Desgobierno en Washington: El costo humano y político del cierre gubernamental más largo de la historia

El martes marcó un momento crítico en la política estadounidense: el cierre del gobierno federal alcanzó su día número 35, convirtiéndose en el más prolongado en la historia moderna del país. Lo que comenzó como una lucha política se ha transformado en una crisis humanitaria y económica que impacta no solo a miles de empleados federales, sino a millones de ciudadanos que dependen de programas clave como SNAP, subsidios de salud y servicios esenciales.

Un Estado en pausa: vuelos detenidos, familias hambrientas y empleados sin salario

Este prolongado impasse legislativo está dejando efectos visibles y devastadores en múltiples frentes. Por ejemplo:

• Más de 800,000 empleados federales están trabajando sin paga o han sido suspendidos.
• Programas federales de alimentos como SNAP enfrentan restricciones sin precedentes.
• Vuelos han sido cancelados o retrasados, elevando los tiempos de espera en aeropuertos y aumentando el riesgo de errores de seguridad aérea.
• El sector de contratistas federales, incluyendo pequeñas empresas e instituciones académicas, ha detenido proyectos por falta de fondos.

"Enough is enough", proclamó el líder de la mayoría del Senado, John Thune, en un intento desesperado por retomar el control del proceso político.

Una grieta ideológica: salud, fronteras y el poder de los demócratas

En el núcleo de esta disputa está el desacuerdo sobre la financiación de los subsidios del Affordable Care Act (Obamacare), un tema que ha encendido pasiones a cada lado del espectro político. Mientras republicanos insisten que este gasto debe controlarse, los demócratas, liderados por Chuck Schumer, exigen la renovación de los subsidios como parte esencial de cualquier acuerdo.

Schumer fue claro: "Bajar el costo del seguro de salud es sentido común".

Lo irónico es que, a pesar de controlar tanto la Cámara como el Senado, los republicanos están profundamente divididos. El presidente Trump, que en su primer mandato protagonizó otro cierre de gobierno en 2018-2019, ha adoptado un papel secundario esta vez, aunque no sin lanzar amenazas desde las redes sociales, advirtiendo que suspenderá los beneficios de SNAP si los demócratas no ceden.

El juego detrás del telón: los senadores centristas toman el mando

El progreso real hacia una solución parece surgir desde el centro político. Una coalición bipartidista en el Senado, liderada por nombres como Susan Collins (Republicana de Maine), Mike Rounds (Republicano de Dakota del Sur), Jeanne Shaheen (Demócrata de New Hampshire) y Chris Coons (Demócrata de Delaware), ha entablado discusiones para restablecer el proceso presupuestario normal y garantizar financiamiento para programas fundamentales.

"El ritmo de las conversaciones ha incrementado", relata el Senador Gary Peters (Demócrata de Míchigan), que también participa activamente en las negociaciones.

Entre las propuestas que ganan tracción está un paquete de tres proyectos de ley que financien agricultura, infraestructura militar y programas sanitarios.

La trampa del filibuster y la estrategia del "todo o nada"

Los republicanos han intentado múltiples veces avanzar propuestas mediante el proceso legislativo, pero el filibuster —una regla del Senado que requiere 60 votos para avanzar legislación— ha dificultado cualquier movida unilateral. Trump, una vez más, ha solicitado su eliminación: "¡Destruyan el filibuster!", exigió en redes.

Pero ni siquiera los senadores de su propio partido aceptan esa demanda. Thune reconoció que se necesitará una medida temporal, probablemente para cubrir operaciones gubernamentales hasta enero del próximo año, evitando así el colapso durante la temporada navideña.

La Administración Trump: ausente pero presente

Aunque el presidente ha brillado por su ausencia directa de las negociaciones, su influencia sigue siendo manifiesta. Su amenaza pública de suspender beneficios de alimentos afecta a más de 42 millones de estadounidenses que dependen de SNAP.

Además, su constante presión sobre temas paralelos —como la inmigración— ha complicado aún más el ambiente político. Esta postura radical, incluso frente a decisiones judiciales, ha despertado críticas incluso desde sectores conservadores.

El factor salud: una bomba de tiempo electoral

Con la expiración inminente de los subsidios al seguro médico, millones de estadounidenses podrían quedar sin cobertura, justo en medio del proceso de inscripción anual. El impacto político de este hecho no es menor. Según cifras de la Kaiser Family Foundation, en 2023, más de 13 millones de personas accedieron a cobertura asequible gracias a estos subsidios.

"Trump es un matón de escuela", escribió Bernie Sanders en un editorial. “Ceder ante él solo perpetuará su autoritarismo”.

El efecto dominó: estados y municipios al borde del colapso

Más allá del Congreso, los gobiernos estatales y locales comienzan a sentir la presión. Desde alcaldías incapaces de recibir fondos federales hasta cortes cerradas y permisos paralizados, el país entero se encuentra en pausa. Incluso el transporte aéreo se ha visto afectado, con múltiples aeropuertos reportando demoras superiores a las tres horas. En Washington D.C., un vuelo fue desviado por presuntas amenazas de bomba justo en plena crisis presupuestaria.

¿Una solución a la vista?

A pesar del pesimismo generalizado, algunos analistas señalan que el costo político del cierre está alcanzando un punto de quiebre. Las elecciones estatales recientes en Virginia y Nueva Jersey han mostrado patrones preocupantes para los republicanos, que podrían perder el control del Congreso si la situación continúa.

Los laboratorios de ideas (think tanks) conservadores como Heritage Foundation y Cato Institute han publicado artículos que urgen encontrar una salida estratégica que asegure beneficios políticos sin afectar el bienestar ciudadano.

En paralelo, sindicatos federales como AFGE han multiplicado sus protestas: “¡Somos esenciales, no invisibles!” rezan sus pancartas frente al Capitolio.

¿Cierre como estrategia o signo de decadencia?

Muchos expertos se preguntan si estas tácticas reflejan una estrategia deliberada o signos de profunda disfuncionalidad institucional. Desde 1976, ha habido 22 cierres de gobierno en los EE. UU., pero solo dos superiores a tres semanas: el de 1995-96 (21 días, durante el mandato de Clinton) y el de 2018-19 (34 días, de la era Trump).

Ahora, este nuevo episodio supera cualquier precedente, tanto en duración como en impacto social.

Una democracia puesta a prueba

Estamos ante una crisis que pone a prueba los cimientos del sistema democrático estadounidense. Cuando los mecanismos de negociación fallan y las decisiones se convierten en rehén del chantaje político, es la ciudadanía quien paga el precio más alto.

"No se trata de política, se trata de vidas humanas", afirmaba hace unos días una trabajadora federal frente a las cámaras de CNN, mientras su refrigerador vacío simbolizaba el estado actual del país.

El reloj sigue corriendo, y con él, la desesperanza. ¿Habrá voluntad política para cambiar de rumbo? ¿Despertará la presión ciudadana a los líderes en el Capitolio? La historia está en desarrollo.