¿Resistencia o delito menor? La historia del hombre que lanzó un sándwich a un agente federal
El caso de Sean Dunn desata un debate en Washington D.C. sobre la criminalización de la protesta política en la era Trump
Un sándwich, un agente federal y una ciudad en tensión
En pleno verano de 2020, cuando la tensión social en Estados Unidos se encontraba al rojo vivo, un acto aparentemente trivial se convirtió en símbolo de protesta política: Sean Charles Dunn, un funcionario del Departamento de Justicia, lanzó un sándwich tipo Subway contra un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante una protesta en Washington D.C. Lo que sucedió después encendió aún más las llamas de un debate que mezcla libertad de expresión, represión gubernamental y justicia selectiva.
La escena del incidente fue grabada y rápidamente se viralizó en redes sociales. En el video se observa a Dunn gritándole a los agentes “¡fascistas!” y “¡racistas!” mientras les lanza un emparedado antes de ser detenido. Para algunos fue una expresión indignada contra el autoritarismo; para otros, un ataque ilegal a un oficial federal.
Un arresto digno de una película de acción
Poco después del incidente, Dunn fue arrestado y liberado, pero días más tarde, en una operación llena de simbolismo político, un equipo de agentes federales fuertemente armados y con equipo antidisturbios allanó su casa para arrestarlo nuevamente. La Casa Blanca publicó un vídeo del operativo en sus redes sociales oficiales, lo que sus abogados calificaron como una grotesca “pieza de propaganda”.
El espectáculo apuntaba a hacer de Dunn un ejemplo en la campaña de “mano dura” del entonces presidente Donald Trump. Dunn, hasta ese momento un especialista en asuntos internacionales del Departamento de Justicia, fue despedido públicamente por la fiscal general Pam Bondi, quien usó su caso para referirse a los supuestos miembros del “Deep State”.
¿Justicia o persecución selectiva?
El caso pronto se convirtió en una cuestión no solo legal, sino política. Los abogados defensores argumentaron ante el juez que se trataba de un caso de persecución selectiva, motivado por las opiniones políticas de Dunn. Como ejemplo, señalaron que muchos participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 —acusados de delitos similares y peores— fueron liberados o perdonados por el mismo Trump.
“Es una respuesta obvia: tienen políticas diferentes. Y eso es una persecución selectiva”, afirmó la abogada Julia Gatto durante una audiencia.
En contraste, los fiscales aseguraron que el video probaba un acto de agresión directa contra un agente federal, y que no se trataba de su ideología política sino de su comportamiento ilegal. Dunn fue acusado de interferir, resistirse y agredir a un oficial, aunque finalmente enfrentó solo cargos menores, ya que un gran jurado se negó a acusarlo por un delito grave.
Las políticas de Trump y el control federal en la capital
Este incidente sucedió en el contexto de un Washington D.C. militarizado: Trump había ordenado el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de agentes federales en plena efervescencia de protestas tras el asesinato de George Floyd. Muchos habitantes de la capital lo vieron como una ocupación hostil.
En una ciudad que históricamente ha reclamado más autonomía frente al poder federal, casos como el de Dunn despertaron reacciones encontradas. Por un lado, representaba para muchos un acto simbólico de resistencia; para otros, era la prueba de que ciertas manifestaciones cruzan la línea de lo permitido por la ley.
El juicio: una decisión más simbólica que penal
El juez Carl Nichols, nominado por Trump para la Corte del Distrito de Columbia, reconoció desde el inicio lo inusual del caso. Antes de iniciar el juicio, anticipó que el proceso no duraría más de dos días “porque es el caso más simple del mundo”.
Pese a esa aparente sencillez, el caso adquirió una importancia mayor. Muralistas simpatizantes de Dunn pintaron su figura en paredes de la ciudad como símbolo de resistencia civil. La imagen del “lanzador de sándwiches” se convirtió en ícono político en un momento en que incluso los gestos más pequeños podían ser considerados actos de insurrección o testimonios de desesperación.
En contraste, el gobierno de Trump defendía su política de “ley y orden” bajo un prisma donde cualquier acto contra un agente u oficial era considerado una amenaza al Estado, sin importar su magnitud.
Legalidad, moralidad y disidencia: un debate sin resolver
Este caso plantea una pregunta importante: ¿Hasta qué punto se puede limitar o criminalizar la protesta política? En muchas democracias, los actos simbólicos, incluso si rayan en la irreverencia o incumplen normas menores, se han considerado parte del derecho a la libre expresión.
En 1965, por ejemplo, John Tinker y otros estudiantes fueron suspendidos por usar brazaletes negros contra la guerra de Vietnam, pero la Corte Suprema finalmente falló a su favor, considerando que sus actos eran expresión protegida por la Primera Enmienda. ¿Arrojar un sándwich en señal de rechazo a lo que se considera una ocupación militar califica como expresión legítima o es un ataque inaceptable?
Dunn no representa solo a un individuo con una opinión política; su caso revela una grieta en la interpretación legal moderna: cuando las causas son políticas, los castigos también lo son. Tal como mencionan sus abogados, si la ley se aplica con distintos estándares —una para quienes desafían al poder y otra para quienes lo respaldan—, entonces no se trata de justicia, sino de venganza política.
Un precedente para futuras protestas
Sean Dunn fue convertido en emblema involuntario. Lo que para él pudo haber sido un arrebato de indignación —arrojar un sándwich en plena protesta— se volvió motivo de despido inmediato, arrestos múltiples y exposición pública. Pero también generó una conversación sobre determinación política, libertad ciudadana y cómo los gobiernos enfrentan la disidencia en tiempos de crisis.
Aunque al final las penas legales puedan ser mínimas, las implicancias históricas y sociales de este juicio están lejos de ser insignificantes. Washington D.C., una ciudad por naturaleza cercana a los vaivenes del poder federal, sigue siendo también un termómetro del descontento colectivo. Y a veces, ese termómetro marca su punto de ebullición entre el aroma de un pan recién tostado y el peso simbólico de un sandwich volando por el aire.
“¿Por qué están aquí? ¡No los quiero en mi ciudad!”, gritó Dunn esa noche. Quizás esa sea la frase que resuma el sentir de muchos ciudadanos en la capital: la pelea por recuperar su espacio público, su democracia y su voz en tiempos de imposición.
