¿Discriminación en nombre de la legalidad? El polémico veto laboral de la Universidad de California a estudiantes indocumentados

El veto laboral de UC: ¿una medida legal o una injusticia?

Una de las recientes controversias que sacude al sistema de universidades públicas de Estados Unidos gira en torno a una política migratoria y laboral: la negativa de la Universidad de California (UC) a permitir que estudiantes indocumentados trabajen en sus campus.

En 2024, este asunto escaló hasta convertirse en un caso judicial que puso en jaque la legalidad de dicha política y levantó un debate profundo sobre los derechos civiles, el acceso a la educación e igualdad de oportunidades en un país con casi 11 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos jóvenes criados en EE.UU., a quienes se conoce como Dreamers.

¿Qué decidió la Corte de California?

La Corte Suprema de California decidió recientemente no revisar una sentencia previa que calificó como discriminatoria la política actual de UC. Esta decisión dejó intacta la orden ya emitida por una corte de apelaciones que impone a la Universidad revisar sus criterios legales para negar empleo a estos estudiantes.

Según los jueces del Tribunal de Apelación del Primer Distrito en agosto pasado, la UC no presentó evidencia suficiente que justificara su política de contratación restrictiva. Si bien la corte no anuló de inmediato la regla, exigió que la universidad replantee el caso usando criterios legales adecuados.

Radiografía del caso

La demanda fue impulsada por estudiantes indocumentados y exprofesores como Iliana Pérez, quien aseguró que el veto vulnera los derechos de jóvenes que han sido parte activa y productiva de la comunidad educativa. Pérez declaró al Los Angeles Times:

“La decisión de la Corte Suprema de California no solo reafirma que discriminar a inmigrantes indocumentados debe dejar de tolerarse, sino que también da a UC la claridad para abrir finalmente oportunidades que cambiarán la vida de miles de estudiantes”.

Esas "oportunidades que cambian la vida" se relacionan con empleos en bibliotecas, departamentos administrativos, laboratorios y programas de investigación que, en muchos casos, son claves para costearse la universidad.

El doble estándar de la UC

Este sistema universitario ha sido históricamente visto como progresista, promotor de la diversidad y defensor de los derechos de inmigrantes. De hecho, UC ha presionado contra las políticas federales antiinmigrantes, incluyendo el intento de cancelar el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) bajo la administración Trump.

Sin embargo, activistas y estudiantes denuncian un doble discurso: mientras UC reclama por los derechos de estos jóvenes en público, les niega empleos dentro de sus propias aulas, alegando el riesgo que implican potenciales sanciones federales.

Rachel Zaentz, portavoz del sistema UC, declaró que el fallo presenta “serios riesgos legales” para la universidad y otros empleadores públicos en California. Y es que UC recibe miles de millones de dólares en fondos federales anualmente. Temen que abrir las puertas laborales a jóvenes sin papeles ponga en juego esos contratos.

El impacto en miles de estudiantes

California alberga a más de 183,000 estudiantes indocumentados, muchos de los cuales asisten a universidades públicas como UC y CSU (California State University), según cifras de EdSource. Estos estudiantes suelen cursar carreras de alta demanda como medicina, derecho, educación o ingeniería.

A nivel estatal, los indocumentados pueden acceder a financiamiento a través de becas del estado de California y recibir matrícula especial a través del programa AB-540, pero no son elegibles para ayuda federal como becas Pell o préstamos estudiantiles. Eso significa que, en muchos casos, trabajar durante sus estudios no es una opción, sino una necesidad.

Al negarles esa oportunidad, se fuerza a muchos a buscar empleos en la economía informal, con bajos salarios y riesgo de explotación, lo que perpetúa su vulnerabilidad.

¿Puede UC contratar estudiantes indocumentados sin violar la ley federal?

Este es el corazón del debate legal. En términos federales, la ley de inmigración —específicamente la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) de 1986— prohíbe a los empleadores contratar a personas que no estén autorizadas legalmente para trabajar en EE.UU.

No obstante, los demandantes argumentan que, como universidad pública del estado de California, UC no necesariamente está limitada por el mismo alcance que un empleador federal privado, especialmente cuando se trata de dar prácticas laborales o apoyo educativo dentro del campus.

Según el fallo de apelaciones, UC nunca demostró que la ley federal le impidiera tajantemente contratar a estos estudiantes en ciertos roles. Por ejemplo, existen antecedentes de universidades en otros estados (como Illinois o Nueva York) que han encontrado resquicios legales para incluir a estudiantes DACA y otros sin autorización federal en empleos relacionados con la docencia asistida o investigación.

El contexto nacional: otras aerolíneas y la incertidumbre económica

Este fallo no ocurre en el vacío. Otras industrias —incluyendo las aerolíneas como Southwest y American Airlines— han anunciado este año ajustes masivos de personal debido a incertidumbre económica y disminución en la demanda.

American anunció recientemente que reducirá su personal corporativo para “optimizar su desempeño”, mientras Lufthansa se prepara para recortar 4,000 puestos de trabajo para 2030. Es decir, las oportunidades son cada vez más limitadas, incluso para quienes tienen autorización laboral.

En ese escenario, abrir las puertas del empleo on-campus puede hacer una diferencia fundamental para estudiantes indocumentados que necesitan experiencia laboral y un ingreso mínimo para mantenerse en sus carreras.

Implicaciones más allá de UC

El fallo judicial no solo afecta a la Universidad de California. Puede sentar un precedente para otras universidades estatales en todo Estados Unidos, especialmente en estados donde las legislaturas apoyan los derechos de los estudiantes indocumentados.

Además, plantea una pregunta crucial: ¿están cumpliendo las universidades su rol social de inclusión y equidad si replican las exclusiones del sistema migratorio?

Lo que sigue: un test de voluntad política

Ahora, UC tiene dos caminos: reconsiderar su política bajo los parámetros dictados por la corte y abrir las puertas del empleo para estos estudiantes, o intentar mantener sus restricciones alegando el riesgo legal para sus fondos federales.

Los defensores de la causa, como Iliana Pérez y múltiples organizaciones estudiantiles, esperan que el sistema universitario use esta coyuntura como un catalizador para el cambio.

El estado de California —cuna de movimientos sociales históricos y líder en políticas progresistas— podría marcar la diferencia si sus instituciones académicas públicas eligen el camino de la inclusión concreta. No basta con proclamarse defensor de los derechos migrantes: hay que ponerlo en práctica desde adentro.

¿Podrán estas decisiones legales impulsar un acceso real a la autonomía económica para miles de estudiantes indocumentados? El futuro de muchos jóvenes latinos, asiáticos y africanos en California puede depender de la respuesta a esa pregunta.