recuerdo de un alcalde que, al menos, intentó enfrentarse al monstruo.

Los analistas más críticos —y muchas víctimas— ya no se preguntan si el crimen organizado controla la política en partes de México. La única duda es cuánto tiempo más la sociedad y el gobierno federal permitirán esta normalización del terror.