¿Doble rasero en la Corte Suprema? Trump, Biden y la doctrina de las grandes cuestiones

¿La Corte Suprema aplica la misma vara para todos los presidentes?

La Corte Suprema de Estados Unidos está a punto de decidir si el expresidente Donald Trump actuó dentro de su autoridad al imponer aranceles agresivos bajo una ley de emergencia. Pero el caso no es simplemente sobre política comercial: en juego está la coherencia institucional del máximo tribunal y la aplicación de la llamada doctrina de las grandes cuestiones.

Esta doctrina, abrazada recientemente por la mayoría conservadora de la Corte, ha servido para limitar decisiones de gran impacto tomadas por el presidente Joe Biden. ¿Se aplicará ese mismo escrutinio riguroso a las decisiones de Trump, un presidente republicano que nombró a tres de los actuales jueces?

¿Qué son los aranceles de Trump?

Durante su presidencia, Donald Trump impuso aranceles controvertidos utilizando la International Emergency Economic Powers Act o IEEPA, una ley de 1977 diseñada para otorgar discrecionalidad al Ejecutivo en tiempos de crisis internacionales. Argumentó que los déficits comerciales persistentes y la epidemia de fentanilo creaban una amenaza para la seguridad nacional.

Con esta justificación, Trump aplicó dos rondas de aranceles que, según sus críticos, rompían con el uso histórico de la ley. Ningún presidente había empleado la IEEPA para imponer aranceles desde su creación.

¿Qué dice la ley realmente?

La IEEPA permite al presidente regular la importación de “cualquier propiedad en la que una nación extranjera tenga interés” tras declarar una emergencia, pero no menciona específicamente aranceles, impuestos o derechos.

La administración Trump argumenta que el lenguaje de la ley es suficiente y que la ausencia de “palabras mágicas” explícitas sobre aranceles no debería invalidar su aplicación.

La doctrina de las grandes cuestiones: la amenaza velada

Esta doctrina sostiene que cuando una acción presidencial implica un efecto económico o político alto, sólo puede justificarse si el Congreso ha autorizado explícitamente ese poder. En pocas palabras: cuanto mayor el impacto, mayor la necesidad de claridad legislativa.

Fue esta doctrina la que la Corte Suprema utilizó para bloquear varias políticas de Biden:

• Suspensión de desalojos: bloqueada porque los CDC no tenían autorización clara del Congreso.
• Mandato de vacunación para grandes negocios: anulado por falta de respaldo legislativo directo.
• Perdón masivo de deuda estudiantil: rechazado por los mismos motivos.

Ahora, los opositores a los aranceles de Trump —incluyendo empresas como Learning Resources Inc. y otros pequeños negocios— están usando los argumentos de los propios jueces conservadores para frenar las medidas del expresidente.

Llamado estratégico a los jueces conservadores

Los demandantes apelan directamente a los escritos pasados de los magistrados Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh. Citando a Gorsuch, advierten que sin límites claros, la legislación corre el riesgo de reducirse "a la voluntad del presidente del momento".

Barrett, por su parte, sostuvo en el caso de la deuda estudiantil que Biden reclamaba un poder de gran magnitud sin un mandato legislativo claro. Los opositores a los aranceles argumentan que Trump hizo lo mismo con la IEEPA.

Incluso citan una disidencia de Kavanaugh en un caso sobre restricciones durante la pandemia, donde advirtió sobre los peligros de aceptar fácilmente declaraciones de emergencia presidencial.

La otra cara del argumento: ¿Aranceles como política exterior?

Sin embargo, los defensores de Trump dentro y fuera de la Corte argumentan que la doctrina de las grandes cuestiones no aplica en este caso, porque trata sobre política exterior y seguridad nacional —ámbitos donde históricamente el presidente tiene un margen más amplio de acción.

El juez Richard Taranto del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal escribió en su disidencia que limitar el uso de la IEEPA sería “particularmente inadecuado” en un contexto de emergencia. Esta flexibilidad es esencial para una reacción rápida en crisis, dijo.

El argumento encuentra eco en Kavanaugh, quien en junio de este año reafirmó que en asuntos internacionales y de seguridad, el Congreso suele dar amplia discreción al presidente.

Un precedente poderoso: la crisis iraní de 1979

Cuando el presidente Jimmy Carter usó la IEEPA durante la crisis de los rehenes en Irán, la Corte Suprema respaldó su uso en 1981 en un fallo escrito por el entonces juez William Rehnquist. En un giro interesante, uno de sus asistentes ese año fue nada menos que el actual presidente del tribunal, John Roberts.

Este precedente es clave, pues refuerza la idea de que la ley fue escrita para permitir maniobras ejecutivas amplias en situaciones tensas.

¿Coherencia o conveniencia?

El corazón del debate es si la Corte Suprema actuará con coherencia ideológica o si el criterio se ajustará según el presidente en cuestión. Sería altamente controversial que una doctrina tan potente sea aplicada para contener a Biden pero no a Trump.

Como advirtió el fallo de apelaciones, el impacto económico de los aranceles de Trump supera por mucho los programas anulados de Biden. Ignorar esa magnitud sería aplicar un doble rasero muy notorio.

¿Y ahora qué?

La audiencia ante la Corte está programada, y se espera una decisión en los próximos meses. Mientras tanto, expertos constitucionales y sectores económicos observan atentos. El fallo podría redefinir los límites del presidencialismo estadounidense para las próximas décadas.

Lo claro es que la doctrina de las grandes cuestiones ha llegado para quedarse, pero aún está en gestación su marco de aplicación. ¿Será uniforme y predecible, o selectiva y oportunista? La respuesta bien podría determinar el balance entre el Congreso y la Casa Blanca en el siglo XXI.

Fuentes: SCOTUSblog, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, Congressional Research Service